(19 de noviembre, 2014).- Ante el escándalo que ha desatado la casa de Angélica Rivera, evaluada en 7 millones de dólares —aproximadamente 86 millones de pesos—, aunque ella asegura que le costó 54 millones; tanto Enrique Peña Nieto como su gabinete han hecho públicas sus declaraciones patrimoniales.
Sin embargo, según el artículo 43 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, Peña Nieto tenía la obligación de reportar los bienes de su cónyuge, aclarando que son propiedades a nombre de ella, además de indicar cuándo fueron adquiridas y por qué monto, al igual que los bienes de sus “concubinas, concubinos, concubinarios o dependientes económicos directos (padres o hijos)”.
“Aquí hay la intención de ocultar una información, de que la Contraloría Federal o que la Auditoría Superior de la Federación no se enteren de los bienes de la esposa (…) Sí hay una violación a la ley, al espíritu de la ley, al tratar de ocultar deliberadamente información”, dijo el abogado Alfredo Ramírez en entrevista para Revolución TRESPUNTOCERO.
Además, Ramírez destacó que la casa de Rivera fue construida por una empresa que era contratista en el Estado de México, gobernado en aquel entonces por el priista.
“El funcionario público puede decir: ‘no, yo no compré ninguna propiedad en mi gestión’, pero sus familiares compraron mansiones, tienen vehículos de lujo, lo cual puede representar un beneficio ilegítimo e ilegal de la función pública que tenía el servidor público”, explicó el también catedrático de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, comparando además la reciente situación con el caso del hermano del expresidente Carlos Salinas de Gortari.
“Si tuviéramos un organismo de control constitucional, o el procurador general de la República tuviera autonomía, debería intervenir en el asunto, porque por estos motivos muchísimos funcionarios públicos han perdido el empleo (…) Nos lleva al tema de la corrupción, es decir, ‘yo oculto mis propiedades para que no sepan que me estoy enriqueciendo, apropiando de una fortuna que no tengo manera de comprobarla’”, expuso.
“No es una omisión cualquiera, es una omisión muy delicada que en varios casos ha implicado el cese fulminante, porque está claro que se violentó la ley”.
Por otra parte, el artículo 37 establece que “el servidor que faltare a la verdad con lo que es obligatorio manifestar, será suspendido de su empleo, por un periodo no menor de tres días ni mayor de tres meses; y cuando lo amerite, será destituido e inhabilitado de uno a cinco años”.
“Quien está obligado a declarar es el funcionario público, no la esposa”, enfatizó con respecto a las declaraciones que brindó Rivera, a petición de Peña Nieto. “¿El consejero jurídico de la Presidencia no le dijo a su jefe que él es el que tendría que rendir el informe, por escrito, ante la Secretaría de la Función Pública?”
A decir del experto, se trató de una ‘estrategia de telenovela’ para explotar el supuesto carisma de Rivera, para salir adelante del tema; “pero no tiene que ser ella la que aclare nada, sino el presidente de la República (…) No creen en ninguna legalidad, es un asunto inmoral el hecho de que la esposa dé la cara de algo que tiene que darla él”.
Según señaló el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, los funcionarios públicos están obligados a presentar su declaración patrimonial ante la Secretaría de la Función Pública, aunque pueden decidir si hacerla pública o no ante la ciudadanía.
Ahora, a pesar de que Peña Nieto ha presumido cumplir con una de sus promesas de campaña en cuanto a la transparencia; en realidad, esta acción parece más una medida para tranquilizar la tensión social que provocaron las fotos e información sobre la llamada “casa blanca”, principalmente en un contexto de indignación e inconformidad por la desaparición forzada de 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, sin resolver desde el pasado 26 de septiembre.
En la información que aparece disponible en la página oficial de la Presidencia de la República, Peña Nieto reporta un salario mensual de 193 mil 478 pesos, es decir, aproximadamente 96 salarios mínimos.
Asimismo, declara tener dos casas compradas de contado, con 2 mil 138 y 560 metros cuadrados, respectivamente; otras dos que le fueron donadas, de 338 y 150 metros cuadrados; cuatro terrenos donados, de 5.8 hectáreas, 2.4 hectáreas, 2 mil 547 metros cuadrados y mil metros cuadrados; y un departamento heredado. Sin embargo no detalla el costo de los inmuebles ni provee, como dicta la ley, datos sobre las propiedades a nombre de su esposa ni de sus dependientes económicos directos.
El patrimonio del priista también cuenta con obras de arte, donadas y heredadas; joyas y relojes comprados de contado y también donadas; monedas y metales; fondos de inversión y una cuenta bancaria.
En el artículo 88 de la ley citada se estipula que “durante el desempeño de su empleo, cargo o comisión, y un año después, los servidores públicos no podrán solicitar, aceptar o recibir por sí, o por interpósita persona, dinero o cualquier donación, servicio, empleo o comisión para sí”, en el caso que procedan de personas directamente vinculadas, reguladas o supervisadas por el funcionario en el desempeño de su cargo.
No obstante, la declaración patrimonial de Peña Nieto no especifica de quién recibió las donaciones reportadas: dos casas y dos terrenos en el periodo entre 2005 y 2011, cuando se desempeñaba como gobernador del Estado de México.
“Como dicen por ahí, ‘¿quién pompó?’ ¿Quién te va a regalar una casa de buenas a primeras? ¿A cambio de qué son esas donaciones? ¿De favores, de otorgar obra pública o programas? No sabemos”, inquirió Ramírez.
