(30 de octubre, 2019. Revolución TRESPUNTOCERO).- Uno de los mayores saldos negativos que ha dejado el sistema neoliberal en México ha sido el deterioro de la actividad agrícola, así como también el impacto ambiental que se ha dado en el país desde que se aprobó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1993, el cual entró en vigor el 1 de enero de 1994.
Una de las disposiciones dentro de la aprobación del TLCAN fue hacer modificaciones al artículo 27 constitucional. Los cambios ponderan que “la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada”.
La privatización de las tierras trajo un desequilibrio agrícola y ecológico en el país. A lo largo de los sexenios priístas y panistas la precarización en la vida campesina fue al alza por ponderar los intereses privados por encima de la lucha agraria emprendida por Emiliano Zapata, quien estipuló que la “tierra es de quien la trabaja”.
A casi un año de que entró un gobierno federal —que no es emanado de las siglas del PAN ni del PRI— que se asume como antineoliberal, en estos meses de gestión, ha emprendido la instauración del Programa Sembrando Vida, estrategia desarrollada desde la Secretaría de Bienestar para beneficiar a los productores campesinos por medio de la siembra de árboles maderables y frutales.
De acuerdo con el planteamiento central de este programa federal, Sembrando Vida tiene como objeto contribuir “al bienestar social de las y los sujetos agrarios en sus localidades rurales e impulsar su participación efectiva en el desarrollo rural integral”. Esta estrategia de la Federación para apoyar al campesinado opera en 19 estados de la República.
Con base en lo anterior, la Secretaría de Bienestar plantea que “las zonas más ricas en biodiversidad son aquellas donde se registran los mayores índices de pobreza”, al no desarrollarse mecanismos que logren aumentar el nivel de bienestar de la población rural y satisfacer sus necesidad básica de alimentación, a través de la autoproducción de alimentos, la comercialización de excedentes y la generación de empleo.
En este sentido, estados como Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán, son los beneficiados para emprender este programa, el cual este 2019 tiene un presupuesto de 15 mil millones de pesos para su operación.
CONSTRUYENDO COMUNIDAD Y RETOS
Conscientes de la depredación que sufrió el campo en el país, así como los impactos que tuvo este proceso de desmantelamiento, tanto miembros del gobierno federal como académicos, coinciden en que el Estado tiene una deuda con las comunidades campesinas, por lo que la implementación de Sembrando Vida no sólo representa una idea del rescate del trabajo agrario, sino también de pertenencia a la tierra.
Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, de la Secretaría de Gobernación, en entrevista con Revolución TRESPUNTOCERO, plantea que Sembrando Vida “va más allá de la recuperación del suelo, los recursos naturales, construye comunidad”, para quienes viven en las comunidades marginadas, ya que se fomenta el trabajo colectivo.
El subsecretario de Derechos Humanos consideró que el abandono que explica el deterioro en el campo nacional tiene que ver con lo mandatado en el artículo 27 constitucional, “ya que los instrumentos para el fomento del desarrollo rural, repercutió en que grupos delictivos se apoderaran del control de vastas regiones del país”.
Además, Encinas propone que Sembrando Vida es el claro ejemplo de que el Estado está trabajando para que el tema agrario y su desarrollo sea una realidad, pues “al fomentar el desarrollo productivo hay una repercusión en la construcción de comunidad en la sociedad rural” en las zonas en las que se está implementando el programa.
Alicia Guzmán Portillo, maestra en sociología por la Universidad Iberoamericana, coincide con el representante de la Segob que este programa fomenta valores comunitarios a través de la inclusión de las familias para que éstas hagan labores agrícolas en sus zonas, además de que se están abriendo oportunidades laborales para que los habitantes de comunidades rurales no se inmiscuyan con el crimen organizado.
“El fomentar valores me parece importantísimo para la reconstrucción del tejido social, sobre todo en la zona del Triángulo Dorado —Chihuahua, Sinaloa y Durango— que se ha caracterizado por la siembra de enervantes y productos del narcotráfico. Me parece prioritario que además de que se dé una siembra de fauna nativa, se trabaje en el aspecto educativo”.
Para la socióloga el tema educativo es fundamental para que las comunidades campesinas tengan una perspectiva diferente del trabajo agrícola, ya que por medio de una capacitación adecuada “los habitantes de estas zonas rurales tendrán la oportunidad de ser agrónomos y cuidar la tierra con sustentos científicos, pero también por medio de la educación pueden acceder a convertirse en empresarios del campo”.
RESERVAS Y APROBACIÓN
A casi un año de la implementación del programa, la Secretaría de Bienestar ha informado que en el presente año la meta es sembrar de 500 mil hectáreas, y están trabajando alrededor de 200 mil involucrados. Pese a que otro de los objetivos de Sembrando Vida, además de brindar una mejor calidad de vida a las comunidades rurales, es reforestar diversas zonas del país, hay quienes cuestionan y ven con reserva esta estrategia.
Verónica Delgadillo, senadora de Movimiento Ciudadano, quien en su agenda legislativa trae temas relacionados con la ecología y el combate al cambio climático, asevera que este programa no garantiza una protección de la naturaleza y el medio ambiente, ya que por medio de la siembra de árboles no únicamente se combate la depredación ecológica.
En este sentido, la emecista expone que con el presupuesto que se está ejerciendo en este programa se pudo destinar para fortalecer “las instituciones encargadas de preservar el medio ambiente y la naturaleza, este año se redujo en un 41% para medio ambiente, creo que es equivocada la estrategia del gobierno si quieren resarcir los daños en el ecosistema”.
Delgadillo propone que muchos de los beneficiados del programa están depredando zonas donde viven con el fin de que reciban el estímulo económico del mismos, de acuerdo con la legisladora por Jalisco, “hay videos en las redes sociales donde se expone la depredación de selvas y áreas boscosas, donde se ve a personas talando árboles, para luego sembrarlos con el programa”.
Al margen del señalamiento de la senadora, ésta plantea que desde su escaño legislativo ha trabajado por instaurar las normas necesarias para que se reconozcan los derechos de la naturaleza y el cuidado de la biodiversidad, en este sentido Verónica Delgadillo propone que el gobierno federal debe apostar por la implementación de las energías renovables para no afectar los ecosistemas.
Encontraste, Carmen Palma, diputada federal de Morena por Quintana Roo, expone que en su estado Sembrando Vida ha “logrado sentar un equilibrio en diferentes comunidades, inclusive, donde jamás había entrado un programa me parece que es una estrategia que se debe fortalecer y cuidar”.
A diferencia de la exposición de Delgadillo, la diputada Palma expone que “el impacto a la ecología, sobre todo, en el programa sembrando vida se reflejará a mediano y largo plazo”, por lo que considera que la base para “el fortalecimiento de los programas parten de un presupuesto equilibrado para su viabilidad y su impacto determinado”.
Con base en el Paquete Económico 2020, Sembrando Vida tendrá un presupuesto de 25 mil 131 millones de pesos para que su operación sea al doble, con lo que se pretende llegar a un millón de hectáreas sembradas, con el apoyo de 400 mil pobladores de las comunidades rurales en los estados participantes.
