(26 de abril, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- La desaparición de los 43 alumnos de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, de Ayotzinapa, ocurrida en septiembre de 2014, en el municipio de Iguala, Guerrero, a manos de elementos de la policía municipal de dicha localidad y de Cocula para entregarlos al crimen organizado –ahora se comprueba que también hubo la intervención de la Policía Federal- se ha convertido en el referente de indignación, violación de derechos humanos y arbitrariedades, en materia de desaparición forzada en nuestro país.
Además, puso en evidencia la desconfianza que el grueso de la ciudadanía tiene de las instituciones que, en teoría, deberían garantizarle acceso a la justicia, a la verdad, y no un proceso de revictimización, como el que diversos defensores de derechos humanos han denunciado que padecen los familiares de las víctimas.
Aunque la sociedad civil -incluida la comunidad internacional- se mantiene pendiente del caso e incluso, ha repudiado en el extranjero el actuar del gobierno federal encabezado por Peña Nieto, desde el Congreso de la Unión, pero en particular desde la Cámara de Diputados, la oposición ha impulsado acciones que tienen por objetivo clarificar los hechos ocurridos la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014; sin embargo, una mayoría oficialista se impone una y otra vez.
El siete de septiembre pasado, diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), enviaron a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) –uno de los órganos de gobierno de la Cámara de Diputados- un oficio a través del que solicitaron la integración de una comisión especial “en torno a los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, a alumnos de la Escuela Normal Rural ‘Raúl Isidro Burgos’”.
Un día después, la Jucopo recibió dos puntos de acuerdo relacionados con el tema.
En el primero, diputados del Grupo Parlamentario de Morena solicitaron la creación de la “Comisión Especial de Seguimiento a las investigaciones relacionadas por los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero” a los normalistas y exhortar a Peña Nieto a que -en términos del acuerdo de colaboración celebrado con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)- prolongara la instancia del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en México.
El segundo, suscrito por el coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano (MC), José Clemente Castañeda, proponía exhortar al Ejecutivo federal a instruir a la Procuraduría General de la República (PGR) a tomar en consideración los hallazgos del GIEI para iniciar una nueva investigación sobre la desaparición forzada de los 43 estudiantes, e iniciar los procedimientos administrativos internos para identificar las omisiones y errores cometidos por funcionarios de la procuraduría en esa investigación.
Pero Castañeda fue más lejos y propuso citar a comparecer a la titular de la PGR, Arely Gómez, para que explicase las razones por las que las investigaciones de la dependencia a su cargo resultaron “a tal grado ineficientes” que el GIEI recomendó un “replanteamiento general de la investigación”.
En el acuerdo de la Junta de Coordinación Política –integrada por los coordinadores y vicecoordinadores de todos los grupos parlamentarios- publicado el 15 de septiembre de 2015 en la Gaceta Parlamentaria, se detalla la aprobación de la creación de la Comisión Especial para continuar las investigaciones y dar seguimiento a los resultados del GIEI relacionados con los hechos ocurridos en Iguala, luego de que los legisladores consideraran que era “conveniente y oportuno”.
En el mismo documento, se especifica que la comisión especial –que por reglamento, carece de facultades de dictaminación- “se extinguirá al cumplir su objeto”; que estará integrada por un diputado de cada uno de los partidos representados en San Lázaro y que “la presidencia de la comisión será rotatoria, por cada año legislativo, entre los tres grupos parlamentarios que cuenten con el mayor número de diputados. El orden de ésta será acordado por la Junta de Coordinación Política”.
En el quinto punto del acuerdo se advierte que si bien las decisiones al interior de la misma deberán tomarse “preferentemente por consenso”, en caso de no lograrse así “las adoptará por mayoría absoluta, conforme el sistema de voto ponderado, en el que cada legislador representa tantos votos como integrantes tenga su grupo parlamentario”, elemento que, como lo ha informado oportunamente Revolución TRESPUNTOCERO, ha servido de justificación para que, por ejemplo, la alianza oficialista integrada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Nueva Alianza (NA) y Encuentro Social (PES) hayan echado abajo la reunión que dicho órgano legislativo ya había acordado con elementos del Ejército mexicano relacionados con las agresiones a los normalistas.
