Propone Morena que consulta ciudadana pueda realizarse en cualquier momento y no sólo en jornada electoral

(23 de noviembre, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- Diputados federales del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), afirmaron que urge devolver a la ciudadanía el derecho de decidir libremente sobre sus gobernantes, pero sobre todo, respecto a todos los asuntos vitales para regenerar la vida republicana a través de la consulta ciudadana, por lo que proponen reducir el porcentaje de legisladores necesarios para promover esta acción.

Rocío Nahle y Cuitláhuac García, presentaron una iniciativa para modificar el artículo 35 de la Constitución, para que únicamente se necesite el 25% de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión –Cámara de Diputados y Senado de la República- para convocar a una consulta popular. Actualmente la ley establece que es necesario que 33% de legisladores se pongan de acuerdo para impulsar este recurso.

La coordinadora del grupo parlamentario de Morena en San Lázaro y García plantean la necesidad de que este proceso pueda ser llevado a cabo en cualquier momento, no únicamente el día de la jornada electoral federal -como actualmente sucede- pues puede ser utilizado con el objetivo de obtener votos en favor de un partido político, lo que desnaturalizaría este instrumento de participación ciudadana.

En la iniciativa, presentada el pasado miércoles 18, se especifica que “la consulta popular, debe ser un freno democrático, que coloque al pueblo en condiciones de intervenir real y directamente en sus asuntos propios, sin dejarlos jamás en manos irresponsables, constituyendo así un organismo siempre activo y listo para adaptarse a las necesidades públicas”.

En el texto, se propone sustituir las palabras “ingresos” y “gastos del Estado” –por considerar que fueron aceptadas y son interpretadas de manera restrictiva- para que también se pueda realizar la consulta popular sobre estos temas.

Además, se especifica que “no podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución; los principios consagrados en el artículo 40 de la misma; la materia electoral; los impuestos, la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos; la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá, previo a la convocatoria que realice el Congreso de la Unión, sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta”.

Antecedente y limitante…

El grupo parlamentario de Morena sostiene que la consulta popular, fortalece la democracia y es compatible con el sistema representativo -pues toma en cuenta la opinión del pueblo sobre cuestiones de trascendencia nacional- por lo que asume el compromiso de promoverla, para hacer efectivo y posible, el derecho de los ciudadanos a decidir sobre todos los asuntos de trascendencia nacional y que “no se obstaculice de facto ese derecho, tal como aconteció en la revisión de constitucionalidad de la consulta sobre la reforma energética”.

En octubre de 2014, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Morena, por separado, promovieron que se realizara una consulta ciudadana para conocer la opinión de los mexicanos respecto a la propuesta del Ejecutivo federal y del Partido Revolucionario Institucional (PRI), para permitir la participación de inversionistas extranjeros en materia energética; sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se pronunció en contra.

“El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el caso concreto, emitió una resolución conservadora, no analizó la trascendencia nacional, dejando de lado lo señalado en el artículo 1°del Código Político de 1917 y los instrumentos internacionales asumidos por el Estado mexicano, en materia de derechos civiles y políticos”, dicen los legisladores.

Nahle y García sostienen respecto al particular, que la consulta popular que se promovió hace unos meses, no tenía nada que ver con los ingresos del Estado, sino con el uso y destino del patrimonio de la nación y de la propiedad de la renta petrolera.

“El Máximo Tribunal del país, además de cerrar el paso al proceso de reformas aprobadas por el Poder Reformador de la Constitución, orientadas a la construcción de la democracia participativa como la Consulta Popular, deja de lado ‘el desarrollo integral de la nación sobre el cual existe un interés público que aterriza en el deseo social de lograr un beneficio común derivado de esa explotación, y ese interés colectivo constituye un conjunto de pretensiones relacionadas con las necesidades colectivas de la nación y que deben ser inexcusablemente protegidas mediante la intervención directa y permanente del Estado’”, se argumenta en la propuesta.