(18 de abril, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- Con la llegada de Peña Nieto a la presidencia de la República -en diciembre de 2012- el Poder Legislativo pasó de ser uno de los contrapesos naturales del Ejecutivo, a convertirse en una oficialía de partes que modificaba leyes a solicitud del ocupante de Los Pinos, prácticamente sin análisis u oposición alguna.
El acuerdo firmado por los dirigentes nacionales de los tres partidos políticos con mayor presencia en nuestro país -Partido Revolucionario Institucional, PRI; Partido Acción Nacional, PAN y el Partido de la Revolución Democrática, PRD- denominado “Pacto por México”, agilizó los procedimientos parlamentarios y una tras otra se votaban iniciativas y se aprobaban los deseos del también exgobernador del estado de México.
Datos de la página electrónica de la Cámara de Diputados documentan que durante la LXII Legislatura –que estuvo en funciones de septiembre de 2012 a agosto de 2015- el Ejecutivo federal envió a San Lázaro 52 iniciativas. De ese total, 51 fueron aprobadas por el Pleno y sólo una rechazada; es decir, la efectividad de las propuestas del oriundo de Atlacomulco alcanzó el 98%.
Sin embargo, ni la ruptura formal del “Pacto por México”, ni el relevo de los 500 legisladores en la Cámara de Diputados rompió la inercia reformista de Peña, pues en lo que va de la LXIII Legislatura –que entró en funciones en septiembre pasado- el Ejecutivo ha presentado 14 iniciativas y todas han sido aprobadas; es decir, el Congreso, prácticamente es la lámpara que Peña frota cada vez que quiere ver concedido uno de sus deseos.
En septiembre de 2015, el Ejecutivo envió a los legisladores una propuesta para expedir la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales que según su descripción, tiene por objetivo “regular la planeación, el establecimiento y la operación de Zonas Económicas Especiales para impulsar el crecimiento económico sostenible, sustentable y equilibrado de las regiones del país que tengan mayores rezagos en desarrollo social, a través del fomento de la inversión, la productividad, la competitividad, el empleo y una mejor distribución del ingreso entre la población”.
Peña solicitó a los diputados, facultades para “emitir la declaratoria de las zonas y los beneficios fiscales en materia de contribuciones”.
A través de esta ley, también se pretende delinear cómo será la estructura del Consejo Consultivo que cada zona tendrá, los requisitos para obtener permisos y asignaciones; cómo se calificará la construcción, mantenimiento, ampliación y desarrollo de la zona, así como “reconocer que los bienes inmuebles federales en los que se establezcan Zonas Económicas Especiales se encuentren sujetos al régimen de dominio público de la Federación”.
El ahijado político de Arturo Montiel –también exgobernador del Edomex y quien fuera investigado por supuestamente haber adquirido propiedades en el extranjero con recursos públicos- únicamente tuvo que esperar dos meses y medio para que el Pleno de la Cámara de Diputados aprobara con 366 votos a favor, uno en contra, de Morena y 54 abstenciones, también de Morena y de legisladores de Movimiento Ciudadano (MC), su propuesta.
Un deseo más le fue cumplido a Peña el lunes 14 de diciembre, un día antes de concluir el primer periodo ordinario de sesiones.
Ese mismo día, el dictamen fue enviado al Senado de la República para su “análisis y discusión”.
Sin embargo, legisladores de oposición y desde la academia se advierte que el objetivo de fondo de esta nueva legislación, es la entrega a la inversión privada de los abundantes recursos naturales que se concentran en el sur de nuestro país.
La explotación y ganancias…
En entrevista con Revolución TRESPUNTOCERO, Juan Romero Tenorio, diputado federal de Morena, explicó que a través de la Ley de Zonas Económicas Especiales, el gobierno de Peña Nieto pretende otorgar a la iniciativa privada beneficios fiscales y económicos, en detrimento de una política de economía social que genere más y mejores fuentes de trabajo con la participación de la población, por lo que “hay preocupación porque, de nueva cuenta, es un proyecto que va a concentrar la riqueza en unos cuantos”, dijo.
