(24 de abril, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- Decenas de entrevistas con funcionarios públicos, denuncias frecuentes, manifestaciones y otras gestiones, no han sido suficientes para lograr que ocho familias sean escuchadas por el gobierno federal a quien repetidamente han pedido la presentación con vida a sus familiares: siete elementos de la Policía Federal, y un civil, que desaparecieron el 16 de noviembre de 2009 en Zitácuaro, Michoacán, cuando se dirigían a una comisión al municipio de Ciudad Hidalgo.
Araceli Rodríguez Nava, es madre del agente federal desaparecido Luis Ángel León Rodríguez. Recuerda que su hijo, en compañía de sus compañeros, fue comisionado por las Fuerzas Federales de Control, con sede en Iztapalapa, a ocupar la secretaría del municipio de Ciudad Hidalgo, en Michoacán.
Juan Carlos Ruiz Valencia, otro elemento desaparecido, ocuparía el cargo de director en dicho municipio. A Ruiz Valencia le pidieron buscar seis personas de su confianza para que fungieran como sus escoltas. Así lo hizo y luego de recibir los oficios de la comisión a la que habían sido asignados, los siete policías dejaron la ciudad de México.
Tres días antes, el 13 de diciembre, Juan Carlos Ruiz se reunió con el entonces Coordinador de Fuerzas Federales, René Avilés, quien le ordenó partir a Michoacán únicamente con armas de cargo. El futuro director de Ciudad Hidalgo recordó a su superior que la zona a la que ingresarían era consideraba de alta peligrosidad, pero Avilés le indicó que los viáticos se los enviarían después, y que tendrían que presentarse el 17 de noviembre en el municipio michoacano.
Para “garantizar” su seguridad durante el viaje, los uniformados contrataron a Sergio Santoyo García para que manejara la camioneta tipo suburban color azul marino que los llevaría a su destino. El plan era que Sergio regresara el mismo 16 a la Ciudad de México, pero eso ya no sucedió.
Ninguna de las ocho familias supo de sus seres queridos durante por lo menos seis días. No fue sino hasta el 21 de noviembre que las fuerzas federales se enteraron de la desaparición de sus elementos, gracias a los mismos familiares que acudieron a la institución en búsqueda de información sobre los policías.
“El señor José Luis Ruiz Orozco, director de Normatividad y Apoyo a Operativos de la Policía Federal, cuando nos atendió, después de estar tres horas esperándolo -porque el señor estaba haciendo ejercicio en el gimnasio de la institución y no lo podían interrumpir- nos dijo que si queríamos saber el paradero de nuestros hijos fuéramos a Michoacán a buscarlos”, recuerda con lágrimas en los ojos Araceli Rodríguez.
Todos estos años Araceli se ha preguntado qué pasó con la coordinación entre las instituciones de seguridad, entonces bajo el mando de Genaro García Luna, pues ni el gobierno de Michoacán, ni el de Ciudad Hidalgo reportaron la ausencia de los elementos de la Policía Federal.
“Entre sábado y domingo no quisieron levantar la denuncia por su desaparición, (los mandos de la Policía Federal) nos hicieron esperar hasta el lunes 23 de noviembre para que ellos nos llevaran en un camión turístico, nos indicaron que si nos paraban en la carretera –rumbo a Michoacán–, no dijéramos que buscábamos a policías, no dijéramos que íbamos a levantar una denuncia por la desaparición de nuestros hijos; que dijéramos que íbamos a un viaje de placer, a visitar a las mariposas monarcas”, dice la madre de Luis Ángel.
En el camino, los uniformados también les pidieron esconder cualquier documento que pudiera relacionarlos con los elementos desaparecidos, pero no pudieron continuar el viaje porque les indicaron que el trayecto era muy peligroso, por lo que regresaron a la Agencia 30 Metropolitana en el Distrito Federal a levantar una denuncia que finalmente no pudo hacerse, sino hasta el siguiente día porque los abogados de la Policía Federal no llevaban los documentos requeridos.
“Ahí empezó el viacrucis, la desolación, la agonía del día a día de no saber nada de nuestros hijos. Hasta el día de hoy se ha marcado por irregularidades esta comisión”, sentencia Araceli.
