En un golpe contundente contra la impunidad de las élites económicas y los esquemas de evasión fiscal que desangran al erario público, un juez de control dictó auto de vinculación a proceso en contra del empresario Alejandro Mario Álvarez Puga.
El imputado es señalado por su probable participación en el delito de defraudación fiscal equiparada por un monto que asciende a 4 millones 618 mil 798 pesos, correspondiente a la omisión del pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) en el ejercicio fiscal 2016.
Ante la gravedad del daño patrimonial causado a la Federación, el impartidor de justicia le impuso la medida cautelar de prisión preventiva y fijó un plazo de cuatro meses para el desarrollo de la investigación complementaria.
La captura de Alejandro Álvarez Puga se concretó tras un operativo coordinado entre elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Marina (Semar) en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo.
La Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOC) fue la encargada de presentar los datos de prueba idóneos para sepultar los intentos de la defensa por evitar el proceso penal.
Si bien las autoridades precisaron que este caso en particular es independiente de la megaestafa de las empresas factureras, el apellido evoca directamente uno de los desfalcos más descarados de la historia reciente de los espectáculos y el poder corporativo.
Alejandro es hermano de Víctor Manuel Álvarez Puga y cuñado de la exconductora de televisión Inés Gómez Mont, personajes prófugos desde 2021 y acusados de delincuencia organizada y lavado de dinero por un fraude fiscal superior a los 2 mil 900 millones de pesos.
Respecto a esta red de corrupción, la FGR actualizó que Víctor Álvarez Puga fue detenido con fines migratorios en Estados Unidos en septiembre de 2025 y, aunque actualmente goza de libertad bajo fianza con un grillete de geolocalización, su próxima audiencia está programada para noviembre de 2026.
Las autoridades mexicanas informaron que continúan robusteciendo las solicitudes formales de extradición tanto para él como para Gómez Mont, cumpliendo con las exigencias del Departamento de Justicia estadounidense para traerlos de vuelta a México y hacer que rindan cuentas ante el pueblo.