“Las Zonas Económicas Especiales, como lo señala la propia ley, son zonas que van a asignarse a personas físicas o morales para su construcción, desarrollo, administración y mantenimiento. Son una especie de macro plazas comerciales donde se excluye la participación del sector social; se privilegia una visión económica privatista en zonas que, efectivamente, carecen de infraestructura que les permita un desarrollo económico, pero esta se va a generar en función de objetivos económicos muy específicos que sólo van a beneficiar a los grandes empresarios”, advirtió.
La misma ley especifica que, por ejemplo, será un “administrador general” quien, con base a la asignación que se le haga de una Zona Económica, tenga bajo su encargo supervisar todo lo relacionado a ella, incluyendo los servicios asociados que se necesiten para su buen funcionamiento.
Sin embargo, la ley no señala cómo se elegirán las Zonas Económicas Especiales (ZEE) y sólo delinea criterios para su determinación y asignación en regiones del país que tengan mayores rezagos en materia de desarrollo social y que cumplan con ciertos requisitos.
“Con la serie de propuestas en materia económica que ha presentado el Ejecutivo y que en su mayoría ha aprobado el Congreso, partimos de la idea de que busca que las inversiones sean a través de las Asociaciones Público Privada y que con la Ley de Zonas Económicas se les permita (a los empresarios) tener privilegios en espacios propiedad de la federación, del estado y de los municipios”, abundó.
El también vocero de los diputados de Morena explicó que la ley contempla como “áreas de influencia” a las poblaciones urbanas y rurales cercanas o aledañas a las Zonas Económicas que podrán funcionar como macrocentros de almacenamiento o procesamiento y que se beneficiarán con la vasta oferta de mano de obra barata de las comunidades, por lo que los bajos salarios y las raquíticas condiciones laborales, sería el único atractivo para los vecinos de la región.
El legislador, que funge como secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de San Lázaro, apuntó que las ZEE que se pretenden establecer –en el Puerto Lázaro Cárdenas, en Michoacán; en el de Salina Cruz, Oaxaca; Puerto Chiapas, en la entidad con el mismo nombre y en el de Coatzacoalcos, Veracruz- comparten características en común; por ejemplo, un bajo índice de desarrollo humano.
Pero lo que más llama la atención, es su ubicación estratégica y su amplia concentración de recursos naturales, mismos que serán explotados por las empresas interesadas en participar de este nuevo sistema de integración, pues cualquier tipo de actividad económica puede acceder a este.
“Van a concentrar la administración de los recursos de esa zona incentivando la iniciativa privada a través de una administración integral que se va a ocupar de la construcción de la zona económica, su desarrollo y mantenimiento; es decir, van a hacer grandes bodegas donde van a concentrar la producción que se genere en esas zonas para que sean ellos los que controlen precios o mercados; es una propuesta que concentra y monopoliza, a partir de la producción de toda una zona”, explicó el diputado.
Romero Tenorio agregó que, además, la puesta en marcha de esta propuesta del Ejecutivo no implica que vaya a detonar el desarrollo económico ni la inversión en obra para las zonas elegidas -al menos no en un primer momento- pues ya se cuenta con una “base de desarrollo”; es decir, con infraestructura básica, que se utilizaría para transportar los productos de exportación: la infraestructura portuaria.
Sostuvo que las modificaciones a la Ley General de Bienes Nacionales –que se discutió en diciembre junto con la Ley de Zonas Económicas Especiales en la Cámara de Diputados- permitirán que el gobierno federal instrumente convenios de colaboración para implementar las ZEE y si la federación tiene preferencia sobre la propiedad pública, podrá determinar cómo hacer uso de ésta para impulsar y fortalecer a quienes inviertan en las zonas.
