(23 de marzo, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- El problema crónico de la escasez del agua, además de afectar de forma agudizada al 40 por ciento de la población mundial, impacta diferenciadamente a hombres y mujeres, dado que uno y otro género asumen distintos roles y actividades.
En las zonas rurales, las mujeres y las niñas realizan las tareas de búsqueda y recolección de agua para el uso doméstico, sanitario y de higiene, así como para las actividades de siembra o cosecha. Pero incluso en las zonas urbanas son ellas las que se encargan de la gestión y procuración del vital líquido para los hogares.
En el marco del Día Mundial del Agua, la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) presentó un informe en el que destaca que en 2030 faltará un 40 por ciento del agua necesaria para la vida humana, las primeras víctimas serán las poblaciones más pobres y marginadas, y las mujeres.
En México, la reciente difusión de la Ley General de Aguas propuesta por el Ejecutivo Federal –cuya dictaminación fue pospuesta temporalmente en la Cámara de Diputados–, ha provocado enorme polémica. La controversia es tan grande que se habla de la necesidad de una nueva legislación para asegurar el abastecimiento del agua para toda la población, en tanto observamos diferentes conflictos sociales en torno a este bien común.
El caso de la Tribu Yaqui en Sonora y la disputa por el agua potable en la comunidad de San Bartolo Ameyalco, Ciudad de México, son un botón de muestra de los conflictos sociales aparejados a la lucha por este recurso. Los principales líderes de estos movimientos, Mario Luna y Fernando Jiménez, en el primer caso, y Eduardo Mejía Nava, en el segundo, han sido privados de su libertad por las autoridades.
Tanto desde la perspectiva de los derechos humanos, como desde aquella que contempla al vital líquido como una mercancía sujeta a las reglas de la oferta y la demanda, la actual gestión del agua en México es, simplemente, inviable. No sólo porque este recurso es indispensable para asegurar la vida, sino, también, porque resulta fundamental para actividades económicas en los sectores de energía, hidrocarburos y minería, así como para resguardar el funcionamiento de empresas automovilísticas, embotelladoras, refresqueras o cerveceras.
Organizaciones civiles, académicos, intelectuales y defensores de derechos humanos argumentan que la Ley General de Aguas supone el incremento en las tarifas del suministro, asegura la operación del fracking –una técnica de extracción de gas shale altamente contaminante, contemplada en la Reforma Energética–, además de que el sistema de concesiones privilegia al sector privado para el afianzamiento de megaproyectos (hidráulicos, mobiliarios, carreteros, mineros de hidrocarburos y energía).
Lo anterior, de acuerdo con especialistas entrevistados por este medio, implica la violación al derecho humano al agua y atenta contra los derechos de los pueblos indígenas, toda vez que se contempla el trasvase de ríos para favorecer al sector energético por encima de cualquier otra actividad humana –en consonancia con las disposiciones de la Reforma Energética– lo que significa un golpe a la agricultura y la ganadería.
En este sentido, el informe de Naciones Unidas, antes citado, señala que, dado el crecimiento demográfico, en 2050 la agricultura deberá producir un 60 por ciento más de alimentos a nivel mundial y 100% más en los países en vías de desarrollo.
La coordinadora de la Red de Acción por el Agua, Nathalie Seguin Tovar, dijo en entrevista para este medio, que dicha legislación significa “la entrega del agua a grandes contaminadores como lo es la industria de la fractura hidráulica (fracking) o la industria de la minería, al abrir la posibilidad de que éstas tengan concesiones de grandes volúmenes de agua”.
Como consecuencia, el “acceso al agua de una buena calidad, en cantidad suficiente y que sea asequible –es decir que la gente pueda pagar por ese servicio sin que comprometa sus otros derechos humanos como el de la alimentación, como el de la educación, el de la salud– pone en gran riesgo la realización y la implementación del derecho humano al agua y al saneamiento”, señaló la especialista en Gestión del Agua y Participación Social, Seguin Tovar.
Revisemos algunas cifras. El Programa Nacional Hídrico 2013-2018 de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) documenta que la disponibilidad anual del agua por habitante se redujo de 18 mil 35 metros cúbicos, a 3 mil 982, en el periodo que va de 1950 a 2013. Además, establece que “35 millones de mexicanos se encuentra en situación de poca disponibilidad de agua en términos de cantidad y calidad”; 9 millones de personas carecen de servicios de agua potable y 11 millones no cuentan con drenaje.
En el mismo documento se estima que “en unos veinte años la demanda llegará a 91 mil 200 millones de metros cúbicos debido al incremento en las actividades productivas y el crecimiento de la población, mientras que la oferta puede llegar a 68 mil 300 millones de metros cúbicos considerando los proyectos registrados en cartera; lo que significa que la brecha estimada entre oferta y demanda será de 23 mil millones de metros cúbicos”.
Asimismo se exponen las estrategias a seguir y se explican las medidas tomadas por la Conagua, sin embargo la Propuesta Ciudadana de Ley General de Aguas, señala que esta comisión cuya “autoridad es única y sin contrapesos, responsable por el manejo sustentable de las aguas nacionales desde 1989”, “ha sido extremadamente vulnerable a presiones por parte de intereses de agroexportadoras, empresas mineras, inmobiliarias, embotelladoras, industrias contaminantes, empresas mineras e inversionistas en megaobras hidráulicas”.
