La Cámara de Diputados federal aprobó en lo general y en lo particular la Ley de Austeridad Republicana, en la cual se establece un aumento de cinco a diez años para que un exfuncionario público pueda trabajar en empresas privadas al dejar su cargo.
La propuesta fue una de las prioridades del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para impedir que cualquier servidor público perciba ingresos superiores a los del jefe del ejecutivo federal.
Con 321 votos a favor, 124 en contra y una abstención se aprobó en lo general, mientras que en lo particular fueron 272, 154 y 3 sufragios con un ajuste “para mejorar la redacción en uno de sus artículos, que no implica una modificación a la minuta del Senado”.
“Por ningún motivo se autorizarán bonos, estímulos, comisiones, compensaciones o percepciones extraordinarias al salario asignado fuera de lo que se establezca en el Presupuesto”, expone el acuerdo y coloca “el candado” para impedir que un servidor público pueda trabajar rápidamente en la iniciativa privada.
De acuerdo con esta normativa, funcionarios del más alto nivel no podrán trabajar en alguna empresa en la que puedan utilizar la información privilegiada que manejaron como servidores públicos.
Asimismo, se incluyen reformas a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
La bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) no modificará la minuta y será enviado directamente al Ejecutivo federal para su aprobación.
Sin embargo, los legisladores de la oposición del PRI y PAN criticaron que la nueva ley atenta contra los trabajadores y sus derechos, ya que funciona como un mecanismo de control político a los servidores públicos.