Ese mismo martes, luego de que el acuerdo fue votado y aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados, la primera y hasta ahora única Comisión Especial formalizó su instalación, declarando a la panista María Guadalupe Murguía Gutiérrez como su titular, a pesar de que meses antes –todavía durante la LXII Legislatura- la vicecoordinadora de la bancada del Partido del Trabajo (PT), Lilia Aguilar Gil, acusó al PAN de obstaculizar los trabajos en una comisión similar.
El jueves 30 de abril de 2015 –último día de sesiones ordinarias de la anterior legislatura- la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos publicó un acuerdo en la Gaceta Parlamentaria a través del que declaró extintas las Comisiones Especiales de la LXII Legislatura, entre ellas, la de seguimiento al caso Ayotzinapa.
En mayo de 2015, Lilia Aguilar, entonces legisladora, calificó como un fracaso los trabajos de la Comisión Especial de Seguimiento a las Investigaciones relacionadas con los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, a alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos” aprobada en octubre de 2014 que solamente estuvo activa seis meses y que fue presidida por diputado panista José Guillermo Anaya Llamas.
Aguilar Gil sostuvo que el órgano legislativo del que formaba parte no cumplió con la entrega de un informe final ni con sus objetivos mínimos que eran: con contribuir al esclarecimiento de los hechos y escuchar a los padres de familia de los normalistas desaparecidos.
La entonces diputada petista acusó a Anaya Gutiérrez de obstaculizar los trabajos de la comisión y evitar que la Cámara de Diputados se pronunciara, de manera formal, por la desaparición de los normalistas.
“Fracasó porque ese era el plan original y desgraciadamente, ahí asumo la responsabilidad que nos toca a los legisladores de izquierda, digamos que en un ánimo de confiar en otras fuerzas políticas, permitimos que el letargo, que el tiempo nos ganara en la inactividad que generaban el PRI, el PAN y el Partido Verde”, declaró Aguilar Gil.
Como lo ha informado oportunamente Revolución TRESPUNTOCERO, los trabajos de la comisión especial del caso Ayotzinapa en funciones se han visto enturbiados por la imposición del bloque oficialista y aunque los señalamientos de los diputados de Morena, PRD y MC respecto a las intenciones por coartar el trabajo del mismo no se han hecho esperar, el retiro de los integrantes del GIEI de territorio mexicano pone en la mesa algunas interrogantes cómo qué futuro tendrá la comisión y si habrá intentos por disolverla o, en su caso, modificar sus objetivos.
Torpeza y alto costo político…
Araceli Damián González, diputada de Morena e integrante de la comisión especial sobre la desaparición de los 43 normalistas, declaró que como el objetivo de la misma es dar seguimiento a las recomendaciones del GIEI, en la medida de que estas no se cumplan, hay materia de trabajo para el órgano legislativo.
La legisladora recordó que de acuerdo a los informes de los expertos internacionales, hay temas pendientes que se desprenden de nuevos indicios como la presencia de elementos de la Policía Federal en el ataque a los normalistas, la disputa que se mantiene sobre si se calcinó a un grupo de estudiantes en el basurero de Cocula o si fue a todos; la búsqueda de los estudiantes, la llegada de los resultados pendientes de ADN, luego de que en los primeros análisis realizados por la Universidad de Innsbruck no arrojaran coincidencias con los perfiles de los familiares de los desaparecidos y de ahí, la posibilidad de que se realice una prueba más compleja.
“No podemos cerrar la comisión porque el segundo informe seguramente dará nuevo material al que nosotros tenemos que dar seguimiento. Además, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que buscará un mecanismo para que, de alguna manera, siga coadyuvando el organismo en las investigaciones y habrá que ver cómo será este”, recalcó la legisladora en entrevista con Revolución TRESPUNTOCERO.
