Ivonne Acuña Murillo
Fotografía: Periódico Región 14
(17 de octubre, 2013).- Hoy se cumplen 60 años del reconocimiento del derecho de las mujeres a votar y ser elegidas para puestos de elección popular. En el Diario Oficial de la Federación, el nuevo texto del artículo 34 constitucional consignó este derecho en los siguientes términos: “Son ciudadanos de la República los varones y las mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan, además, los siguientes requisitos: haber cumplido 18 años, siendo casados, o 21 si no lo son, y tener un modo honesto de vivir”.
Este cambio fue posible gracias al activismo e interés de muchas mujeres que desde el siglo XIX se habían pronunciado por contar con los mismos derechos políticos que los hombres; sin embargo, tuvieron que pasar 132 años de vida independiente, a partir de la firma del Acta de Independencia de México en 1821, para que tal demanda fuera escuchada y las mujeres disfrutaran de igualdad jurídica con respecto a los varones.
La lucha de las mujeres para poder votar y ser votadas pasó por varias etapas, no siempre directamente encaminadas a la obtención del derecho al sufragio, algunas de las cuales vale la pena recordar. En 1870 apareció en Yucatán la sociedad feminista “La siempreviva”, fundada por Rita Cetina Gutiérrez, poeta y profesora que buscaba despertar en las mujeres el interés por la literatura y la educación. Para para tal propósito creó una escuela para niñas que llevó el nombre de la sociedad y se mantuvo abierta como escuela particular hasta 1886, año en que se unió al Instituto Literario de Niñas, financiado por el gobierno, y que fue el primero en ofrecer educación secundaria para niñas en el estado.
Es así que algunos gobiernos y parte de la sociedad yucateca de fines del siglo XIX y principios del XX se distinguieron por su interés en ofrecer educación no sólo a los hombres sino a las mujeres. Este esfuerzo se vio reflejado en la conformación de una mentalidad de avanzada en algunos de sus gobernantes, como los gobernadores Salvador Alvarado y Felipe Carrillo Puerto, y en mujeres como Consuelo Zavala Castillo, organizadora en el año de 1916, con el apoyo del gobernador Alvarado, del primer congreso feminista de Yucatán.
Los problemas a resolver planteados por éste primer congreso quedan resumidos en las siguientes preguntas: ¿Cuáles son los medios sociales que deben emplearse para manumitir a la mujer del yugo de las tradiciones? ¿Cuál es el papel que corresponde a la escuela primaria en la reivindicación femenina, ya que aquélla tiene por finalidad preparar para la vida? ¿Cuáles son las artes y ocupaciones que debe fomentar y sostener el Estado, y cuya tendencia sea preparar a la mujer para la vida intensa del progreso? ¿Cuáles son las funciones públicas que puede y debe desempeñar la mujer a fin de que no solamente sea elemento dirigido sino también dirigente de la sociedad?
Obviamente la última pregunta remite a pensar en cuestiones de orden político, como el derecho a votar y ocupar cargos de elección popular, en concordancia con lo cual el gobierno de Yucatán fue el primero en reconocer a las mujeres sus derechos políticos desde el temprano año de 1922. Le siguieron San Luis Potosí, en 1923; Chiapas, en 1925; Puebla, en 1936; Sinaloa, en 1938; Hidalgo, en 1946; Aguascalientes y Chihuahua, en 1950; Guerrero, México y Tamaulipas, en 1951.
Como resultado del derecho a votar Elvia Carrillo Puerto, hermana de Felipe Carrillo Puerto, resultó ser la primera mexicana electa diputada al Congreso de Yucatán, el 18 de noviembre de 1923 pero, después de desempeñar su cargo por dos años, renunció debido a las amenazas de muerte que recibió por ser mujer y participar en política.
Pero, antes que tales derechos fueran reconocidos por gobiernos locales, otras mujeres se preocuparon en expresar por escrito su interés en participar políticamente. Es el caso de Laureana Wright y Mateana Murguía, fundadoras de la revista femenina Violetas del Anáhuac, escrita solamente por mujeres, que en el periodo que va de 1887 a 1889 demandó el sufragio femenino.