En entrevista con Revolución TresPuntoCero, el doctor en Planeación y Desarrollo por la Universidad de Liverpool, Inglaterra,y uno de los redactores de la propuesta ciudadana, Pedro Moctezuma Barragán, aseveró que los defensores de la también denominada “Ley Korenfeld”, en alusión al director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), “rehúyen al debate abierto”.
Toda vez que “plantean que al privatizarse [este bien común] va a haber inversión, pero la inversión requerida para el mejoramiento de la gestión del agua, puede darse con un ejercicio sano de los sistemas de agua de los organismos descentralizados de agua potable y saneamiento, a partir del presupuesto público. Actualmente tan sólo en el Valle de México en los últimos 3 años se han gastado 37 mil millones de pesos para la expulsión de aguas de la Ciudad de México.
“Este dinero podría resolver tres veces un equilibrio que plantee la captación de agua de lluvia en todos los edificios públicos, escuelas, mercados y un sistema de plantas de tratamiento de aguas residuales obras de micro y meso –pero no macro obras– y además una dinámica de reforestación y manejo de picos de tormenta en cuenca alta”, para su aprovechamiento, subraya Pedro Moctezuma, director del Centro para la Sustentabilidad “Incalli Ixcahuicopa” de la Universidad Autónoma Metropolitana.
No obstante, quienes abanderan la propuesta gubernamental afirman que la inversión privada es necesaria para asegurar el abastecimiento del agua para la población. Al respecto, el jurista e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas-UNAM, Rodrigo Gutiérrez Rivas, expresó que “la lógica del mercado no es la de distribuir un determinado bien vinculado a la dignidad y a la vida. La lógica del mercado es la acumulación, es generar riqueza y apropiación, es poder hacer negocio con un determinado bien”.
Bajo esta lógica, “las empresas entran al mundo del mercado con la expectativa de ganar, no con el objetivo de dotar de agua a la gente, sino con el objetivo de hacerse más ricas eso es tendencialmente excluyente, las personas que no puedan pagar no van a poder acceder al agua. El agua se convierte en una mercancía y por tanto quien no tenga el dinero para poder pagarla no puede acceder a ella”, puntualizó el especialista en derechos humanos y exigibilidad de derechos sociales, Gutiérrez Rivas.
En México, los sectores mayormente afectados por la escasez de agua siguen siendo los pueblos y comunidades más pobres y las zonas de mayor marginación. Y desde una perspectiva de género, el doctor en Derecho, Rodrigo Gutiérrez, afirma que en “una sociedad patriarcal, de corte machista, las mujeres son quienes se encargan principalmente de abastecer a los hogares de agua y por tanto es muy común que ese esfuerzo por llevar agua a las casas, esté sobre los hombros de las mujeres”.
La “Ley Korenfeld”, afirma Pedro Moctezuma, tampoco “contempla los mecanismos para garantizar muchas de las funciones que tradicionalmente ejercen las mujeres mexicanas, para que puedan tener acceso al agua suficiente y de calidad”.
La recolección y “la búsqueda del agua son parte de la desigualdad entre hombres y mujeres”, describe el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que, en la práctica, significa horas de trabajo desiguales, toda vez que el tiempo destinado al trabajo doméstico y de reproducción –considerado como improductivo– representa una desventaja socioeconómica y cultural para las mujeres, que mengua sus posibilidades para dedicarse a actividades “productivas” como el estudio o conseguir un empleo remunerado.
El día de ayer alrededor de mil personas se manifestaron frente a las oficinas de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en el Distrito Federal, para exigir la anulación de la “Ley Korenfeld”, toda vez que no respeta el artículo 4to constitucional, el cual asegura el derecho humano al agua. Gente de nueve delegaciones del Distrito Federal, de la Coordinadora Nacional, Agua para tod@s Agua para la Vida, La Coordinadora Nacional Plan de Ayala, la Comisión de Cuenca de Fuentes Brotantes, Comisión de Cuenca Río Amecameca, entre otras, exigió que la Propuesta Ciudadana de Ley General de Aguas, sea retomada por el gobierno federal.
Esta expresión ciudadana se replicó en diferentes ciudades de la República, en donde este fin de semana se realizaron foros, campañas de información, grupos de discusión y mítines para exigir el derecho de participación ciudadana en la legislación en materia de Agua y Saneamiento. Hasta el moemento cuatro rectores de universidades públicas, José Narro Robles (UNAM), Salvador Vega y León (UAM), Tonatiuh Bravo (UDG) y Jorge Olvera García (UAEMEX) se han sumado a la petición de debate y consulta entre sociedad civil, academia y autoridades.
Ricardo Ovando Ramírez, del Frente Nacional por la Gestión Comunitaria del Agua, estimó que la dictaminación de la Ley Korenfeld puede trasladarse hasta después del proceso electoral a realizarse en el mes de junio. Sin embargo se preparan las estrategias jurídicas para oponerse a la aprobación de dicha legislación. Asimismo se advirtió de la posibilidad de que durante el periodo vacacional de semana santa, la Cámara de Diputados dictamine y apruebe la “Ley General de Aguas” gubernamental.