Adeudo de impuestos, único motivo para investigar
Después de cinco años y cinco meses de la desaparición, lo único que los familiares han obtenido es impunidad y corrupción de parte de los funcionarios públicos que tienen la obligación de investigar, auditar, sancionar y fiscalizar los actos de los mandos de la Policía Federal que enviaron a los uniformados a una comisión sin los protocolos de seguridad correspondientes.
Aunque se abrieron procesos en la Procuraduría General de la República (PGR), en la Agencia 30 Metropolitana, en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), ante Asuntos Internos de la Policía Federal, ante la Secretaría de la Función Pública (SFP), la Inspectoría General de la Policía Federal y ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), no hay responsables en la cárcel, ni sentencias condenatorias.
Las autoridades federales han informado de la captura de más de 30 supuestos Caballeros Templarios y que algunos de ellos han declarado haber participado en el secuestro, desaparición y asesinato de los policías, pero los familiares no confían completamente en esa versión, dadas las inconsistencias del proceso de investigación.
Sin embargo, hubo una investigación que se llevó a cabo de forma muy diligente en mayo de 2013, que arrojó información respecto a que Luis Ángel León Rodríguez tenía tres años de no haber presentado su declaración patrimonial.
El Órgano interno de Control de la Policía Federal citó a comparecer al uniformado desaparecido, de quien ya se presumía su muerte, aunque en la corporación seguía apareciendo como elemento activo.
Jean Paul Aguilera Reynaud, entonces titular de dicho órgano, solicitó a la Secretaría de la Función Pública investigar al Sargento Primero Luis Ángel León Rodríguez por probables irregularidades al no haber presentado su declaración 2010. Todos los informes señalaban que León Rodríguez seguía como activo, pero en desacato institucional.
Aguilera Reynaud dio seguimiento a las investigaciones y se comprometió a informar de los avances del caso y sancionar a los miembros de la corporación que administrativamente tuvieran alguna responsabilidad; sin embargo, fue despedido de su puesto y el expediente volvió a quedar congelado.
Su sucesor, Juan Manuel Herrera Campos habló con los familiares de los policías desaparecidos pero fue tajante: les dijo que él no metería las manos al fuego por nadie y sugirió a Araceli ir ella misma a buscar a los responsables de la desaparición de su hijo y sus compañeros.
Araceli Rodríguez acudió al área de Asuntos Internos donde le dijeron que los delitos ya habían prescrito y que en el mejor de los casos, únicamente podrían ser sancionados dos mandos que continuaban activos si así lo consideraba pertinente el Consejo Federal.
La madre argumenta que el pasado mes de enero volvió a revisar el expediente del Órgano Interno de Control de la Policía Federal y encontró un documento en el que se advierte que en el municipio de Ciudad Hidalgo no hay indicios de que sus autoridades hayan solicitado la presencia de elementos de la Policía Federal.
Sin identidad
En diciembre de 2009, algunos medios de comunicación dieron cuenta del hallazgo de ocho cuerpos calcinados en un camión torton abandonado en las inmediaciones del municipio de San Juan del Río, Querétaro. En un primer momento se pensó que eran los restos de los policías federales desaparecidos.
La esposa de Pedro Alberto Vázquez Hernández, otro uniformado desaparecido, recibió una llamada de Odilón Gonzáles, Ministerio Público adscrito a la PGR de Toluca, en la que se le pedía recoger el cuerpo del uniformado, pues presuntamente había sido identificado a través de un análisis de ADN.
Pero una vez en el sitio, los familiares de Vázquez Hernández se negaron a retirar el cuerpo, pues les surgieron dudas sobre su correcta identificación. Posteriormente se determinaría que al menos cinco de los cuerpos encontrados pertenecían a civiles reportados como desaparecidos en otros hechos.
José Luis Ruiz, padre del agente Juan Carlos Ruiz Valencia sostiene que la mejor forma de honrar la memoria de los desaparecidos, es con la verdad.
Visiblemente cansado, pide que las autoridades les ayuden a esclarecer qué les pasó a sus seres queridos, a saber dónde están, pero lanza una singular solicitud: “que nos permitan hablar con los asesinos de nuestros hijos”.
