Las cortes supremas de justicia independientes del gobierno son característica solamente de los regímenes democráticos modernos. México jamás ha tenido independencia judicial, la investidura de un Juez debe ser de muy alta dignidad moral y legal, puesto que en sus fallos está el patrimonio, el honor, la libertad y en muchas ocasiones hasta la vida de los mexicanos, por ello ha resultado negativo por sexenios, depositar la función de juzgar en magistrados que no solamente carecen de conocimientos amplios del derecho, sino que la selección se ha basado en el amiguismo y compadrazgo del presidente en turno y dependiendo qué transgresiones necesiten ‘cubrir’.
Así quienes no tienen madurez de criterio, distorsionan al poder judicial para conservar o mejorar posiciones o para satisfacer amistades, quienes carecen de intuición de la Justicia y deshumanizan la función del Juzgador, quienes se apartan de la vigente problemática social son los mismos que han ejercido las grandes injusticias de este país, que se ha visto severamente perjudicado por resoluciones que lo han sentenciado al abuso y la tropelía constantes.
Hoy resulta gratificante que organismos no gubernamentales, expertos en Derecho y sociedad civil exijan al ejecutivo dejar de imponer despóticamente sus preferencias y conveniencias. Se ha exhibido abiertamente que el proceso de elección de jueces pone en entredicho la independencia judicial en el país, así es como cada vez son más las voces que a nivel nacional e internacional claman por la necesidad de defender el poder judicial en México.
La disputa que hoy se mantiene contra el Gobierno, en este tema, se enmarcan en la eliminación de ese “un juego de poderes” por parte del ejecutivo; se necesitan jueces que fallen en contra cuando una decisión viola una ley, porque estará defendiendo la Constitución principal escudo protector del ciudadano, no debe haber una pelea entre el poder federal y el judicial, pero sí erradicar el tráfico de influencias y la extensión de dominio y mando del primero.
Urge pues la reconstrucción de un sistema corrompido y denigrado, que no tenga otra función más allá de ser un dispositivo de control al ejercicio del poder político, cuya principal misión sea la de prevenir y castigar los atentados contra los derechos humanos, principal característica de este gobierno.
La situación actual de la Suprema Corte de Justicia es crítica, porque si algo ha promovido e impuesto Peña Nieto desde su llegada ha sido su talante autoritario para mantener supeditados a los poderes a sus decisiones y órdenes (o las que le demanden acatar, quienes se encuentren atrás de él).
México no ha podido ser independiente gracias al priismo, porque precisamente ese es uno de los postulados antimonárquicos que se buscó erradicar en la época del establecimiento del Estado burgués capitalista, en el cual parece seguimos estancados los mexicanos, puntualmente en este último periodo se ha vuelto a enraizar con mayor fuerza, ante el despertar de una sociedad que ya convoca a la unión y exige equidad de los poderes que rigen al país.
Es preciso entonces hablar no solamente de pronunciamientos, sino de medidas y propuestas, para crear la independencia judicial, las cuales deberían incluir en primer lugar la independencia del legislativo (difícil tarea), para dar paso a la reforma de leyes que debilitan o suprimen la emancipación de la Suprema Corte de Justicia; investigación y castigos reales relacionados con los sobornos y el tráfico de influencias; es necesaria la creación de consejos de especialistas que analicen las capacidades profesionales y morales de quienes disputan los cargos y ascensos.
El acceso a la justicia y el servicio a la comunidad debe ser el principal objetivo, para lo que se requiere profesionales comprometidos humanísticamente y no atados a los intereses económicos y de poder, en definitiva, la Suprema Corte debe tener elementos capaces de frenar al poderoso Ejecutivo, al poder político y juzgarlo sin atisbo de miedo o sumisión, ésta debe ser independiente para poder ser la defensa de los mexicanos ante las violaciones a derechos humanos perpetradas o solapadas por el gobierno federal.