Aunque desde entonces se vislumbraba un escenario complicado, en septiembre pasado, cuando Peña Nieto envió a San Lázaro la propuesta de Ley para la creación de Zonas Económicas Especiales, todavía no detonaba la crisis financiera producto de la caída de los precios del petróleo, que –entre otros motivos- han obligado al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Luis Videgaray Caso, a anunciar importantes recortes presupuestales para este y el próximo año.
Sin embargo, Romero Tenorio es tajante al afirmar que “los recortes no afectan estas propuestas porque lo que se quiere es facilitar el acceso a los recursos naturales y a la mano de obra barata”.
Detalló que, históricamente, los recortes de esta naturaleza afectan programas sociales o institucionales que benefician a la población, como ya se vio en esta ocasión con los recortes a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
“La infraestructura se va a desarrollar a través de las APP y eso da más ganancia, posibilidades y seguridad a la inversión de capitales nacionales o extranjeros para que les permitan desarrollar estas zonas, pero a un costo muy alto para la población, que no es un sujeto incluido en el proceso económico”, advirtió el legislador que también es parte de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
“Las Zonas Económicas, con ley o sin ley, van a desarrollarse porque es un proyecto económico nacional que se implementa en nuestro país y en otros. En el ámbito internacional, el rol que se nos asigna es el de una nación proveedora de materia prima y de mano de obra barata y ese es el esquema que se está consolidando. Toda reforma que se aplica tiene un objetivo y, si vemos en conjunto las reformas que ha hecho el Ejecutivo, tienen esa intencionalidad”, explicó el vocero.
El representante de la Ciudad de México argumentó que, además, persiste un déficit en el fomento a la empresa mexicana pues carecen de incentivos para generar un valor adicional a la materia prima; para convertir los recursos naturales y darle un valor agregado a la gran cadena productiva nacional, por lo que nuestro país permanece como mero ente extractivo lo que, combinado con las nulas condiciones de seguridad en el ámbito laboral, fomenta el centralismo y la especulación económica en lugar de un desarrollo equitativo.
Inviable ocurrencia
El secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en la Cámara de Diputados, Vidal Llerenas Morales, afirmó que su grupo parlamentario se abstuvo de votar la Ley de Zonas Económicas Especiales, porque “nos parece un instrumento con muy pocos márgenes reales, primero, porque no hay inversión pública; es decir, esta iniciativa tendría que haber sido acompañada de un paquete de inversión importante”.
El legislador de Morena y ex asambleísta del Distrito Federal, explicó que la ley carece de una definición clara respecto a la posibilidad de privilegiar la inversión y producción nacional porque el nuestro, es un país que exporta mucho y el contexto internacional actual, en el que se mantiene una importante devaluación del peso mexicano respecto a su tipo de cambio, ha generado caídas a la producción industrial.
En entrevista con Revolución TRESPUNTOCERO, el ex perredista calificó la propuesta de Peña Nieto como una medida apresurada, incompleta y con muy pocas posibilidades reales de éxito, tomando en consideración que en los últimos años, la inversión pública ha caído más de 30%.
“Creo que son inviables si no se invierte o si no se pone atención al contenido nacional; si no se integra tecnología; es decir, hay muchas cosas que tienes que hacer más allá de nada mas decir: ‘vamos a dar incentivos fiscales’, porque además, ni siquiera son claros cuáles incentivos son los que va a tener”, sostuvo el parlamentario.
El diputado federal criticó que en la iniciativa apenas se hable de las condiciones sociales de las comunidades que podrían ser afectadas, de sus usos y costumbres y que no se consideren siquiera la infraestructura que se requiere para realmente hacer competitivas estas zonas, o un análisis serio del impacto que habrá en el entorno con la llegada de las ZEE.
Además, apuntó que aunque en el discurso se dice haber privilegiado a los estados con alta marginación, existen comunidades cercanas que tienen el mismo nivel de desarrollo; sin embargo, por estar ubicadas en la entidad federativa vecina, no pueden ser consideradas siquiera para el proyecto.
