(13 de febrero, 2019. Revolución TRESPUNTOCERO).- La lucha contra la corrupción se ha convertido en el máximo estandarte del Gobierno de México, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, quien personalmente le ha dado seguimiento al tema, desde todos los ámbitos y se ha mantenido informando al respecto durante sus conferencias matutinas en Palacio Nacional.
Este martes no fue la excepción pues a raíz de la búsqueda que su administración ha emprendido por la independencia energética, han encontrado irregularidades y actos que, aunque no sean precisamente ilegales, él los ha catalogado de inmorales.
También, bajo la misma lógica, ha instruido a los miembros de su gabinete a transparentar sus bienes patrimoniales, esto, con la intensión de evitar el enriquecimiento a través de los cargos públicos, como ha sucedido en sexenios anteriores.
Durante el acto, el mandatario informó que, al término de sus funciones en el servicio público federal, las y los funcionarios que busquen integrarse a la iniciativa privada tendrán un impedimento legal de 10 años con el fin de evitar más casos de corrupción e influyentismo como los ocurridos desde la Comisión Federal de Electricidad.
En ese sentido señaló que el combate a la corrupción se encuentra vinculado con la transparencia en todos los ámbitos de la vida pública: “Para que la gente defienda que debe haber honestidad, lo primero es que estén informados”.
En consecuencia, dijo que desde el Gobierno de México se mantiene la política de transparentar por completo las declaraciones patrimoniales de las y los servidores públicos:
“Ya todos los servidores públicos de este gobierno han dado a conocer sus bienes y están a la vista de todos los mexicanos. Todos han cumplido con este compromiso. “Yo tengo que agradecerles mucho a todos los servidores públicos que por primera vez en la historia dan a conocer sus bienes, por primera vez en la historia de México se hace esto”, apuntó.
Recordó que la normatividad vigente no obliga a los funcionarios a transparentar su declaración de bienes. Sin embargo, por instrucciones del propio Ejecutivo deberán hacerlo si desean permanecer en el servicio público.
Además, agregó que ya están trabajando en una iniciativa para que esto se vuelva una obligación y no se quede en un acto de buena voluntad.
“Hay una iniciativa que enviamos, que está en la Cámara de Diputados, que es la Ley de Austeridad Republicana en donde ya se establece que se transparenten los patrimonios. Entonces, antes de que se apruebe esa ley, y aprovecho para pedir a los legisladores que se atienda esta iniciativa, con todo respeto, antes de que se apruebe ya estamos cumpliendo”, refirió.
En tanto, indicó que su administración tomará medidas para que no vuelvan a presentarse de quienes abusaron de su encargo público para saltar a empresas privadas del mismo ramo.
“Lo mismo se va a hacer con los funcionarios públicos que terminan su desempeño en un cargo y luego pasan, chapulines fifís, brincan, chapulines conservadores, a trabajar a las empresas relacionadas con ellos, con el desempeño que tenían, como lo vimos ayer en el caso del sector energético.
“Ningún funcionario público va a poder hacer lo que se venía haciendo, que se pasaban a las empresas particulares. Ahora va a haber una veda de 10 años de acuerdo con la ley. Está ya también en la Ley de Austeridad”, aclaró.
La nueva política, señaló el mandatario, es “castigar los errores del pasado, pero lo más importante es prevenir los delitos del futuro”, por lo que “ofrezco disculpas por las molestias que esto ocasiona, pero para acabar con la corrupción hay que exponer estos casos”.
De acuerdo con las declaraciones de la titular de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, los 19 titulares de las Secretarías de Estado y el Consejero Jurídico del Gobierno de México, encabezado por el Presidente de México, presentaron e hicieron pública la información sobre sus patrimonios y sus posibles conflictos de interés.
“El cien por ciento de los integrantes del gabinete del Gobierno de México cumplió con el llamado del presidente Andrés Manuel López Obrador de transparentar sus declaraciones patrimoniales y de conflicto de intereses, a pesar de que tenemos la prerrogativa de optar por no hacerlo”, afirmó.
De igual manera, dijo que, la totalidad de los 32 delegados estatales del Plan Integral de Desarrollo del Gobierno de México y su coordinador general presentaron e hicieron públicos sus datos patrimoniales y de posible conflicto de interés.
