Este domingo, en los Reyes La Paz, la precandidata de Morena a la gubernatura del estado de México, Delfina Gómez Álvarez, exigió que “antes que la precandidata panista Josefina Vázquez Mota inicie campaña electoral debe aclarar los más de mil millones de pesos que el gobierno federal destinó a su fundación Juntos Podemos.
Tendría que hacer esa aclaración de dónde fueron a parar los millones de pesos que le entregó (el presidente) Enrique Peña Nieto, sobre todo por el mensaje que se manda a la ciudadanía”, señaló.
A su vez, agregó, “si hablamos de transparencia y de la corresponsabilidad que tienen los ciudadanos, es importante aclarar, y no sólo ella, sino todos los precandidatos o candidatos; es válido”. Gómez Álvarez insistió en que “si se quiere empezar realmente bien, realmente aplicar la transparencia, la rendición de cuentas, tenemos que empezar con el ejemplo, y nos toca a todos los que aspiramos” a un puesto de elección popular.
Al ser cuestionada sobre el registro de la precandidatura de Josefina Vázquez, durante una gira proselitista por este municipio la precandidata de Morena sostuvo que es bueno que una mujer se registre. “Es tiempo de las mujeres, que den esa oportunidad; si bien ya han hecho y han abierto brecha en diferentes profesiones y en la vida misma, es tiempo de que gobierne una mujer”, expresó.
Además, enfatizó que “son mentiras los señalamientos que tiene supuestos vínculos con el crimen organizado. Es totalmente falso y no quiero darle más atención a ese tema. Los ciudadanos tienen la preocupación y ese deseo de ser escuchados, de ser atendidos y que se les dé solución a sus problemas, y creo que como candidata en su momento haré propuestas y plantearé soluciones.
Ya están muy PRIocupados, y que bueno que le tengan miedo a una mujer, a una ciudadana, que le tengan miedo a Morena. El PRIAN no sólo le tiene miedo a Delfina, sino a las voces ciudadanas que puedo transmitir”, manifestó.
Ocho meses de la masacre en Nochixtlán, continúan sin esclarecerse los hechos y se ha criminalizado a las víctimas: DDHPO
Han pasado ya ocho meses del intento de desalojo en la comunidad oaxaqueña de Asunción Nochixtlán, por parte de la gendarmería y policías municipales y estatales, la cual dejó ocho muertos y más de cien heridos de bala, y aún hoy continúa sin esclarecerse lo ocurrido y sin fincarse responsabilidades. Sumado a ello existe un clima de criminalización hacia las propias víctimas y los defensores de derechos humanos.
Sobre el tema, Arturo Peimbert Calvo, titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, expresa en entrevista con La Jornada, menciona: ‘‘Recientemente he vivido algunos acontecimientos que me hacen dudar sobre mi seguridad jurídica y personal. La falta de capacidad de las instituciones mexicanas para lograr una investigación diáfana, que permita dar con los responsables’’, es la que ha hecho que se generen esas corrientes de opinión criminalizantes contra víctimas y defensores.
Cabe resaltar que, uno de los episodios fundamentales en los cuales el ombudsman oaxaqueño participó en Nochixtlán fue la entrega de policías federales retenidos durante dos días por pobladores, a cambio de habitantes locales que habían sido detenidos.
El 19 de junio pasado, en el panteón municipal de Nochixtlán asistían a un entierro mientras ocurría el intento de desalojo. Hasta ahí llegaron elementos de las policías Federal y estatal y se llevaron detenidas a más de 20 personas que despedían al difunto. Las trasladaron a la ciudad de Oaxaca y las retuvieron en un cuartel, donde recibieron ‘‘tratos crueles, indignos y degradantes’’, narra Peimbert.
En tanto, en Nochixtlán, los pobladores retuvieron a policías federales en la parroquia del pueblo. La vida de los agentes estaba en riesgo debido a los ánimos exacerbados de los pobladores; ‘‘por tanto nos dimos a la tarea de hacer todas las gestiones para lograr que estuvieran a salvo por medio de la interlocución y mediación tanto con los diferentes niveles de gobierno como con la población civil y la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE)’’.
Gracias a esa interlocución, sigue Peimbert, ‘‘logramos una muy difícil entrega de tres policías, de los cuales certificamos su estado de salud, el tipo de lesiones que tenían (no percibimos que fuesen graves, pero sí había lesiones), recibimos los testimonios de los agentes y logramos su liberación’’, continúa el defensor de derechos humanos.
Durante el proceso de entrega de los policías a las autoridades estuvo presente personal de la oficina del Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas, así como el arzobispo de Oaxaca, José Luis Chávez Botello, y el mando estatal de la Policía Federal. Un proceso parecido ocurrió al recibir a los más de 20 pobladores detenidos: registraron sus nombres y rostros, y certificaron sus lesiones.
Uno de los puntos que se investigan es la presencia de civiles armados que supuestamente dispararon contra la población. Peimbert explica que se averigua si se cometieron delitos de lesa humanidad, como han solicitado las víctimas. Entre las violaciones a derechos estarían ‘‘la falta de acceso a los servicios de salud y la deliberada acción u omisión de actores del Estado para que no se pudieran dar esos servicios o se dieran de modo deficiente.
‘‘Lo estamos trabajando de manera concomitante con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) e informando a los organismos internacionales, como la ONU, sobre nuestras investigaciones. Hoy, la Comisión Nacional sustenta la tutoriedad de este proceso, como mandata la ley, y por primera vez en esta investigación lo acompañan los tres niveles de derechos humanos.’’