“Hace poco tiempo estuve en dos de las zonas y es evidente la falta de inversión en ferrocarriles, en caminos, en puertos. Lugares similares no tienen trato similar. Creo que hubiera sido mejor ver en qué lugar sí tienes condiciones, creo que es un mal intento de reducir diferencias regionales que se tendría que hacer con más inversión en infraestructura, en educación, con mayores instrumentos. Me temo que este será un instrumento que no tendrá alta efectividad; ojalá la tenga pero parece una ocurrencia, es muy tarde en la administración, es muy complicada una iniciativa de esta naturaleza al final de una administración y sobre todo, sin inversión”, puntualizó.
Por si fuera poco, la diferenciación no solo se hace de un estado a otro, sino al interior del mismo, privilegiando únicamente a dos o tres municipios aledaños a las comunidades elegidas para albergar las ZEE.
El legislador de Morena apuntó que falta que el Estado mexicano intervenga en temas fundamentales como el análisis de la manera en que se podrá vincular a las universidades con el sector productivo y otros indispensables como el tema arancelario, pues empresas originarias de países con quienes México no tiene tratados comerciales podrían interesarse en participar en este modelo, por lo que su conclusión apunta a que este, “es un tema mucho más complejo de lo que se quiso hacer”.
Loas en el Senado
Tan solo cuatro meses después de que la Ley de Zonas Económicas Especiales fue aprobada en la Cámara de Diputados, el Senado de la República se dispuso a hacer lo mismo, luego de que el dictamen fuera analizado por cuatro comisiones ordinarias -de Hacienda y Crédito Público, de Comercio y Fomento Industrial; de Población y Desarrollo; y de Estudios Legislativos- y de haber recibido la opinión de dos más: Asuntos Fronterizos Sur y Especial de Productividad.
A pesar de que el jueves pasado apenas se le dio primera lectura al dictamen; es decir, se informó de su aprobación en comisiones y la disposición para ser analizado, se puso inmediatamente a discusión, luego de que la mayoría votara por “dispensar” la segunda lectura.
Cuatro senadores, a nombre de las comisiones dictaminadoras, hablaron por más de media hora de las bondades de esta nueva legislación y el impacto que creen podrá tener en la economía mexicana.
El primero en abordar el tema fue Francisco Yunes Zorrilla, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
El priista sostuvo que esta ley abonará propiciar “condiciones de convergencia económica” en favor de la población del centro y sur de nuestro país, sin perjuicios a “los mexicanos que habitan y generan condiciones productivas en el norte de la entidad”; sin embargo, advirtió de modificaciones en 20 de los 50 artículos que conforman la ley, entre ellos, que será la SHCP la que analice la viabilidad de la creación de las ZEE, mismo que deberá ser aprobado por una comisión intersecretarial y una vez hecho, el Ejecutivo emitirá un decreto en el que se defina el punto geográfico en que se realizará.
Una vez definido este, deberá desarrollarse un programa que obligue la participación de los tres niveles de gobierno “sin atentar contra sus facultades en un marco de cooperación y de convenio”, para generar infraestructura que impacte en áreas como la comunicación, que acerque a los mercados y que permita proveer de los servicios elementales a la región.
“Este programa de desarrollo tendrá que generar recursos y condiciones que permitan avanzar y consolidar el capital humano de la región a través de cadenas tecnológicas de educación superior que permitan especializar el gran talento que existe en estas regiones y posteriormente, generar condiciones de fomento al desarrollo económico generando facilitaciones en todo un conjunto, tanto de licencias como de medidas administrativas, de disposiciones fiscales o aduaneras”, apuntó Yunes Zorrilla.
