(12 de marzo, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- La violencia contra las mujeres es una problemática mundial y en casos como México es invisibilizada, naturalizada y normalizada, lo que provoca la repetición del acto violento, ya sea desde el acoso hasta el feminicidio, acciones que además quedan en estado de total impunidad y en más del 50 por ciento se criminaliza a la víctima o se minimiza la situación.
El pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, los políticos se encargaron de invisibilizar, otra vez, la ola de violencia contra las mujeres, con discursos vacíos y de felicitación, en vez de reconocer la problemática que enfrentan día a día, y las constantes luchas que realizan para poder obtener lo que por derecho les corresponde.
El feminicidio, como otros delitos que se cometen en México, se ha convertido en un común de las cabezas de los medios de comunicación y en un acto ausente por parte de las autoridades y muchas veces de la misma población. Cada 24 horas, según Amnistía Internacional, se cometen 7 feminicidios en el país, y actualmente hay más de 7 mil desaparecidas, 52 por ciento de los casos ocurridos durante la administración de Peña, según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas del Sistema Nacional de Seguridad Pública, problemática que refleja otro fracaso de los gobiernos federal, estatal y municipal.
Ejemplo de ello son los gobiernos de Eruviel Ávila, en el Estado de México; de Rafael Moreno Valle, en Puebla; de César Duarte, en Chihuahua; de Graco Ramírez, en Morelos; y de Javier Duarte, en Veracruz; donde no han tomado las medidas necesarias para combatir la violencia contra las mujeres, prevenir los feminicidios y desapariciones, y reparar el daño a las víctimas.
El Estado de México, entidad gobernada por Eruviel Ávila, encabeza el primer lugar en índice de feminicidios en el país, por lo que se ha convertido en la zona más peligrosa para las mujeres, principalmente en el municipio de Ecatepec, aún cuando el año pasado se logró activar la Alerta de Violencia de Género (AVG), mecanismo creado para combatir la violencia feminicida, sin embargo, ésta no ha sido aplicada y el gobierno estatal sigue minimizando las condiciones de inseguridad en el estado, por lo que a través de la censura y represión se busca acabar con cualquier crítica que pueda perjudicar las aspiraciones políticas del priísta.
Morelos, otra de las tres entidades donde se ha activado la AVG, tan sólo durante los 3 primeros años del gobierno de Graco Ramírez, se cometieron 191 feminicidios, según la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDHM), y a poco más de 6 meses de la activación de la alerta de género se confirma que los altos índices de violencia contra las mujeres no han disminuido y sí aumentado, por lo que el mecanismo ha servido para simular la defensa de las mujeres en la entidad.
Puebla es otro estado que vive una creciente violencia contra las mujeres, tan sólo en 2016 se han registrado 19 casos de feminicidio, y ha sido escenario de algunos de los crímenes más impactantes de los últimos meses, por lo que el gobierno misógino y represor de Rafael Moreno Valle no ha puesto la necesaria atención a este tema y se ha encargado de “ocultar” la problemática y de criminalizar a las víctimas, aún con la esperanza de mantener su imagen para una posible candidatura por el PAN en los comicios presidenciales de 2018.
Dichas entidades padecen serios problemas de violencia contra las mujeres, pero sus gobernantes están más preocupados por seguir jugando a ser políticos y tener una oportunidad en el proceso electoral de 2018, razón que fomenta la situación de inseguridad e impunidad que continuará azotando a las mujeres, ya que no es prioridad crear políticas públicas eficientes que sirvan para prevenir la violencia.
Misma situación la padecen las mujeres que radican en Veracruz, entidad que se convirtió en un estado fallido, donde impera la corrupción, impunidad, violencia, inseguridad y represión, producto de la evidente colusión del crimen organizado con el gobierno de Javier Duarte, por lo que las desapariciones, “levantamientos”, asesinatos, secuestros, extorsiones y amenazas se han convertido en noticias diarias que son cada vez menos alarmantes para la sociedad.
Cabe recordar que Chihuahua fue la entidad que evidenció a principios de la década pasada los feminicidios que dejaron una cicatriz imborrable para los familiares de las víctimas, pues Ciudad Juárez exhibió la violencia contra las mujeres, quienes todavía en el siglo XXI son consideradas como el eslabón más débil de la sociedad; y lamentablemente hasta la fecha no ha habido justicia en los casos.
El actual gobernador de la entidad norteña, César Duarte, ha callado y no ha dado respuestas a los familiares de las víctimas de desaparición y femicidio, cuyo recuerdo permanece intacto en las cruces rosas que demuestran que el Estado mexicano ha sido incapaz de apoyar a las mujeres.
Y así testimonios de miles de mujeres a lo largo de la República mexicana expresan su cansancio y hartazgo ante esta situación de violencia, donde el Estado se preocupa más por crear culpables de los feminicidios y no por proteger sus vidas y defender sus derechos humanos.
De seguir la situación de violencia contra las mujeres, México se comparará con los países de medio oriente y África, donde son asesinadas y sirven a intereses de mentalidades cavernarias incapaces de comprender la igualdad de las mujeres en todos los aspectos.