Un intento gubernamental más por reconocer los derechos políticos femeninos fue el hecho, en 1937, por el entonces presidente de la República, general Lázaro Cárdenas, quién envió una iniciativa de reforma al artículo 34 de la Constitución que permitiría a las mujeres ejercer el sufragio. Sin embargo, como afirma Alejandro Rosas, “la propia familia revolucionaria decidió no concluir el trámite legislativo argumentando que el voto femenino ‘podría verse influenciado por los curas’”.
Finalmente, después de varios retrocesos, los derechos políticos de las mujeres fueron establecidos, primero a nivel municipal, bajo el sexenio de Miguel Alemán Valdés, en 1947, y luego a nivel federal, en 1953, durante la administración de Adolfo Ruiz Cortines. Éstas son las 6 décadas que se celebran el 17 de octubre de 2013, momento justo para hacer un balance y diferenciar entre “lo bueno”, “lo malo” y “lo feo”.
Lo bueno: 1. Desde que se reconocieron los derechos políticos de las mujeres, en el imaginario colectivo es cada vez más frecuente ver como “natural” la participación política de éstas, aún desde las visiones más conservadoras. 2. Todos los cambios jurídicos y políticos que han posibilitado que de manera continuada las mujeres ocupen cargos públicos. 3. El impacto simbólico que supone ver a mujeres ocupando cargos de una alta responsabilidad política, tanto para ellos, como para ellas. 4. Que por primera vez una mujer, Josefina Vázquez Mota, tuvo la posibilidad real de llegar a la presidencia de la República, en las elecciones de 2012.
Lo malo: 1. Los obstáculos que a pesar de todos los cambios enfrentan las mujeres para poder ocupar cargos públicos y ascender a los espacios donde se toman las decisiones más importantes, como seguir siendo vistas como las únicas responsables de la reproducción doméstica, sin que la mayoría de los hombres, la sociedad y el Estado asuman su parte del trabajo y tiempo que esto representa. 2. Que a pesar de haber pasado 60 años de ejercicio de sus derechos políticos, las mujeres siguen estando sub-representadas en la estructura del poder político, aquí algunas cifras: a pesar de que en el padrón electoral el 48.46% son hombres y el 51.54% mujeres, en las 32 entidades federativas que conforman la República Mexicana, no hay una sola gobernadora; que sólo en 7% de los 2417 municipios en que se divide el territorio está al frente una mujer, en contraparte, en la Ciudad de México, 5 de 16 delegaciones están ocupadas por mujeres; en 60 años sólo ha habido 6 gobernadoras – Griselda Álvarez Ponce de León (Colima), Beatriz Paredes Rangel (Tlaxcala), Dulce María Sauri Riancho (Yucatán), Ivonne Ortega Pacheco (Yucatán), Rosario Robles Berlanga (Ciudad de México) y Amalia García Medina (Zacatecas)-, y 5 candidatas a la presidencia de la República – Rosario Ibarra de Piedra (1982 y 1988), Cecilia Soto (1994), Marcela Lombardo (1994), Patricia Mercado (2006) y Josefina Vázquez Mota (2012).
Lo feo, la persistencia de una cultura política al interior de los partidos políticos a partir de la cual se sigue limitando la participación política de las mujeres, sin importar que se fijen cuotas de género para obligar a éstos a destinar el 40% ó 50%, como pretende Enrique Peña Nieto, a candidaturas femeninas, cuando en los hechos los partidos llevan a cabo una serie de prácticas que de manera efectiva impiden que haya más mujeres ocupando curules. Es el caso de las llamadas “juanitas”, una baja designación de recursos a las campañas de ellas, el colocarlas al final de las listas plurinominales a sabiendas de que sus porcentajes de votación no alcanzarán para que ocupen los cargos para los que fueron candidateadas y postularlas para municipios o distritos electorales donde nunca se ha ganado.
La conclusión lógica es que, a pesar de lo que se ha avanzado, aún falta mucho por hacer para que las mujeres puedan ejercer plenamente sus derechos políticos.
