- El caso cobró relevancia nacional después de que la denuncia fuera difundida públicamente y de que se conociera un video en el que presuntamente se observa una agresión ocurrida en un domicilio de Morelos
La situación jurídica de Víctor “N”, exdirector general de Petróleos Mexicanos, será definida este lunes durante la audiencia en la que una jueza de control determinará si existen elementos suficientes para vincularlo a proceso por los presuntos delitos de violencia familiar y violencia vicaria en agravio de su esposa y de su hijo menor de edad. El exfuncionario permanece recluido desde el 8 de julio en el Centro de Reinserción Social de Atlacholoaya, en el municipio de Xochitepec, Morelos, bajo la medida cautelar de prisión preventiva justificada.
La investigación es encabezada por la Fiscalía General del Estado de Morelos, que sostiene que las agresiones denunciadas ocurrieron en el ámbito familiar y presentó los datos de prueba correspondientes durante la audiencia inicial. La defensa del imputado rechazó las acusaciones y solicitó que el proceso se enfrentara bajo una medida cautelar distinta; sin embargo, la autoridad judicial determinó mantener la prisión preventiva mientras continúa el procedimiento.
El caso cobró relevancia nacional después de que la denuncia fuera difundida públicamente y de que se conociera un video en el que presuntamente se observa una agresión ocurrida en un domicilio de Morelos. La carpeta de investigación contempla los posibles delitos de violencia familiar y violencia vicaria, figuras previstas en la legislación mexicana para sancionar conductas que afectan a integrantes del núcleo familiar y, en este último caso, aquellas dirigidas a causar daño a una persona mediante sus hijas o hijos.
Durante la audiencia programada para este 13 de julio, la juzgadora resolverá si los elementos presentados por el Ministerio Público permiten iniciar formalmente el proceso penal. En caso de una vinculación a proceso, la investigación complementaria continuará dentro de los plazos que establezca la autoridad judicial, mientras el imputado conservará la presunción de inocencia hasta que exista una sentencia definitiva.