La también presidenta de la Comisión de Seguridad Social informó que hasta el momento, no hay indicios de que, a través de un acuerdo político, se impulse la extinción de la comisión especial y subrayó que de suceder, dicho acto tendría un costo político altísimo, porque además de que el gobierno federal no ha resuelto el tema, haría a un lado un órgano legislativo que, aún con limitaciones, ha ayudado a que la sociedad conozca otra parte de los hechos.
“Sería una torpeza que la Junta de Coordinación Política hiciera un acto como ese”, subrayó.
Sin embargo, la legisladora advirtió que cabe la posibilidad de que se reformulen los objetivos de la comisión, tomando como base el informe final que el GIEI entregó el domingo pasado.
Consultado sobre la misma posibilidad, el diputado del PRI, Víctor Manuel Silva, secretario de la Comisión Especial de Seguimiento al caso Ayotzinapa, afirmó que la decisión de disolver o modificar los objetivos de la comisión, será de los coordinadores parlamentarios.
El legislador informó que una vez que el GIEI entregue el informe a la PGR, la comisión estará en posibilidades de solicitar una copia para analizarlo y determinar si es “conveniente” reunirse con los expertos durante el plazo que tienen autorizado permanecer en nuestro país o, en su caso, únicamente dar seguimiento a las recomendaciones que se hagan a la PGR.
Cuestionado respecto a la posibilidad de que la bancada priista impulse el término de los trabajos de la única comisión especial en San Lázaro, Silva argumentó: “bueno, nosotros tendríamos que ver, de manera muy puntual si hay materia para que siga existiendo la comisión y eso, finalmente, nos lo va a determinar el informe, el contenido que tenga, si hay nuevas líneas de seguimiento (…) (esperaremos) las líneas del informe del GIEI para poder estar en condiciones de saber si tiene una temporalidad mayor esta comisión o si sus objetivos son redimensionados”.
Sin calidad moral…
Como se señaló en líneas previas, el acuerdo de conformación de la Comisión Especial de seguimiento al caso Ayotzinapa, especifica que la presidencia de la misma deberá ser rotativa, por lo que si dicho órgano sobrevive hasta septiembre próximo, diputados del PRI o del PRD –según lo acuerde la Jucopo- deberán encabezar sus trabajos.
Sin embargo, de acuerdo a la diputada Damián González, esta posibilidad representa un conflicto de intereses, pues los legisladores posibilitados para ello son integrantes de partidos políticos que tuvieron, en cierta medida, responsabilidades en la desaparición de los normalistas a través del gobierno municipal, estatal y federal.
“Sería deseable que la Jucopo tomara en cuenta que hay un problema de conflicto de intereses; el PRI no podría encabezar esa comisión porque sabemos que está obstruyendo los trabajos de la misma, acorde a los intereses del propio gobierno federal de quien se está poniendo en tela de juicio la actuación. En el caso del PRD, hay conflicto de interés porque el exgobernador, Ángel Aguirre y el expresidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, eran miembros de ese partido”, explicó la diputada.
La investigadora sostuvo que los únicos integrantes de la comisión con calidad moral para encabezar los trabajos de la misma son los legisladores de Morena y Movimiento Ciudadano, toda vez que el Partido Verde, NA y PES también han obstruido los trabajos de ese órgano legislativo.
Ante el argumento específico incluido en el acuerdo, respecto de que serán los tres grupos parlamentarios con mayor representación quienes podrían presidir la comisión, Araceli Damián enfatizó que la credibilidad de la misma no tendría que depender de un razonamiento jurídico, sino de que los partidos reconozcan que hay conflicto de intereses y privilegien la certeza de que los trabajos se llevarán a cabo de manera imparcial.
“Sería bastante parcial el actuar de otros grupos parlamentarios, cuando funcionarios, tanto del gobierno municipal, estatal y federal, son los que están siendo cuestionados”, destacó.