El veracruzano reconoció que hay diferencias sustanciales en ambas latitudes de México en materia de crecimiento, niveles de pobreza, respecto al porcentaje de la población económica ocupada y en materia de productividad, por lo que la ley permitiría generar mayor infraestructura, superar barreras geográficas con los mercados, generar un mejor valor agregado y “encadenar productivamente” al sur con el dinamismo económico del país.
El presidente de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, el panista Héctor Larios Córdova, coincidió en señalar que existe una enorme brecha entre el norte “que crece a ritmos mayores, incluso que algunos países que asombran al mundo como China”, y el sur del país, donde “el crecimiento, en la mayor parte de los casos, es negativo”.
El panista apuntó que para que el norte deje de padecer las “presiones de la migración del sur” y como “dinero llama dinero y el desarrollo llama desarrollo”, hay que romper el “ciclo perverso” de la pobreza pero “no es transfiriendo más dinero a Chiapas, a Oaxaca y a Guerrero como vamos a romper este ciclo, es haciendo una acción focalizada que genere empleos y puede lograrse a través de una experiencia internacional: las Zonas Económicas Especiales”.
Posteriormente Larios Córdova afirmó que la mayoría de las ZEE en otras partes del mundo (4 mil 200 establecidas en total) han fracasado y advirtió que como el gobierno federal adquirirá terrenos para el desarrollo de las ZEE, podrían generarse conflictos pues “las zonas económicas no son una panacea y a probar esta ley no significa que de ipso facto se generarán empleos”.
El senador Armando Ríos Piter argumentó, a nombre de la Comisión de Población y Desarrollo, que “solamente con la inversión del Estado, con la energía colectiva con la iniciativa privada es posible aprovechar los retos que tenemos de subdesarrollo” pues hasta ahora, el sur “se mantiene como un ancla que sólo se ha pensado como un territorio para atender de manera asistencial”.
Graciela Ortiz González, presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos sostuvo que poner en marcha las Zonas Económicas Especiales implica establecer beneficios fiscales para “obtener beneficios laborales” y un marco regulatorio ágil y competitivo para crear infraestructura de primer nivel.
Informó que la ley establece que los inversionistas que reciban autorización para instalarse en las ZEE podrán realizar actividades de manufactura, de procesamiento, transformación y almacenamiento, así como la “prestación de servicios de soporte a dichas actividades y de otra índole” y añadió que tras la firma del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP), las zonas especiales adquieren mayor relevancia.
La oposición, numéricamente incipiente…
Aunque el resultado de la votación del dictamen en las cuatro comisiones adelantaba el sentido en que se daría en el Pleno, hubo voces que expresaron abiertamente su inconformidad ante la propuesta de Peña Nieto que ya había pasado el filtro de la Cámara de Diputados.
La senadora Dolores Padierna Luna, presentó un voto particular en contra de la iniciativa y recordó que en al menos tres ocasiones –en mayo de 2013, cuando se publicó el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 donde se habla del impulso a la región sur-sureste; en abril de 2014, cuando la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) hizo público el Programa de la Región Sur-Sureste y en diciembre de 2014, cuando Peña anunció la creación de tres ZEE- el Ejecutivo federal ha obviado la atención al sur de México pues cree que emitiendo leyes va a resolver los graves problemas nacionales.
“¿Pero qué hay en el fondo de este tema?, el objetivo real de esta iniciativa no es ni remotamente la reducción de la desigualdad y la pobreza, sino revestir en ese discurso demagógico su verdadero objetivo que es entregar enormes privilegios, más allá de lo aceptable, al capital privado, tanto nacional -siempre y cuando se trate de los grupos financieros- y principalmente al capital extranjero”, dijo la vicecoordinadora de la fracción perredista.
Entre esos privilegios, enumeró el financiamiento de créditos de la banca de desarrollo con tasas de interés preferenciales blandas, el nulo pago de impuestos, de aranceles, la restricción de salarios, créditos fiscales, devolución del IVA, consolidación fiscal, subsidios y la dotación de toda la infraestructura de primer nivel entre la que se incluyen: puertos, aeropuertos y carreteras “que le ha costado mucho al país, pero que ahora se va a regalar a los grupos financieros”.
