Sergio Castro Bibriesca / @SergioBibriesca
(24 de octubre, 2014).- En el capítulo “De los acuerdos y recomendaciones”, de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), se habla sobre la posibilidad de la Comisión de ejercer un “Proyecto de recomendación” hacia cualquier autoridad que haya violado derechos humanos en el país. Muchas organizaciones de la sociedad civil han hecho eco de las recomendaciones “a medias” o “nulas” –según la denuncia presentada contra el ombudsman–, en casos paradigmáticos, como los ocurridos en San Fernando, con la aparición de una fosa con 72 cuerpos de personas migrantes en 2010. En ese caso, la CNDH tardó tres años y cuatro meses en emitir una recomendación al Estado mexicano. La CNDH tendrá elección de nuevo titular y Plascencia buscará reelegirse.
Secuestro de migrantes
La CNDH emitió un informe en junio del 2009 sobre los casos de secuestro en contra de migrantes; en él se señala que habían 9 mil 758 migrantes secuestrados en su paso por el territorio nacional, La CNDH pudo recopilar esa información a partir de los testimonios de migrantes que relataron los secuestros padecidos. En 2011, emitió un segundo informe sobre el secuestro de migrantes, que arrojó nuevas 11 mil 333 víctimas (más de 20 mil en total). En varios casos presentados por la misma CNDH, los migrantes secuestrados señalaron que en las acciones de su secuestro había policías. Ante ese escenario, la CNDH recomendó a las autoridades, “tomar medidas hacia la prevención del delito de secuestro de migrantes y a la atención a los mismos”.
En una denuncia que realizaron varias organizaciones civiles, presentada ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para llevar a juicio político a Raúl Plascencia Villanueva, se menciona que por el secuestro de migrantes, la CNDH “no emitió recomendaciones tendientes a que las autoridades federales, estatales o municipales, llevaran a cabo investigaciones tendientes a precisar la naturaleza de los policías que intervinieron en los casos de secuestro de los migrantes”.
Los 72 de San Fernando
El 25 de agosto de 2010 se dio a conocer el hallazgo de los cuerpos de 72 migrantes asesinados (58 hombres y 14 mujeres) en el municipio San Fernando, Tamaulipas. Fue hasta el 23 de diciembre de 2013, –tres años y cuatro meses después– que la CNDH emitió́ recomendación por la masacre. En esa recomendación no se documentó la voz de los familiares de las víctimas de los 72 migrantes asesinados quienes conforme al derecho nacional e internacional, también son víctimas.
Los familiares de las víctimas no formaron parte del proceso de investigación de la CNDH, no fueron entrevistados, no pudieron aportar pruebas. Además, la CNDH no las asesoró frente a las autoridades responsables; no verificó ni garantizó que los restos fueran identificados conforme a los protocolos científicos internacionalmente reconocidos y que les fueran entregados correctamente a las familias.
Los 49 de Cadareyta
El 13 de mayo de 2012 fueron hallados 49 torsos (42 hombres y 7 mujeres) al borde de la carretera en Cadereyta, Nuevo León. La primera versión oficial es que esos cuerpos pertenecían a miembros de grupos del crimen organizado. Fue hasta julio de 2013 cuando se hizo pública la identificación de los restos de cinco personas. Estas personas eran de nacionalidad mexicana y costarricense.
La CNDH, hasta el día de hoy, no se ha pronunciado sobre el tema.
Presuntos culpables
Informes de gobierno rendidos por el entonces presidente Felipe Calderón, se hace referencia a miles de detenciones de personas a las que se les señaló como “delincuentes” –así se mencionan en dichos informes de Gobierno–, sin embargo, la población penitenciaria no se incrementó ni en 10 por ciento de las cifras que se mencionan en tales Informes de Gobierno.
Según los informes, en 2009 se detuvieron a 29 mil 096 personas; en 2010, 18 mil 888; en 2011, 17 mil 108; y en 2012 se detuvieron a 5 mil 136 individuos. Al contrario, las cifras de personas de población penitenciaria fueron a partir del 2009 de 224 mil 749; en 2010 de 219 mil 027; 2011 230 mil 943; y en 2012 237 mil 566. Hubo casi 112 mil detenciones pero la población sólo incrementó en 27 mil 426,
Ante estas cifras que no cuadran, la CNDH no emitió ninguna recomendación, pues, dice la denuncia contra Plascencia, “se estaban realizando detenciones arbitrarias, ilegales, indebidas o injustificadas”.
Desaparecidos
El Centro de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (CENAPI) de la Procuraduría General de la República (PGR) cuantifica 25 mil 276 desaparecidos: en 2006 hubo 284 casos de desaparecidos; en 2007 3 mil 583; durante 2008 hubo 2 mil 936; en 2009 se documentaron 3 mil 203 casos; en el año con más casos, 2010, se cuantificaron 7 mil 246 casos; ya en 2011 8 mil 977 casos; y en 2012, 3 mil 157 desaparecidos.
La CNDH no abrió si quiera una investigación por el incremento de desapariciones en el país durante el gobierno de Calderón.
Tortura
Juan Méndez, Relator Especial sobre tortura de Naciones Unidas, al culminar su visita a México, declaró el 2 de mayo de 2014 “que uno de sus hallazgos es que la tortura es una práctica generalizada entre las dependencias de seguridad en México”. Sin embargo, el 20 de mayo, Raúl Plascencia, en una comparecencia ante el Senado, declaró que “existe una disminución del 50 por ciento de las quejas contra el Ejército y además un 30 por ciento de reducción de quejas de torturas durante el 2013. Amnistía Internacional (AI) documentó este año que “la tortura está fuera de control”, ya que en la última década, “las denuncias por éste delito han aumentado en un 600 por ciento”.
1 de diciembre de 2012
Juan Francisco Kuykendall fue herido en la cabeza por una bala de goma, presuntamente por agentes policiales federales. Kuykendall falleció como consecuencia de esa lesión en enero del 2014. Al estar involucrados como posibles responsables agentes federales, la investigación debió tomarla la CNDH, sin embargo, no presentó un informe pormenorizado de cómo descartó la responsabilidad de los agentes federales en la muerte de Kuykandall.
Tlatlaya
La CNDH concluyó que el pasado 30 de junio elementos del Ejército asesinaron –al menos– a 15 de las 22 personas (tres menores de edad) que perdieron la vida en el municipio de Tlatlaya, estado de México. Emitió una recomendación dirigida a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), a la PGR y el gobierno mexiquense.
Sin embargo, justo en el momento que Plascencia declaró que buscaría la reelección, se dio esta sentencia. Cabe recordar que el en un inicio, el 24 de septiembre del presente año, Plascencia Villanueva afirmó que tenían “claridad de que se trató de un enfrentamiento” lo de Tlatlaya, y que tardaría en seis semanas en tener resultados.