Comisión de la Verdad, una alternativa
En septiembre de 2015, a escasos 15 días de haberse instalado la LXIII Legislatura, el diputado José Clemente Castañeda, coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, presentó una iniciativa para expedir la Ley que crea la Comisión de la Verdad sobre la Desaparición de los 43 estudiantes Ayotzinapa.
En el texto para fundamentar la iniciativa, el legislador argumenta que “frente a los antecedentes que han envuelto a la investigación de los hechos ocurridos en Ayotzinapa, la desconfianza de los ciudadanos ante las autoridades crece día con día, sin que deje de generarse un clima de miedo e inseguridad. Ante ello, consideramos que el pueblo de México no depositaría su confianza sobre el esclarecimiento de la verdad en una Fiscalía Especial creada ex professo para el caso, debido a las graves deficiencias en la investigación”, por lo que urgió a diseñar mecanismos del Estado con amplias facultades para esclarecer lo ocurrido en Iguala en septiembre de 2014.
La creación de una Comisión de la Verdad, como organismo público, con autonomía y facultades extraordinarias para investigar todo lo relacionado con las violaciones a los derechos humanos y los hechos delictivos que rodearon a la desaparición de los normalistas, fue su propuesta en concreto.
En diversas circunstancias, la CIDH como la Corte Interamericana de Derechos Humanos han resaltado la importancia de las comisiones de la verdad, como un mecanismo extrajudicial de justicia transicional, orientado al esclarecimiento de situaciones de violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos.
En su propuesta, detalla que dicha comisión contará con un Comité para la Reparación del Daño a las Víctimas del Caso Ayotzinapa, órgano que tendrá bajo su encargo dar atención -en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), a cuyos funcionarios la viuda de Julio César Mondragón, uno de los normalistas asesinados ya acusado de diversas irregularidades- a todas las víctimas y resarcir, en la mayor medida posible, el daño padecido.
Sin embargo, en el texto, el coordinador parlamentario reconoce que aunque por sus características, las comisiones de la verdad tienen un alcance limitado en términos de temporalidad como respecto a los hechos que les ocupan, sus acotaciones graves se deben al status jurídico que posean, según el mecanismo por el que son creadas, tienen mayor o menor posibilidad de éxito, “en la medida en que puedan o no incorporar a la sociedad civil organizada en la misma, y en las facultades jurídicas que se les atribuyan”.
Por ello, en la iniciativa se explica que la comisión será un organismo de interés público, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tendrá como finalidad garantizar al más alto nivel y con los mayores recursos del Estado, la búsqueda con vida de los 43 estudiantes desaparecidos o el conocimiento de la verdad material sobre el último destino de los cuerpos de cada uno de ellos; garantizar el derecho irrenunciable a la verdad de las víctimas y del pueblo de México sobre las violaciones a los derechos humanos ocurridas en torno a la desaparición y garantizar la reparación completa del daño a cada una de las víctimas.
Cabe señalar que es el primer documento legislativo en el que se resalta la importancia de buscar a los estudiantes desaparecidos con vida.
La propuesta de Castañeda pretende otorgar a la Comisión de la Verdad facultades para investigar hechos de naturaleza jurídica, social, política, forense, documental o de cualquier otra índole, así como para realizar investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos y “la probable comisión de hechos constitutivos de delitos, incluidos los de lesa humanidad”.
También se propone que la comisión tenga posibilidades de suscribir convenios de colaboración con organismos nacionales o internacionales para el cumplimiento de sus labores y 16 atribuciones más.
En entrevista con Revolución TRESPUNTOCERO, José Clemente Castañeda explicó que el pleno de la comisión que propone estaría conformado por cinco comisionados: tres especialistas en derechos humanos, búsqueda de personas desaparecidas, antropología forense, psicología o especialidades equivalentes, propuestos por universidades públicas y organismos nacionales o internacionales de derechos humanos y dos más en representación de las víctimas, a propuesta de organizaciones no gubernamentales o por los familiares de los estudiantes.