La legisladora advirtió que se entregarán grandes extensiones de territorio nacional para que los inversionistas se establezcan bajo el argumento de la utilidad pública, lo que se traduce en que se privatizará el territorio nacional con fines de explotación privados; es decir, “se despoja a las comunidades de sus tierras para dárselas a los grupos financieros en una operación de concentración de la riqueza”.
Además, sostuvo que escoger el sureste para la implementación de las ZEE tiene como meollo, sentar las bases del Acuerdo Transpacífico, pues esta zona conectaría directamente para la exportación de mercancías hacia Asia-Pacífico.
“Estas tres zonas económicas se ubican en puertos ya construidos y en operación, con el verdadero propósito de incentivar el comercio exterior vinculado al Acuerdo Comercial Transpacífico que ya firmó el gobierno federal, aunque no lo haya ratificado, bueno, ni siquiera ha recibido el documento el Senado de la República”, dijo la senadora y calificó la ley como incongruente, para después advertir que el establecimiento de incentivos y facilidades fiscales afectará los ingresos de la federación.
“De una manera explícita en el inciso XII de este artículo 33 se establece que pueden operar los servicios de vigilancia, de control de acceso, de tránsito de personas y de mercancías en la zona; es decir, sustituir a la autoridad y superponerse a las municipales. En esas regiones la verdadera autoridad municipal serán las empresas que administrarán las Zonas Económicas Especiales, donde operará un régimen de excepción”, explicó Padierna Luna.
El coordinador de la bancada del Partido del Trabajo (PT), Manuel Bartlett Díaz, advirtió que la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales forma parte de un capítulo más de la destrucción del Estado mexicano y la invasión privatizadora del territorio nacional: “esta ley no es más que la profundización del gran proyecto de Peña Nieto, que no es más que la repetición de los intereses transnacionales que están atrás de él”, dijo.
El político poblano agregó que se viola el artículo 25 de la Constitución que establece que es obligación del Estado programar y tener la rectoría del desarrollo económico del país y en cambio, esta legislación es la claudicación del Estado a esa obligación, al pretender establecer regiones autónomas con toda clase de beneficios para el sector privado.
Bartlett Díaz criticó que se haya apresurado la discusión del dictamen –obviando su segunda lectura- que obliga a los gobiernos de los estados a firmar los convenios con las empresas interesadas en invertir, lo que se traduce en que la rectoría de las zonas pasará directamente a manos de los desarrolladores.
“Este es un proyecto norteamericano, esto está estudiado por las universidades norteamericanas, por el Banco Mundial, el de Desarrollo y está planteado para ser utilizado también en Centroamérica, porque tiene una visión estratégica como la tiene también la Reforma Energética que estableció como prerrogativa de las transnacionales, la disposición, la ocupación temporal -le llaman- del territorio nacional para sus fines”, explicó el coordinador parlamentario.
La senadora independiente Martha Angélica Tagle, sostuvo que la motivación de la iniciativa del Ejecutivo no es espontánea y recordó que la primera mención de las Zonas Económicas Especiales por parte del gobierno federal, se dio a finales de 2014 con el decálogo presentado por el titular del Ejecutivo tras los sucesos de Ayotzinapa.
“De acuerdo al Centro de Investigación para el Desarrollo A.C., la decisión de una empresa para invertir no sólo evalúa los aspectos comunes del modelo de zonas económicas, facilidades fiscales y de infraestructura que se buscan con esta iniciativa, sino toma en consideración toda una serie de características como son: el Estado de derecho. Yo les pregunto, ¿qué podemos decir del Estado de derecho en México?”, cuestionó la legisladora.
