Dos decisiones de tribunales en Gran Bretaña han inspirado el debate sobre los derechos reproductivos de personas con discapacidad en los últimos días. El viernes pasado, una jueza en Londres falló que el Sistema de Seguro Social del país debe terminar el embarazo de una mujer con discapacidad mental, en contra de su voluntad.
Pero la madre de la joven reclamó ante una Corte de Apelación, y dos jueces y una jueza le dieron la razón en una decisión de emergencia tomada el lunes pasado, lo que significa que la mujer puede continuar su embarazo.
Según las pruebas presentadas en la corte, ella tiene alrededor de 20 años de edad, 22 semanas de gestación, y la capacidad mental de “una niña de entre 6 y 9 años de edad”. Tanto ella como su madre, con quien vive y quien ha ofrecido cuidar a la o el bebé una vez que nazca, están en contra del aborto. Esta decisión fue apoyada por una trabajadora social.
Pero la mujer embarazada está bajo el cuidado de una fundación del Sistema de Seguro Social británico (NHS), la cual pidió el permiso de la Corte para terminar el embarazo. Tres especialistas obstétricas y psiquiátricas testificaron que una interrupción sería “la mejor opción”, porque una continuación del embarazo presentaría “un riesgo para la salud mental” de la mujer.
Según la Ley de Aborto de Gran Bretaña, una Interrupción Legal de Embarazo (ILE) es posible hasta la semana 24 de gestación. El viernes pasado, la jueza Nathalie Lieven, de una corte especial que trata casos de personas que carecen de la capacidad de decidir por sí mismas, falló que la joven debe acceder a un aborto.
La jueza Lieven dijo estar “muy consciente del hecho de que si el Estado ordena a una mujer la terminación de un embarazo aún cuando ella no lo desee, es una inmensa intrusión”, pero que tenía que actuar “en el mejor interés de la mujer” y no según el punto de vista que la sociedad pueda tener sobre la ILE.
Argumentó que no estaba segura que la mujer entendiera lo que significa tener un bebé: “Creo que le gustaría tener un bebé de la misma manera que le gustaría tener una linda muñeca.”
La joven sufriría más si diera a luz y que la o el bebé fuera dado en adopción, dijo Lieven. El trauma para ella sería mayor que una ILE, “porque en este caso, ya sería un bebé real”. Al mismo tiempo consideró que la madre de la mujer con discapacidad podría volver a su país de origen en el futuro.
El abogado de la mujer, John McKendrick, criticó el punto de vista de la jueza como “erróneo”: “Está claro que hay una mujer joven que quiere tener un bebé”, dijo. El padre del feto y las circunstancias de la concepción son desconocidos, se reportó en el proceso, aunque según medios ingleses, la policía todavía está investigando el caso.
La familia en su deseo de continuar con el embarazo fue coadyuvada por la Iglesia católica. “Forzar a una mujer a abortar contra su voluntad y la de su familia cercana, infringe sus Derechos Humanos, por no mencionar el derecho de su hijo no nacido”, dijo el obispo de Westminster, John Sherrington.
“En una sociedad libre como la nuestra hay un delicado equilibrio entre los derechos del individuo y los poderes del Estado”, agregó. Varios grupos Provida reportaron el caso, que también fue retomado por muchos medios.
Finalmente, el lunes pasado los jueces Richard McCombe, Peter Jackson y la jueza Eleanor King, decidieron revocar la sentencia del Primer Tribunal. Todavía falta que presenten una justificación escrita, lo que puede tardar, pero el abogado McKendrick adelantó que la y los jueces consideraron que terminar el embarazo no estaría “en el mejor interés” de la mujer, por lo tanto, puede continuarlo.
