Carlos Romero, titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación, reveló que a través de acuerdos reparatorios con grandes contribuyentes, se han logrado recuperar cerca de 30 mil millones de pesos.
Esto gracias a las disposiciones que permiten a la institución, perseguir de manera más decidida la defraudación fiscal y a las llamadas “factureras”, dijo en reunión virtual con integrantes de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.
Destacó que su gestión confía en que los expedientes en los que se trabaja, “comiencen a derivar en prisión preventiva oficiosa y órdenes de aprehensión contra defraudadores y factureros, a partir del mes de octubre y hacia finales del presente año”.
Reveló que de 2014 a 2018, implicó defraudación por 500 mil millones de pesos cada año, por lo que se trata de un problema gravísimo.
Aseveró que cuando llegó a ocupar el cargo, no encontró ningún caso contra grandes contribuyentes ni factureras, por lo que se sospecha de un trato privilegiado de autoridades anteriores hacia los involucrados.
“De estos casos, hemos llegado a recaudar alrededor de 30 mil millones de pesos, es dar un giro. Sin meterme en un tema político, pero creo que realmente ha sido un cambio porque estaban en cierta manera, había un respeto, una cierta, un cierto pacto, un cierto pacto donde a los grandes contribuyentes no se les iban a presentar denuncias penales”, expuso.
Informó también que hasta el momento ha presentado siete denuncias contra factureras, cuyos expedientes están en proceso de elaboración y fundamentación, para llegar a las cabezas de los grupos delictivos involucrados y adelantó que para fin de año podrían haber casos de prisión preventiva oficiosa por delitos de defraudación, omisiones en el reporte de retenciones, uso de datos falsos para acreditar ingresos y declaraciones de pérdidas económicas inexistentes.
