(28 de mayo, 2014).- El Colectivo de Estudios Drogas y Derecho (CEDD) presentó su investigación En busca de los derechos: usuarios de drogas y las respuestas estatales en América Latina, en la cual se evalúan las políticas de ocho Estados ante la problemática del consumo de drogas. Los investigadores concluyen que pese al consenso que priva en la actualidad sobre la necesidad de enfocar el consumo de drogas como una cuestión social y de salud pública, los Estados siguen respondiendo con criterios represivos que abordan el consumo desde el sistema penal, vulnerando derechos humanos básicos de los consumidores de drogas controladas sin que ello redunde en una reducción del tráfico o el consumo de estupefacientes.
En 2009, en México se aprobó la Ley de Narcomenudeo, en la cual se establece que la posesión de drogas de uso ilícito no se sancionará con penas de cárcel en caso de “posesión para fines de consumo, siempre y cuando [esté] dentro de los montos establecidos en la tabla de orientación”. Pero en los hechos el consumo de drogas sigue criminalizado, ya que los consumidores son remitidos al Ministerio Público y éste determina si se ejercita la acción penal. Así, entre 2009 y 2013, 140 mil 860 personas fueron detenidas en todo el país por consumo de drogas. En 90 mil casos se emitieron “No Ejercicios de la Acción Penal”, por lo que los consumidores no fueron sancionados penalmente, pero sí participaron en un proceso penal, con los costos que eso implica para ellos y para el sistema de justicia: primero los detienen y luego averiguan si son consumidores o traficantes.
En México, además de represivo, el sistema es contradictorio. Por ejemplo, aunque no es un delito el consumo de drogas, el límite de portación por encima del cual se considera que hay una intención de narcomenudeo es completamente arbitrario: en el caso de la cocaína, se pueden portar 0.5 gramos, pero esta droga se suele vender en cantidades mínimas de 1 gramo. Así, un consumidor que compre una dosis puede ser procesado por narcomenudeo. El estudio señala que “este punto resulta clave para entender los elevados números de procesamiento de casos por narcomenudeo que encontramos y notar que no sabemos de forma cierta cuántos de los casos de narcomenudeo se tratan en realidad de personas que no tienen fines de comercio sino que se tratan de simples consumidores equiparados a narcomenudistas”.
De acuerdo con la investigación del CEDD, procesar penalmente a un consumidor genera más problemas sociales y económicos de los que resuelve, además de que no modifica la conducta de consumo, por lo que recomienda un abordaje de salud pública con énfasis en la prevención. Uno de los problemas colaterales del enfoque prohibicionista es que el tratamiento y rehabilitación de los usuarios de drogas ilícitas queda en manos de instituciones privadas cuyos programas no siempre responden a la evidencia científica. Los consumidores quedan atrapados entre el sistema penal y los tratamientos dudosos.
Al entrar en el sistema penal los usuarios de drogas son especialmente vulnerables a los abusos de las autoridades y quedan envueltos en “situaciones de corrupción, extorsión, maltrato físico, abuso sexual, detenciones arbitrarias y otras violaciones de sus derechos fundamentales”. La estigmatización social contra los consumidores, que no distingue entre consumo problemático y no problemático –como sí se hace con los consumidores de bebidas alcohólicas, por ejemplo–, hace que se vean constantemente vulnerados sus derechos “a la salud, a la autonomía y al libre desarrollo de la personalidad, a la no discriminación, a la información, al debido proceso” y otros.
En busca de los derechos aborda los casos concretos de ocho países –México, Colombia, Perú, Ecuador, Brasil, Argentina, Uruguay y Bolivia– mediante estudios realizados por especialistas adscritos a organizaciones no gubernamentales (ONG) y a centros universitarios o de investigación. La mayor parte de los investigadores que participaron en el estudio está conformada por juristas; en el caso de México se presenta el texto “Consumo y consumidores de drogas de uso ilícito en México”, elaborado por Catalina Pérez Correa González, investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), así como integrante del Sistema Nacional de Investigadores (SIN), y Karen Silva, Asistente de investigación en el Programa de Política de Drogas del CIDE.
El estudio incluye una serie de recomendaciones a los Estados para armonizar sus políticas sobre drogas con las realidades del consumo y un enfoque integral que beneficie a la sociedad, y puede ser consultado y descargado de manera gratuita en la página del Colectivo de Estudios Drogas y Derecho.