Respecto a DeclaraNet, la plataforma electrónica en donde los servidores públicos presentan su declaración, la secretaria subrayó que es un sistema que proviene de un régimen anterior, por tal motivo, permite que mucha información se mantenga oculta.
“La mejor estrategia para combatir la corrupción es generar una nueva ética pública. Las estrategias preventivas, más que las punitivas, son más impactantes, con mejores resultados, y una herramienta fundamental para ello es la transparencia total”, puntualizó.
Asimismo, hizo énfasis en que la iniciativa de Ley Federal de Austeridad Republicana que el Presidente envió al Congreso de la Unión establece una separación categórica entre la función pública y los intereses particulares.
Por ello, para ocupar cualquier empleo o cargo público, la iniciativa de ley propone que las personas interesadas estén obligadas a separarse legalmente de los intereses económicos en los que estén relacionados o afecten de manera directa el ejercicio de sus responsabilidades públicas.
Esta es la primera vez en la historia que el Gobierno de México transparenta las declaraciones patrimoniales de inicio de los integrantes de su gabinete. En la administración 2012-2018 ningún funcionario lo hizo. En el caso del gobierno de 2006-2012, sólo cuatro integrantes del gabinete, el 21 %, transparentaron su patrimonio, mientras que los restantes 15 no lo hicieron. En la administración 2000-2006 sólo un integrante del gabinete, lo que representa el 5.5 %, hizo públicos sus datos patrimoniales.
En publicaciones anteriores este medio informo sobre los hallazgos que el nuevo gobierno tiene en torno a un posible conflicto de intereses. Entre los involucrados destacan, José Córdoba Montoya; Jesús Reyes Heroles González Garza; Carlos Ruiz Sacristán; Luis Téllez, Alfredo Elías Ayub; Felipe Calderón Hinojosa; Georgina Kessel Martínez; Jordy Herrera Flores, Alejandro Fleming Kauffman y Pedro Aspe Armella, todos funcionarios en las administraciones de los ex presidentes Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón.
Sobre el tema, Eleazar Carrillo, Maestro en Ciencia Política por la Universidad Autónoma de México, comentó para Revolución TRESPUNTOCERO, al respecto:
“No hay que olvidar que parte esencial del desarrollo de la democracia es la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información. Para poder formar una sociedad critica, exigente y que demande su participación en la toma de decisiones, primero se debe tener a un gobierno que deje ver quién es, y lo que hace.
“Las declaraciones públicas sirven para que la sociedad monitoree el actuar de sus gobernantes y se asegure de que no existan enriquecimientos ilícitos y corrupción en el manejo de recursos públicos. Ya está más que claro que nunca que la falta de transparencia ha originado acciones irregulares en gobiernos anteriores”.
La transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno deben ser los ejes fundamentales de toda acción política, comentó, puesto que la transparencia, frente a la idea de secreto y reserva, refuerza el carácter democrático de cualquier administración pública ya que la sujeta al control ciudadano.
“Cuanta más transparencia hay, menor es la necesidad de demanda de información porque ya se tiene expuesta, también genera mayor participación porque la ciudadanía podrá opinar al tener datos fiables. Y, principalmente, entre más transparencia genere el gobierno, mayor será la garantía de su buen actuar.
“Si tanto presumimos de ser una democracia, lo mínimo que se necesita es que se reglamente esta parte, que, así como lo está haciendo la administración de Andrés Manuel, lo hagan las futuras”, explicó.
Aclaró que los primeros pasos dados por este nuevo gobierno, representan un acierto clave para el desarrollo de una relación mejor equilibrada entre la sociedad civil y el gobierno, y, que de cumplirse la afirmación de que todo servidor público lo haga, México estaría viviendo un cambio sustancial en temas de administración pública y democracia.
“Ahora solo resta que la población comprenda la importancia de estos hechos y que se mantenga vigilante del nuevo gobierno para evitar que casos de enriquecimiento ilícito, como los ocurridos en sexenios anteriores, se repitan.
“Por lo menos, los amantes de la democracia nos llevamos un buen sabor de boca en términos de transparencia, es un acierto que debemos celebrar”, puntualizó.
