La Comisión de Comunicaciones y Transportes analiza reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a fin de establecer con claridad las sanciones para las concesionarias telefónicas que incumplan con la obligación de bloquear las llamadas provenientes de los centros penitenciarios.
Se plantea que se aplique una multa equivalente de 1.1 a 4 por ciento de los ingresos del concesionario o autorizado que incumpla con esa obligación, y en caso de reincidencia reiterada, la revocación de las concesiones.
Se estipula que alrededor de 3.7 millones de llamadas al año desde teléfonos celulares y casetas fijas en cárceles federales y estatales, las cuales en su mayoría son para extorsionar, según un informe del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT); incluso, cada semana, en un solo penal, se realizan hasta 219 mil 700 llamadas. En algunos centros penitenciarios estatales se hacen en siete días más de 43 mil llamadas, usando solamente 90 equipos, y en federales más de 19 mil, con igual número de equipos.
Dado el escenario, los concesionarios de telecomunicaciones “deberán colaborar con las autoridades competentes, para que, en el ámbito técnico-operativo, se cancelen o anulen, de manera permanente, las señales de telefonía celular, de radiocomunicación o de transmisión de datos o imagen, dentro del perímetro de los centros de readaptación social, establecimientos penitenciarios o de internamiento para menores, ya sean federales o de las entidades federativas, cualquiera que sea su denominación”.
Además, tendrán la obligación de bloquear las llamadas que salgan de los centros de readaptación social y penitenciarios, pero no se satisface a cabalidad y el IFT tiene la responsabilidad de exigirles la observancia de este compromiso o, en caso contrario, “tomar la medidas necesarias para que se dé cumplimiento a lo mandatado por la ley, lo que traería consigo la disminución considerable, a medio plazo, de la extorsión por medio de llamadas telefónicas”.
De aprobarse, las multas serían ejecutadas por el Servicio de Administración Tributaria y el importe obtenido se destinaría al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral de las Víctimas que contempla la ley.
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