Tagle advirtió que en el sur de nuestro país se ubican los estados donde la concentración del ingreso es la más acentuada y con una iniciativa de la naturaleza como la planteada por Peña Nieto, lo único que generará, es mayor concentración de riqueza; además, criticó que bajo el argumento de detonar el crecimiento económico se propicie la explotación de la mano de obra, la destrucción de los ecosistemas y con ello, la devastación ambiental.
La senadora sin partido advirtió que de acuerdo a las consideraciones del dictamen, la implementación de las ZEE generará un manejo político que busca generar dividendos para 2018.
Aunque se presentaron 37 reservas o propuestas de modificación del dictamen, ninguna fue admitida siquiera a discusión y la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales fue aprobada, en lo general, con 89 votos a favor y ocho en contra.
Alerta desde las aulas
Juan Campos Vega, economista e investigador del Centro de Estudios Filosóficos, Políticos y Sociales Lombardo Toledano, argumentó que la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales, bajo el supuesto de que tiene por objetivo coadyuvar al desarrollo de las regiones más atrasadas de nuestro país, en realidad impone condiciones para que el capital externo tenga facilidades legales, impositivas y arancelarias para contratar mano de obra barata y explotar los recursos naturales disponibles en lugares cercanos a los centros de producción económica donde se van a asentar.
En entrevista con Revolución TRESPUNTOCERO, expuso que esta figura se ha popularizado en los últimos años, sobre todo en países en vías de desarrollo o emergentes –incluida China y Cuba- con el único objetivo de atraer inversión extranjera; sin embargo, alertó que la forma en que el gobierno mexicano está tratando de encontrar soluciones al bajo crecimiento económico, podría acarrear mayores problemas que beneficios al país, pues está enfocado al desarrollo del capital y no de la población.
Agregó que las empresas transnacionales saben que en el sur de nuestro país pueden encontrar mano de obra mucho más barata que la de ciudades cercanas a la frontera norte, lo que representa un incentivo de primer orden para ellas.
“Otro elemento que no hay que perder de vista es que esta zona concentra la mayor parte de los recursos naturales renovables y no renovables del país. Esta zona geográfica, es la que estaba diseñada para el Plan Puebla-Panamá, es riquísima en agua, petróleo, en generación de energía eléctrica, maderas y es evidente que este doble propósito: mano de obra barata y recursos naturales disponibles”, detalló el investigador.
Campos Vega subrayó que para que la economía se convierta en desarrollo, es necesario que los recursos se distribuyan de manera más equitativa por lo que, para cuantificar los beneficios que la implementación de las ZEE traerá a la población de la región sur de nuestro país, habrá que esperar a ver el monto de los salarios que les ofrecerán, saber si se respetarán sus derechos laborales o si serán lugares de excepción donde la ley sea tan laxa que prácticamente sea inaplicable; además, sugirió que se ponga especial atención a los daños ambientales que la llegada de todo tipo de industrias podría generar al entorno en materia ambiental.
Sin embargo, adelantó que “no hay una relación directa entre el incremento de la productividad y el incremento a los salarios. Eso es definitivo; además, no debemos olvidar que estas reformas a la Ley Federal del trabajo también implican facilidades para el despido, de tal suerte que las empresas, al asentarse en esta región, van a echar mano de ellas”.
El investigador recordó que ante la fuerte presencia de comunidades indígenas en la zona sur de México, no se debe perder de vista que la entrada de las ZEE no solo implicará un aspecto productivo, sino cultural, en la transformación propia de los pueblos indígenas, pues es ancestral su postura respecto a la protección y cuidado de la tierra, por encima de aquellos que pretenden obtener ganancias en el menor tiempo posible.
Campos Vega apuntó que le llama la atención que en la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales se mencione que instituciones de enseñanza deberán capacitar la mano de obra destinada a trabajar en esas empresas transnacionales; es decir, que se busque implementar una política educativa utilitarista que; sin embargo, “no va a cobrar lo correspondiente al aporte que está haciendo al proceso productivo”.
