En noviembre del 2011 el abogado mexicano Netzaí Sandoval presentó una demanda contra el presidente Felipe Calderón y su gabinete de seguridad por la comisión de diversos delitos de lesa humanidad ocurridos en la guerra contra el crimen organizado.
El documento se conformó por 470 casos documentados de asesinatos, torturas, desplazamientos forzados y reclutamiento de menores, que llevó a que en México hubiera más de 50 mil personas ultimadas 230 mil desplazados y 10 mil desaparecidos.
La denuncia fue presentada en La Haya, Holanda, sede de la Corte Penal Internacional (CPI) ue es la encargado de juzgar crímenes de genocidio, de guerra y de lesa humanidad.
En la petición, se responsabilizó directamente al Estado mexicano por la ejecución de crímenes de lesa humanidad, como las violaciones sexuales perpetradas por elementos del Ejército Mexicano, y la esclavización de migrantes indocumentados por funcionarios, en colaboración con los grupos de delincuentes.
Asimismo, denuncia los homicidios de civiles en retenes militares; las desapariciones forzadas atribuibles a agentes estatales; el uso de la tortura como mecanismo para lograr autoinculpaciones, y ejecuciones extrajudiciales.
El abogado mexicano detalló que hubo necesidad de presentar esta denuncia ante la CPI, dada la falta de capacidad y voluntad del sistema judicial mexicano para juzgar los crímenes de lesa humanidad.
Mientras que el pasado mes de mayo se dio a conocer que por primera vez, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, presentó una denuncia por posibles crímenes de lesa humanidad cometidos durante la represión de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).
Arturo Peimbert titular del organismo entregó a la CPI el documento formal en donde señala como responsables de estos delitos a los ex presidentes Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa.
La denuncia argumenta presuntas detenciones, tortura, desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales que habrían cometidos elementos durante movilizaciones sociales en el sexenio de Calderón en 2006 y 2007 , por parte de la Asociación Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).
