Ante la actual escalada de precios que se registra a nivel mundial, como resultado de la escasez en la producción, derivada de la pandemia y el conflicto bélico entre Rusia y la OTAN, el gobierno mexicano ha echado a andar una estrategia de combate a la inflación, que resulta por demás interesante.
Con el subsidio al precio de la gasolina y la energía eléctrica, se ha podido contener el alza en precios, sin caer en endeudamiento externo, ya que éstos se han financiado con parte del excedente obtenido por las exportaciones petroleras.
Y fiel al lema “primero los pobres” se ha impulsado una política de control de precios, a través del Paquete Contra la Inflación y Carestía (PACIC) presentado en mayo de este año, y el Acuerdo de Apertura contra la Inflación y la Carestía, anunciado la semana pasada, y dirigido a reducir en un 8% el precio de 24 productos de la canasta alimentaria, al menos hasta el mes de febrero del año 2023.
Estas políticas de control de precios van dirigidas a anteponer el bien social al bien privado, esencia de una economía plural, opuesta a la neoliberal. Pues con ellas, los sujetos invisibilizados durante el periodo neoliberal, la clase trabajadora mexicana, se vuelve prioritaria. Estamos hablando de al menos el 60 por ciento de la población ocupada en el país, 30 por ciento que recibe hasta 1 salario mínimo (172 pesos diarios o 5,160 pesos al mes), y 30 por ciento de trabajadores que reciben más de 1 y hasta 2 salarios mínimo (hasta 10, 320 pesos al mes); quienes destinan la mayor parte de su gasto a la compra de bienes básico.
En este sentido, es importante recordar que, desde el año 2018 se impulsó una política de incremento salarial en el país, que a la fecha registra un aumento en el salario mínimo del orden del 60 por ciento. Y que, de no ser por el contexto internacional antes señalado, la clase trabajadora mexicana habría mejorado sus condiciones de vida. Pues, recordemos que, en una economía de mercado de tipo capitalista, la fuerza de trabajo, como cualquier otra mercancía, se compra y se vende a un precio determinado, y el precio de esta peculiar mercancía se denomina salario. Siendo las formas más comunes para medirlo: i) el salario nominal, entendido como la suma de dinero que el trabajador recibe a cambio de su fuerza de trabajo y ii) el salario real, que refiere a la cantidad de mercancías que el trabajador puede comprar con el salario nominal, o lo que es lo mismo, la relación del precio de la fuerza de trabajo con respecto a las demás mercancías. Pero ¿en función de qué se establecen los salarios?
Para la teoría económica marginalista, el salario se determina por la productividad marginal del trabajo (el aumento en la producción que se consigue añadiendo una unidad más del factor trabajo), para otros enfoques más cercanos al bienestar social, el salario debe estar en función del precio de las mercancías que le permiten al trabajador reproducirse como ser y como clase. Un indicador cercano a esta última definición es la canasta salarial; que a su vez se divide en alimentaria y no alimentaria, de acuerdo con el CONEVAL, los productos que hoy en día, conforman la canasta alimentaria (urbana) son 36, tres más los reportados en el año 1992. Por su parte, los rubros que conforman la canasta no alimentaria son: transporte público, limpieza y cuidados de la casa, cuidados personales, educación, cultura y recreación, comunicaciones y servicios para vehículos, vivienda y servicios de conservación, prendas de vestir, calzado y accesorios, cristalería, blancos y utensilios domésticos, cuidados de la salud, enseres domésticos y mantenimiento de la vivienda, artículos de esparcimiento y otros gastos.
Conociendo la estructura de la canasta salarial, y las políticas de control de precios de los bienes que conforman la canasta alimentaria, podemos distinguir el actual tipo de gestión económica de la de 2009, cuando con la pandemia de gripe A (H1N1), el valor de la canasta alimentaria aumentó 10.5%, el doble del incremento en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), que fue de 5.3%.
