(25 de octubre 2015).- El clima de represión en el estado de Puebla se ha mantenido como una característica de la actual administración del panista Rafael Moreno Valle. Actos violentos para disuadir manifestaciones-como en la que murió el niño José Luis Tehuatlie por una bala de goma disparada por un policía- así como la Ley Bala, dan muestras del carácter represor de la administración estatal.
De acuerdo al Comité para la Libertad de Presos Políticos, durante la administración de Rafael Moreno Valle se han encarcelado tan sólo a 217 activistas; actualmente 15 están en prisión mientras que los otros 202 en algún momento fueron victimas del gobierno morenovallista y encerrados arbitrariamente. Cabe destacar que los activistas que han recobrado su libertad-luego de pagar fianzas muy altas-aún viven con la zozobra, puesto que muchos de ellos salen sujetos a proceso abiertos así como órdenes de aprehensión pendientes de ejecutar.
A pesar que el tipo de luchas por las que fueron encerrados son variadas, el factor común entre los casos de los presos políticos es que de alguna u otra forma han dificultado en algún momento los planes del líder ejecutivo poblano.
El abanico de casos de las víctimas de este sistema implantado en Puebla es muy amplio. Recorre desde un campesino de 89 años encerrado por defender su territorio ante el intento de despojo de su terreno en Xilotzoni, o una empleada doméstica y su hija detenidas por alzar la voz y protestar porque las autoridades quitaron una ruta de transporte que comunica a su comunidad con la capital del estado.
También se encuentra el caso de la detención de Rubén Sarabia Simitrio y de su hijo Rubén Sarabia Reyna, líderes de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre (UPVA), una de las principales organización en oposición al gobierno estatal.
De igual forma, no puede dejar de mencionarse los casos de las agresiones a estudiantes. Uno de ellos suscitado el mes de febrero pasado cuando alumnos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) fueron desalojados de manera violenta del Zócalo de la capital de la entidad. Algunos de ellos fueron llevados por grupos de sujetos, que los incomunicaron por varias horas.
Asimismo las acciones del morenovallismo han contemplado la intención de reducir la autoridad comunitaria en algunas regiones de la entidad. En lo referente, hasta el momento existe el registro de tres presidentes de juntas auxiliares municipales detenidos y encarcelados por oponerse a reformas políticas que acotan el ámbito de la autoridad comunal.
En lo referente, también es preciso citar la lucha que diversas comunidades han emprendido en contra de la construcción de un gasoducto que va de Morelos a Puebla y que cruza tierras de cultivo. Varios de los lideres comunitarias que han encabezado la lucha contra este megaproyecto han sido acosados, hostigados y por supuesto detenidos. Uno de esos casos es el de Enedina Fuentes Vélez, comisaria ejidal de Xonacayucan, quien tras negarse a dar permiso a la empresa encargada del proyecto para comenzar las labores de excavación, fue “levantada” y luego recluida en el penal de Atlixco.
Casos de este tipo se replican en todo el territorio poblano. Como en la sierra Norte de Puebla en donde la intención de establecer megaproyectos no cesa. En este sentido, algunos han calificado a Puebla como el laboratorio para la implementación de la reforma energética.
Con información de La Jornada