Jonathan López Sánchez, hermano de Bernardo Israel López Sánchez es más enfático: “queremos hacerle saber a la autoridad que estamos en pie y que no vamos a permitir más corruptelas como las que nos han hecho. Para mí, el delincuente principal de este padecer que llevamos todos los familiares, es la propia institución, la Policía Federal, es directamente de PGR, puesto que los hechos señalan que violaron los protocolos para cualquier comisión”.
Desaparición de federales, caso paradigmático por obstáculos legales
Ángel Gabriel Cabrera Silva, abogado de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, organización que representa y acompaña a las familias de los siete policías y del civil desaparecido sostiene que el caso es paradigmático por todas las trabas y obstáculos, legales e institucionales, a las que se han enfrentado en su búsqueda de justicia.
“Hasta la fecha, la investigación en la PGR se sigue llevando simplemente por el delito de privación ilegal de la libertad…Se han desestimado todos los indicios acerca de la probable responsabilidad de servidores públicos. Tampoco se ha dado con el paradero de las víctimas; el paradero siquiera o el destino de estos siete policías y un civil desparecidos”, argumenta el litigante.
Cabrera informó que los expedientes se encuentran prácticamente congelados y que el hecho de que los familiares de los policías y el civil hayan tenido que tramitar un expediente de presunción de muerte es un acto de revictimización, pues los somete a un constante sufrimiento psicológico.
“El Comité de Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidos, ha reiterado que el Estado mexicano debe reconfigurar su entramado jurídico para librar este tipo de obstáculos y dotar de instituciones jurídicas necesarias para que se pueda hacer una declaración de ausencia por desaparición, para que se puedan evitar las trabas que se han impuesto estos familiares”, dice el abogado, sin que hasta el momento haya avances al respecto.
Puntos de acuerdo y exhortos = llamados a misa
Las diputadas Margarita Elena Tapia Fonllem y Loretta Ortiz presentaron el pasado 26 de marzo, un punto de acuerdo a través del cual hace un llamado, a por lo menos tres dependencias de orden federal y al gobernador de Michoacán, a investigar a fondo la desaparición de los siete agentes de la Policía Federal y un civil, ocurrida el 16 de noviembre de 2009, en las inmediaciones de Zitácuaro.
En el documento, Tapia pide a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), esclarecer las presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas en el caso de la desaparición de los uniformados.
A la titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Arely Gómez, se le solicita girar instrucciones para que se realicen acciones efectivas de búsqueda e investigación y que haga pública la información acerca de los avances en los procesos de investigación abiertos sobre los actos u omisiones que constituyan delitos de orden penal por parte de servidores públicos involucrados en los hechos.
En el punto de acuerdo se especifica que a Virgilio Andrade Martínez, flamante titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP) –y quien tiene el encargo de investigar su hubo conflicto de intereses en la compra de la famosa casa blanca de Peña Nieto y su familia- se le exhorta a realizar investigaciones e imponer sanciones administrativas por los presuntos actos de omisión de los servidores públicos involucrados, además de castigar las conductas que atenten contra el derecho de acceso a la verdad y justicia, que hayan generado una revictimización de los familiares de los elementos desaparecidos. Insta al funcionario a hacer pública la información que sobre el caso se haya generado.
En tanto que al gobernador de Michoacán, Salvador Jara, académico que asumiera la administración estatal tras la renuncia del priísta Fausto Vallejo, la diputada pide que gire instrucciones a efecto de que se establezcan responsabilidades penales, civiles y en su caso, administrativas, a los servidores que hayan incurrido en actos u omisiones contrarias a la ley.
La propuesta duerme el sueño de los justos en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, presidida por Heriberto Manuel Galindo Quiñones del PRI, y de la que Tapia es secretaria, pues sigue pendiente su discusión.
Los policías federales desaparecidos son: Luis Ángel León Rodríguez, Víctor Hugo López Lorenzo, Bernardo Israel López Sánchez, era Israel Ramos Usla, Juan Carlos Ruiz Valencia, Jaime Humberto Ugalde Villena y Pedro Alberto Vázquez Hernández, además del civil Sergio Santoyo García.
