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México dentro de los 5 países más violentos para los defensores de la tierra y el medio ambiente, un nuevo campo de batalla para los derechos humanos

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Opositor a la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), El ingeniero Jesús Javier Ramos Arreola, fue ejecutado en su casa ubicada en Tlalmanalco, Estado de México el pasado viernes 28 de septiembre, quien recibió un disparo en la cabeza y más tarde falleció en un hospital.

Ramos Arreola era conocido por defender el cerro del Tenayo, que ha sido explotado para sacar material petróleo para la construcción del NAIM, que la misma comunidad de Tlalmanalco denuncian por sobreexplotación del cerro, destrucción de vestigios arqueológicos y desaparición de recursos naturales. 

Por su parte, la Sociedad Geológica Mexicana dio a conocer en un informe, que la manipulación del cerro del Tenayo implica un importante riesgo para sus habitantes debido a que el terreno es propenso a derrumbes, por lo que recomendaron evitar construcciones o modificaciones.

Según el Centro de Derechos Humanos Zeferino, la víctima recibió amenazas de muerte luego de sumarse a la Plataforma Organizativa de Pueblos contra el Nuevo Aeropuerto y la Aerotrópolis. 

El Centro de Derechos Humanos, exigió una investigación imparcial para dar con los responsables del crimen.

Comunicado por el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero

México, uno de los países con mayor número de agresiones a Defensores del medio ambiente

México está dentro de los 5 países más violentos para las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente. Los activistas mexicanos y sus familias también enfrentan amenazas, ataques, vigilancia y hostigamiento.

La organización Onu-DH México y de Ben Leather de Global Witnes, ha documentado el asesinato de al menos diez personas defensoras en México, hasta el mes de marzo. 

De acuerdo con datos de la ONU Medio Ambiente, en 2017, cuatro personas fueron asesinadas cada semana por defender su derecho a un medio ambiente limpio y saludable y entre el 2002 y 2013, 908 personas murieron defendiendo el medio ambiente y la tierra en 35 países.

Este año, la ONU Medio Ambiente lanzó en Ginebra una Iniciativa Derechos Ambientales para hacer frente a las amenazas, la intimidación, el acoso y el continuo asesinato de defensores del medio ambiente en todo el mundo que tiene como objetivo ayudar a las personas a comprender mejor sus derechos y a defenderlos, y asistirá a los Estados a salvaguardar los derechos ambientales.

Para inicios del año de 2018, según documentó de la ONG Global Witness, entre 40% y 50% de los 197 defensores asesinados en 2017 provenían de comunidades indígenas y locales.

Muchas más personas fueron hostigadas, intimidadas y obligadas a abandonar sus tierras. Al menos 60% de los crímenes ocurrieron en América Latina y el Caribe, una región rica en recursos naturales que desde hace años ocupa el primer lugar entre las zonas más peligrosas del mundo para los defensores del medio ambiente.

La organización Global Witness, ha expresado que la mayoría de los defensores de tierras son quienes se niegan a ceder sus derechos para la imposición de proyectos empresariales, como lo ocurrido en el estado de México. 

Con todos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, desde 2011 el aumento anual continuo de ataques se sitúan en Chihuahua, Guerrero y Oaxaca, estas entidades se consideran como las más peligrosas para la defensa de Derechos Humanos. 

Entre junio 2016 y mayo 2017, se documentaron 11 ejecuciones extrajudiciales de defensores de la tierra, según el documento “Defender los DH en México: La ejecución extrajudicial como respuesta del Estado. ACUDDEH, 2017”

 

“Las violaciones de los derechos ambientales tienen un profundo impacto en una amplia variedad de derechos humanos, incluidos los derechos a la vida, la autodeterminación, los alimentos, el agua, la salud, el saneamiento o la vivienda, o derechos culturales, civiles y políticos” ( Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein.)

 

La forma de criminalizar a los defensores de la tierra, el territorio y el medio ambiente

 

En el documento “Defender la Vida. Personas defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente en riesgo” establece las formas que ponen en riesgo a las defensoras del medio ambiente. 

Estos son los procedimientos más comunes para intimidar a los defensores de derechos ambientales, que son los dueños de la tierra y del territorio en defensa: 

  1. Los activistas reciben amenazas de muerte ataques y hostigamientos, además que involucrar a su familia.
  2. Seguimientos cuando están trasladándose de su casa a otros lugares. 
  3. Son difamados al señalarlos como opositores al desarrollo, al negarse a ceder los derechos de sus tierras.  
  4. Amenazas de encarcelamiento, arrestos y hostigamiento judicial.
  5. Detención arbitraria, sin orden de aprehensión y, en muchas de las ocasiones no son presentados ante el Ministerio Público. 
  6. Enfrentan las demandas interpuestas por las empresas internacionales que disuelve la organización de las comunidades. 

Por su parte, en el Informe del Relator Especial de la situación de Defensores de Derechos Humanos en México,  establece que es obligación del Estado, bajo la ley internacional, es garantizar que las personas defensoras de Derechos Humanos puedan llevar acabo su activismo de manera segura, pues quienes defienden la tierra y el medio ambiente enfrentan riesgos específicos y más elevados, debido a que tocan intereses de las empresas.

Otros organismos internacionales en materia de defensa de Derechos Humanos, destacan que la impunidad contribuye a perpetuar la situación de riesgo que viven las personas defensoras de derechos. 

De acuerdo a PBI México (Peace brigades International), se estipulan diversas recomendaciones al Estado Mexicano debido a la situación grave de violación de Derechos Humanos, entre las recomendaciones están:

  1. Firmar y ratificar el Protocolo Opcional del Convenio sobre derechos económicos, sociales y culturales.
  2. Prevenir los ataque contra las personas defensoras de derechos humanos y atienda al problema de impunidad. 
  3. Instalación de fiscalías o unidades especializadas para establecer un protocolo específico para los delitos cometidos contra las personas defensoras de derechos humanos. 
  4. Llevar a cabo evaluaciones periódicas de las medidas que se otorgan a las personas defensoras de la tierra, territorio y medioambiente.
  5. Garantizar que la legislación que regula a la explotación de los bienes naturales incluya mecanismos efectivos de consulta.
  6. Garantizar la participación de las comunidades afectadas y pueblos indígenas en la planeación de las políticas y programas de desarrollo nacionales y estatales y en general, de cualquier medida que afecte de manera significativa sus modos de vida.
  7. Solicitar a las empresas con sede en sus países una evaluación de impacto en los derechos humanos, en las etapas previas al desarrollo del proyecto, y que esta se publique ampliamente.

 

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