La presidenta Claudia Sheinbaum lanzó un mensaje directo a Ricardo Salinas Pliego tras la resolución de la Suprema Corte que mantuvo vigentes las sentencias emitidas por tribunales a lo largo de diecisiete años: “si paga, accede a los beneficios que establece la ley; si no paga, se inician los procedimientos jurídicos correspondientes”. Recalcó que el cálculo definitivo del adeudo lo hará el SAT y que “todo se realizará conforme al marco legal”.
Durante la Conferencia del Pueblo, la mandataria subrayó que la decisión de la Corte no responde a criterios políticos ni a instrucciones del Ejecutivo. Recordó que el expediente atravesó tribunales antes incluso antes del 2018, y en todos los casos los fallos coincidieron en que no procedían los reclamos del grupo empresarial. En ese sentido, enfatizó que la resolución actual simplemente dejó “firmes las sentencias de los tribunales colegiados de circuito”.
Al ser cuestionada sobre el prolongado congelamiento de estos casos en administraciones anteriores, Sheinbaum afirmó que “el influyentismo” formaba parte de la operación del antiguo Poder Judicial. Sin embargo, descartó impulsar sanciones para exministros y señaló que el objetivo central es consolidar el nuevo sistema judicial, integrado ahora mediante voto popular, con criterios de igualdad ante la ley y sin privilegios.
Sobre el impacto que tendría el pago de la deuda para las finanzas públicas, la presidenta reiteró que cualquier estimación dependerá del SAT, pues el Código Fiscal establece reducciones o incrementos dependiendo del cumplimiento del contribuyente. Destacó que mientras más tiempo se tarda en cubrir un adeudo, más crecen las multas, lo que explica la variación del monto con el paso de los años.
En caso de negativa de pago, Sheinbaum reconoció que puede existir la vía del concurso mercantil, pero aclaró que se trata de un proceso extenso y no inmediato. Subrayó que, aunque hipotéticamente cifras como “treinta mil millones” equivaldrían a presupuestos de obras federales completas —como los caminos artesanales o los programas sociales de Michoacán—, la cifra real será la que determine el SAT conforme a derecho.
La mandataria insistió en que el procedimiento será estricto, transparente y sin excepciones: “no hay autoritarismo, no hay consigna; es simplemente aplicar la ley”.
