Raúl Linares (enviado especial) / @jraullinares3_0
(04 de diciembre, 2014).- No sólo fueron los 43 normalistas de Ayotzinapa los que sufrieron el fuego de la policía municipal en Iguala, quienes además asesinaron a mansalva a seis personas esas noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre; a lo largo de por lo menos cinco años, la corporación desapareció, asesinó, secuestró y torturó a centenares de personas en dicho municipio guerrerense. Algunos apenas pierden el miedo para denunciar los hechos.
La tarde de ayer miércoles 3 de diciembre, alrededor de 300 familiares de desaparecidos en Iguala se manifestaron en las calles del centro de la ciudad, a modo de protesta por el posible retorno de la policía municipal a las labores de vigilancia y prevención ciudadana, pues se le acusa de ser la responsable de desapariciones forzadas en los últimos seis años.
Al punto de las 17:00 horas, la masa de dolientes que recientemente perdieron el miedo a la violencia de la policía, coludida con cárteles del narcotráfico, partió de la terminal de autobuses Estrella de Oro, ubicada en la avenida Bandera Nacional, para dirigirse al Museo de la Bandera, ubicada en el primer cuadro igualteco.
“Fueron los policías corruptos; necesitamos sólo honestidad”, rezaba una pancarta que portaba un padre de familia. “Ya no queremos a esos señores cuidando nuestra ‘seguridad’, ellos fueron los culpables de los hechos del 26 y 27 de septiembre y de la desaparición de nuestros hijos”, gritaban los padres de los hermanos José Alberto y Adiline García Valverde.
Muchos de ellos expusieron la infiltración de las autoridades locales con la delincuencia organizada, hechos que no podían ser expuestos pues, dicen, era básicamente imposible que al presentar una denuncia, no sufrieran el mismo destino que sus hijos.
La tarde del pasado 2 de diciembre, después de sostener una reunión con Iliana García Laguna, subprocuradora de Derechos Humanos en la Procuraduría General de la República (PGR), representantes de los 375 padres de familia; hermanos, hijos, primos y sobrinos de desaparecidos durante la administración de José Luis Abarca, manifestaron su rechazo al retorno de la corporación policiaca.
“Los queremos aquí, si no están vivos, sólo pedimos que nos digan en qué fosa están para que vayamos a buscarlos y les demos cristiana sepultura”, reclamó Mayra Hernández Vergara, hermana de Tomás Hernández Vergara, desaparecido en Huitzilac, Guerrero, el pasado 5 de julio del 2012.
De acuerdo a los testimonios recabados por la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), organización que encabeza la búsqueda de cuerpos en fosas clandestinas de las montañas igualtecas, en muchos de estos casos de desaparición, secuestro, torturas y asesinatos de ciudadanos, se documentó la participación de elementos municipales. Por lo tanto, su retorno significaría exponer a las personas que se han atrevido a denunciar estos casos.
***
“Sin duda fue el Estado”, declaró la tarde de ayer, Javier Hernández Valencia, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), pues consideró que sí existe responsabilidad directa de las instancias e instituciones en la masacre de Iguala y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Hernández acudió a la Escuela Normal Rural ‘Raúl Isidro Burgos’, para llevar a cabo una reunión con familiares y compañeros de los estudiantes desaparecidos, ejecutados y heridos los pasados 26 y 27 de septiembre en Iguala. En dicha reunión también estuvieron organizaciones como el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan.
“En este caso no hay discusión que fueron autoridades quienes cometieron los hechos que tan dolorosamente hoy nos congregan. Y no sólo son la desaparición de 43 muchachos sino el asesinato de otras seis personas y 20 heridas (sic)”, consideró Hernández Valencia.
