En medio del proceso para la renovación de magistraturas en la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el nombre de Sergio Arturo Guerrero Olvera vuelve a encender las alarmas entre sectores que exigen imparcialidad en el arbitraje electoral. Y no es para menos. La trayectoria del magistrado revela más vínculos con intereses políticos que compromiso con la justicia.
Guerrero Olvera no es un actor nuevo en el tablero del poder judicial en Jalisco. Ha sido una pieza clave en decisiones que, lejos de fortalecer la legalidad electoral, han blindado fraudes y protegido a quienes se benefician del control institucional. Su continuidad al frente de la Sala Regional no sólo representa una concesión a los pactos políticos entre cúpulas partidistas, sino la consolidación de un aparato judicial alineado con Movimiento Ciudadano.
Diversos actores lo señalan como el operador que facilitó, desde los tribunales, la legitimación del proceso electoral de 2024 en Jalisco, proceso que ha sido duramente cuestionado por la base morenista debido a irregularidades documentadas y una narrativa de complicidad entre autoridades electorales y el gobierno estatal. Detrás de su nombramiento, hay un acuerdo no declarado entre figuras de MORENA y los líderes naranjas, que han visto en Guerrero a un aliado confiable.
Pero el entramado va más allá. Su hermano, Ricardo Alejandro Guerrero Olvera, ha sido colaborador directo de Tomás Vargas Suárez, expresidente del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco (TRIEJAL), conocido por su cercanía con los intereses locales de MC. La familia Guerrero Olvera aparece como parte de una red judicial que ha operado en la sombra para garantizar impunidad y continuidad a un mismo grupo político.
En un momento donde la legitimidad de los tribunales es fundamental para el proceso de reforma judicial que se avecina, mantener a perfiles como el de Sergio Arturo no sólo deslegitima al TEPJF, sino que mina la confianza ciudadana en que la justicia pueda operar al margen de los intereses del poder.
Su papel en la coyuntura actual es una muestra clara de cómo se ha usado la institucionalidad para fines partidistas. La Sala Regional Guadalajara, en vez de ser un bastión de legalidad, corre el riesgo de convertirse en un instrumento más del sistema de control territorial que Movimiento Ciudadano ha construido en Jalisco, ahora con el aval de algunos sectores de Morena.
Mientras la dirigencia nacional de Morena guarda silencio o, peor aún, respalda estos acuerdos, la militancia observa con decepción cómo se normaliza lo que antes se denunciaba: la captura de las instituciones por intereses particulares.
La permanencia de Sergio Arturo Guerrero Olvera en el tribunal no es una cuestión de idoneidad. Es una señal de hasta qué punto están dispuestos a negociar algunos, incluso a costa de la justicia electoral y la voluntad popular.
