El gobierno de México ofreció una disculpa pública a la ex integrante de la Liga Comunista 23 de Septiembre, Martha Alicia Camacho Loaiza, y a su esposo, José Manuel Alapizco, y a su hijo, Miguel Alfonso Millán Camacho, por la tortura ejercida por el Estado durante la denominada “Guerra Sucia”, lo que marcó un precedente por las violaciones graves a derechos humanos cometidas por el gobierno durante las décadas de los sesenta y setenta.
La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ofreció la disculpa a nombre del Estado mexicano por las violaciones graves de derechos humanos ocurridas durante los gobiernos de Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo que dejaron decenas de víctimas.
Martha Camacho narró que estaba embarazada de Miguel Alonso cuando fue detenida arbitrariamente por elementos del Ejército mexicano, junto con su esposo, José Manuel Alapizco, y fueron trasladados a la Novena Zona Militar de Sinaloa el 19 de agosto de 1977, cuando fueron torturados y posteriormente su esposo fue asesinado.
Meses después del nacimiento de Miguel Alfonso también fue encañonado por los elementos castrenses, por lo que dijo que “estar aquí es ganarle al olvido” y por ello recordó a las víctimas de la Guerra Sucia en la que se cometían agresiones graves a los disidentes en forma de contra insurgencia.
Lamentó que en el acto público no estuvieran presentes representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), pues fueron los uniformados quienes cometieron las agresiones sostenidas a los derechos humanos, por lo que perdieron una oportunidad histórica para reconocer las atrocidades cometidas en la Guerra Sucia.
Al respecto, la encargada de la política interior del país dijo que se trata de un proceso de reconciliación nacional y de paz, por lo que enfatizó que el Estado tiene el compromiso de reparar el daño y la implementación de medidas necesarias para la no repetición de este tipo de actos.
La funcionaria federal aseveró que se implementarán estrategias para la reparación del daño y aplicar medidas necesarias para la no repetición de actos violatorios de derechos humanos que según las investigaciones históricas, fueron cometidas por el Ejército, la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS) y la policía estatal de Sinaloa.
Por su parte, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, afirmó que se trató de un hecho histórico en el que el Estado reconoce su responsabilidad por las atrocidades cometidas hace 42 años, por lo que reiteró que el gobierno federal garantizará la libertad de expresión.
