(31 de diciembre, 2014).- Dada la ausencia de armonización entre el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal con el Artículo segundo de la Constitución mexicana en cuanto al reconocimiento de comunidades y pueblos indígenas, una nueva propuesta fue presentada en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
Luego de la presión hecha por pueblos y barrios originarios del Distrito Federal en distintos rubros, la diputada Dinorah Pizano presentó la iniciativa de reforma del estatuto construída, dijo, con los afectados, así como con el Espacio de Participación de la Secretaría Ejecutiva del Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del Programa de Derechos Humanos local.
La diputada indicó que de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el Distrito Federal tan sólo en población indígena hay un millón 509 mil 355 personas, por lo que es necesario garantizar sus derechos, tanto de residentes, como de migrantes o en tránsito por la Ciudad de México.
“Se busca generar nuevas políticas públicas que promuevan, respeten, protejan y garanticen los derechos humanos de las comunidades y pueblos originarios e indígenas de manera que se reconozca a la ciudad de México como pluricultural y pluriétnica”, enfatizó.
Por su parte, Alejandro Velázquez, miembro de la Coordinación de Pueblos y Barrios Originarios y Colonias de Xochimilco destacó en entrevista con REVOLUCION TRESPUNTOCERO que “los pueblos del Distrito Federal se han visto afectados por desarrollos inmobiliarios, mega proyectos y en general por una política de desarrollo que apunta hacia la extinción de las comunidades originarias”.
Agregó que las autoridades del Distrito Federal en los últimos años “han visto a los pueblos y barrios como meros receptores de programas sociales y asistenciales, o en su caso como comunidades de carácter folclórico. Esta situación debe cambiar. Tiene que existir una nueva forma de entender el asunto de los pueblos y barrios. Los pueblos deben tener la capacidad de decidir sobre sus propias prioridades en materia de desarrollo, de gestión de sus bienes naturales, y de la elección de sus propias autoridades”.
El acuerdo entre gobierno y pueblos, mencionó, debe darse en un momento histórico como éste, incluir los pueblos y barrios originarios en el estatuto como consecuencia del mandato constitucional.
“El Distrito Federal se ha tardado en adecuar el estatuto a la Constitución lo que habla del tipo de política que se ha hecho en los últimos años. Simplemente el tema de los pueblos originarios ha pasado desapercibido aún cuando la propia sobrevivencia del Distrito Federal depende de los pueblos. En los pueblos se encuentra la mayor parte de los bienes ambientales que sostienen a la ciudad. El agua, los bosques, etc están en los pueblos. Y aún cuando los pueblos del sur surten de agua a la ciudad contradictoriamente es en estos pueblos dónde se sufren severos problemas de falta de agua”, sugirió Velázquez Zúñiga.
Por último, concluyó que en los pueblos debe de impulsarse un movimiento que pueda revertir esta situación, pues destaca, “los pueblos originarios pueden ser protagonistas de su propia historia”.
Por su parte, Dinorah Pizano, quien también es presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la ALDF, insistió en que si bien se ha buscado por parte de las autoridades programas orientados a la población indígena y originaria para promover y fortalecer su identidad, cultura, tradiciones y facilitar su desarrollo económico, social y acceso a la salud, vivienda, educación y proyectos productivos, es importante visibilizarlos en el Estatuto de Gobierno.
