(29 de octubre, 2014).- La Unión Europa y la Casa Blanca se han declarado preocupados por la desaparición y posible matanza de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa el pasado 26 y 27 de septiembre. Tal cuestionamiento pone contra las cuerdas al gobierno federal que logró la captura de cuatro integrantes del cártel de los Guerreros Unidos quienes confesaron que tiraron cadáveres en las inmediaciones del basurero de Cocula donde elementos de la Marina, del Ejército, policías federales, y peritos de la Procuraduría General de la República (PGR), realizaron el levantamiento de varios restos óseos, aún no se sabe si pertenecen a los normalistas.
A esto se añade, que en Chilpancingo integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG) tomaron el edificio Juan Álvarez, en donde se encuentran las oficinas de la subsecretaría de Finanzas, Registro Civil, y el Consejo Estatal de Seguridad Pública, exigen al presidente de la República Enrique Peña Nieto, celeridad en el asunto. En tanto, en Tlapa y Huamuxtitlán hubo bloqueos intermitentes en las salidas y entradas de las carreteras. En Tecoanapa 800 personas marcharon en apoyo de los normalistas. Las muestras de repudio por la desaparición de los jóvenes se dieron en todo el país desde el Distrito Federal hasta San Cristóbal de la Casas en el estado de Chiapas.
La tragedia desnuda a todos los partidos políticos y los ha llevado a tratar de desviar los reflectores, el Revolucionario Institucional (PRI), y de la Revolución Democrática (PRD) intentan involucrar a Andrés Manuel López Obrador con el edil prófugo de Iguala José Luis Abarca Velázquez, ambos aparecen juntos en una foto. Óscar Díaz Bello, actual diputado local, advirtió al tabasqueño que María de los Ángeles Pineda Villa, esposa de Abarca Velázquez tenía vínculos con el crimen organizado, se ignora su paradero.
Sin embargo, los priístas quieren hacer creer a la opinión pública que no tienen nada que ver, cuando ellos son responsables del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), de la PGR donde se maneja a discrecionalidad la información. Al parecer de nada sirve que la secretaria de Gobernación cuente con mapas de riesgo de cada uno de los municipios del país. De manera paralela Acción Nacional (PAN) saca provecho de la situación y se suma al linchamiento en contra de López Obrador, pero a los panistas se les olvida que aportaron el 10 por ciento de los votos para que Ángel Aguirre llegara a la gubernatura.
Mientras, los perredistas se encuentran desesperados, aseguran que la responsabilidad de haber postulado al edil prófugo de Iguala no es exclusiva del PRD, sino también del Movimiento Ciudadano, y del Partido del Trabajo (PT) ya que fue un candidato en coalición. Ahora bien, el responsable de la designación de que este personaje se convirtiera en candidato, fue Lázaro Mazón precandidato a la gobernatura del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y secretario de Salud en el Gobierno de Ángel Aguirre.
Al ex candidato presidencial lo sientan en el banquillo de los acusados, que es su lugar favorito y le ponen en bandeja de plata a la prensa nacional. López Obrador aseguró que su propuesta de que renuncie Peña Nieto a la presidencia de la República puso nerviosos a los de la mafia en el poder y por eso los ataques en su contra. Él se declara inocente y niega todas las acusaciones, afirma que la culpa es del Sol Azteca.
El panorama deja en claro que los partidos políticos no están en capacidad de ofrecer garantías sobre la honorabilidad de los candidatos que proponen a la ciudadanía. ¿Cuántos ediles que se encuentran en funciones trabajan a las órdenes del crimen organizado? En este contexto, los ciudadanos tendrán que convertirse en detectives en el proceso electoral del 2015, para detectar si al votar lo hacen por un político o un narcotraficante.
