(27 de febrero, 2015).- “(…) una guerra interminable: la guerra del yaqui, una historia de siglos de despojo y exterminio sólo interrumpida en el periodo del general Lázaro Cárdenas, cuando por decreto presidencial se tituló el territorio de la tribu yaqui y se le reconoció su derecho a 50 por ciento del agua de la presa La Angostura. Todo esto hoy está borrado”.
Así fue como Adolfo Gilly describió el pasado 24 de febrero la lucha de la tribu yaqui a propósito de la presentación del informe “Una sentencia fallida. El incumplimiento del gobierno mexicano de la resolución emitida por la SCJN en el marco de la consulta a la Tribu Yaqui”.
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En el informe emitido por más de 25 organizaciones y redes de defensa de derechos humanos, se muestra el ataque sistemático contra la tribu yaqui desde al menos el año 2010.
La lucha de los yaquis no es reciente, sin embargo la construcción del Acueducto Independencia sí. Cinco años atrás, el gobierno de Sonora impulsó la licitación y concesión para la construcción y operación de esta obra para trasvasar desde la presa El Novillo, alrededor de 60 millones de metros cúbicos de agua de la cuencia del río Yaqui a la cuenca del río Sonora.
Fue entonces cuando los miembros de la Tribu presentaron un amparo en contra de la Autorización de Impacto Ambiental, siendo el Juez Cuarto de Distrito en Sinaloa quien resolvió otorgarle el amparo, no obstante, ese mismo año, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) impugnó la sentencia y el recurso de revisión fue atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Las organizaciones que hasta ahora han acompañado el proceso de la tribu yaqui y constituidas desde el 2013 como una Misión Civil de Observación, lo hicieron a solicitud de cinco pueblos que la conforman; Vicam, Cócorit, Belem, Bácum y Pótam.
El proceso actual de los habitantes de estos pueblos por la defensa de su territorio, podría constituírse como un referente contra el despojo, las luchas contra megaproyectos en todo el territorio nacional podrían tener un referente legal, un precedente a sus demandas.
Pablo Reyna, coordinador del Programa de Interculturalidad y Asuntos Indígenas de la Universidad Iberoamericana resume las condiciones básicas para que los derechos de los pueblos indígenas no sean atropellados.
“Son cuatro los elementos que no se deben de perder de vista en la consulta. Tiene que ser previa; se debe realizar antes de que un proyecto, una decisión del Estado o alguna inversión de empresas afecte la vida de los pueblos indígenas. En segundo lugar, tiene que ser libre, sin presiones, sin violencia ni hostigamiento. Tiene que ser informada; debe dotar toda la información necesaria, en el caso del acueducto Independencia, debe saberse los daños ambientales, sociales, y sobre todo culturales para saber de qué manera se preveé que sean afectados los pueblos indígenas. Y por último, debe ser de buena fe, que los que se sienten en la mesa tengan confianza de que el interlocutor respeta al otro”.
Al conformarse como Misión de Observación Civil, señala Reyna, han dado seguimiento al primer proceso de consulta que se mandata desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación a realizarse en México, “hemos decidido organizarnos para observar este importante proceso que al ser el primero, puede sentar antecedentes jurídicos”.
Adolfo Gilly cuestionó al respecto el pasado miércoles a través de su columna en La Jornada la campaña emprendida contra la Tribu Yaqui de una población aproximada de 45 mil habitantes. “¿Se propone la presente campaña la erradicación y el exterminio
para quedarse por fin con lo que resta de sus tierras y aguas?”.
Y es que como parte de sus conclusiones, el informe señala a cabalidad que el derecho a la consulta de la tribu yaqui conforme a tratados internacionales, ha sido violada por el Estado mexicano reiteradamente.
“(…) primero por la construcción, autorización y operación de una obra sin consulta previa y, luego, por permitirse que el Acueducto Independencia siga operando durante la etapa de consulta, a pesar de que ya se ha evidenciado ante distintas instancias que se está ocasionando un daño irreparable a los derechos colectivos de la Tribu Yaqui. Ninguna de las dependencias responsables ha tomado la decisión de suspender su operación”.
Por ello, como parte del informe, también se genera una serie de recomendaciones al Estado mexicano, luego de considerar que no existen condiciones para retomar el proceso de consulta y cumplir con la ejecución de la sentencia de la SCJN.
Entre las recomendaciones, se establece el cese a la campaña de criminalización contra la Tribu “y varias de sus autoridades y miembros. Particularmente debe desistirse de los procesos penales contra Mario Luna Romero y Fernando Jiménez Gutiérrez y ponerlos en libertad de forma inmediata. De igual forma debe desistirse de las órdenes de aprehensión contra Tomás Rojo Valencia, Gerónimo Flores Ortega y otros miembros de la Tribu Yaqui”.
Además de suspender la operación del Acueducto Independencia, prohibir la campaña de discriminación racial y étnica contra los implicados, entregar la información pendiente sobre la obra y respetar la decisión de los pueblos con un carácter vinculante para el Ejecutivo Federal.