Además, se requerirá que ninguno de los comisionados sea o haya sido dirigente o miembro de partido político u organización política, así como no estar vinculado con los hechos o los actores objeto de la investigación.
“Esta comisión debe tener recursos propios, autonomía de gestión e independencia para realizar sus investigaciones, que debe regirse bajo el principio de máxima publicidad; es decir, todas sus sesiones tendrán que ser transmitidas en cadena nacional y además, tendrá una estructura ejecutiva”, detalló el diputado federal.
La propuesta incluye la creación de un comité para la búsqueda con vida de los 43, mismo que será el encargado de coordinar estos trabajos a nivel nacional e internacional.
Sin embargo, para su funcionamiento se establece un plazo legal de 12 meses, a partir de su instauración, aunque podrán prorrogarse sus funciones por seis meses más, previa aprobación de la Cámara de Diputados.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Gobernación donde, según su proponente, “está congelada”.
“En algún momento existió la intensión, por parte de algunos miembros de la comisión, de dictaminarla en sentido negativo; sin embargo, la Comisión de Gobernación todavía no ha tomado una decisión al respecto. Me parece que en este momento, la Comisión de la Verdad es más pertinente que nunca”, sostuvo el coordinador parlamentario.
Aunque no identificó explícitamente a algún diputado en particular como interesado en desechar su propuesta, agregó que “no hace falta indagar mucho para saber que a quienes más les incomoda la verdad, es a quienes ostentan las instituciones del gobierno que hasta ahora han sido completamente fallidas”.
Cuestionado sobre la posibilidad de que en la Junta de Coordinación Política –de la que forma parte en su calidad de coordinador de los diputados de MC- se haya perfilado algún intento de diluir la comisión especial, Castañeda declaró: “yo no tengo conocimiento de que haya la intensión de eliminar o diluir la comisión especial, por el momento; sin embargo, tampoco descarto que esto pudiera ocurrir o pudiera ser empujado por los grupos parlamentarios que sienten que tienen que defender de oficio la ineptitud del Poder Ejecutivo”.
El legislador apuntó que si la Jucopo se inclinara por concluir la vigencia de la Comisión Especial de seguimiento al caso Ayotzinapa cuando todavía no se haya accedido a la verdad, sería el momento ideal para retomar su iniciativa.
“Apelaría no solo a la sensibilidad política que deben tener todos los grupos parlamentarios, independientemente de que formen parte del bloque gobernante o no; sino que además, apelaría a la presión de la opinión pública nacional y hoy también internacional (…) Hoy el tema de los 43, es un tema que no sólo le duele a los mexicanos; sino que ha alarmado a la comunidad internacional y esto debe obligar al Poder Legislativo a tomar decisiones mucho más enérgicas y más firmes y una de esas decisiones, puede ser la Comisión de la Verdad”, concluyó.
Cabe señalar que en nuestro país, ya hay antecedentes respecto a la creación de Comisiones de la Verdad en Guerrero y Oaxaca.
La Ley que dio vida a la Comisión de la Verdad para la investigación de las violaciones a los derechos humanos durante la guerra sucia de los años 60 y 70 del estado de Guerrero fue publicada el 20 de marzo del año 2012.
El 15 de octubre de 2014 –a pocos días de ocurrida la desaparición de los normalistas- esta comisión presentó su informe final en que llegó a la conclusión de que existió una política de Estado generalizada para aniquilar segmentos de la población guerrerense que las fuerzas del Estado consideraban peligrosas, por lo que torturaron, realizaron ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas.
En octubre de 2013, se publicó la Ley para la creación de la Comisión de la Verdad para investigar las violaciones a derechos humanos en el conflicto suscitado entre 2006 y 2007. Actualmente, el padre Alejandro Solalinde, defensor de derechos humanos, encabeza dicho órgano.
