Raúl Linares (enviado especial) / @jraullinares3_0
(30 de noviembre del 2014).- La mañana de este sábado 29 de noviembre, como en los llamados Caracoles Zapatistas de Chiapas, impulsados por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), integrantes del Movimiento Popular Guerrerense (MPG), en el municipio de Tixtla y Ayutla de los Libres, Guerrero, iniciaron un proceso de “liberación” de comunidades azotadas por la violencia en dicho estado.
Este proceso, anunciaron, se extenderá a otros lugares como Acapulco, Tlapa de Comonfort, Tecuanapa y San Luis Acatlán, con los que gradualmente esperan abarcar 40 de los 81 municipios de la entidad.
A dos meses de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el movimiento de izquierda guerrerense, conformado por organizaciones civiles y políticas disidentes que mantienen plantones y bloqueos carreteros, dijeron que con la conformación de “consejos municipales populares” buscan sustituir a los partidos políticos tradicionales y la ciudadanía pueda elegir a sus autoridades mediante democracia participativa.
Ante la baja o nula respuesta de las autoridades estatales y federales para otorgar seguridad y paz social en dicho estado, el MPG tratará de emular a los municipios como San Andrés Larrainzar, en Chiapas, Cherán en Michoacán y la Nación Yaqui en Sonora.
Para explicarlo, Manuel Olivares, asesor jurídico de la Escuela Normal Rural ‘Raúl Isidro Burgos’, explicó que es necesario trasladar el poder popular a los ayuntamientos y no así a las grandes corporaciones policiacas del país. “Después del 26 de septiembre se vino a visibilizar algo que tenían oculto, la infiltración del narcotráfico en municipios, el ejercicio del poder del narco en ayuntamientos”.
A contracorriente de las declaraciones hechas por Enrique Peña Nieto, el pasado 27 de noviembre, donde solicitó la intervención de la federación en asuntos policiacos de las cabeceras municipales violentadas por la infiltración de la delincuencia organizada, la CGT afirmó la necesidad de empoderar al “poder comunitario” para lograr combatir la colusión de las autoridades y delincuencia.
En conferencia de prensa, ofrecida en Tixtla, el abogado expuso que las acciones a seguir se dividirán en tres pasos:
En primero, la exigencia de la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa; en segundo, que se garantice que los hechos ocurridos en Iguala no vuelvan a suceder; y por último, que se integren más ciudadanos al ejercicio del “poder popular” mediante la conformación de asambleas populares de democracia directa y participativa.
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La tarde de ayer 29 de noviembre, de acuerdo a declaraciones hechas por el gobernador Rogelio Ortega, llegaron poco más de mil 500 elementos de la Gendarmería Nacional, como parte de la estrategia planteada en coordinación con la federación para disminuir los índices violentos en la entidad: “hemos tomado estas medidas con suficiente tiempo, les solicitamos a las autoridades federales y nos dieron todo el apoyo”, dijo en entrevista.
Los elementos, al mando del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al mando de Monte Alejandro Rubido, han causado molestias al interior de las organizaciones sociales guerrerenses, pues temen que éstas puedan ser usadas en su contra y no así para abatir los altos índices de secuestros, robos, extorsiones, asesinatos y desapariciones que pululan en dicho estado.
Ortega también se refirió a la gran atención que han recibido de los medios nacionales e internacionales, y aseguró que no le molesta que Guerrero reciba tanta atención pública ni llamados de gobierno norteamericanos para que sus ciudadanos nos viajen hacia este destino turístico.
“En estos momentos todo lo que sucede en Guerrero le dio la vuelta al mundo y qué bueno, antes no denunciaban, nadie se atrevía a hacer las denuncias”, dijo.
