Por Érika Paz / @paz_eri
(13 de mayo, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- El Estado mexicano no ha cumplido las medidas cautelares emitidas el 28 de enero de este año en favor de Nestora Salgado García, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); poniendo en riesgo la vida de la activista social, quien ayer cumplió siete días en huelga de hambre, en una prisión de máxima seguridad de Tepic, Nayarit.
En entrevista telefónica con Revolución TRESPUNTOCERO, la abogada Alejandra Gonza, de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Seattle, explicó que desde noviembre de 2013 se buscaron las Medidas Cautelares para Nestora, una batalla que se libró por más de un año y fueron otorgadas recientemente en enero.
A partir de que la clínica de Seattle atrajo el caso, se ha buscado “la liberación inmediata de Nestora en lo que corresponde en derecho, y segundo en tanto que esa liberación no ocurra, pedíamos el traslado humanitario a un hospital cercano a la familia en el Distrito Federal (lo que no fue aceptado), así como las medidas cautelares pero finalmente no se cumplieron ninguno de los tres elementos”, mencionó.
Desde la ciudad de Seattle en Estados Unidos, Alejandra Gonza precisó que “uno de los puntos especiales de la CIDH y de los estándares internacionales en materia de derechos humanos, es que cuando se está ante una situación de riesgo en la salud, las evaluaciones médicas que se realizan a la persona detenida deben ser atendidas por médicos profesionales, independientes y de confianza de la beneficiaria de las medidas cautelares.
Sin embargo, “este es otro punto que no hemos podido lograr: que el Estado mexicano respete. Lo que hizo fue someter a Nestora a distintas evaluaciones médicas […]. Esas evaluaciones médicas se han usado para vulnerar, nuevamente, los derechos de Nestora”, precisó Alejandra Gonza.
“El testimonio más alarmante es en el que ella cuenta que en una de las evaluaciones –y no sabemos bien cuál, porque el acceso a Nestora es tan difícil– le insertaron agujas por todo su cuerpo. Agujas que le daban choques eléctricos en distintas partes de los nervios de sus músculos”.
Nestora, Coordinadora de la Policía Comunitaria del municipio de Olinalá, Guerrero, fue detenida el 21 de agosto de 2013 por el entonces gobernador de la entidad, Ángel Aguirre Rivero, y el alcalde Eusebio González Rodríguez, bajo cargos de fuero federal que más tarde le fueron retirados.
Sin embargo sigue en reclusión en una prisión de máxima seguridad por cargos del orden común, sin que haya sido condenada por el delito de secuestro que se le imputa. Es preciso recordar que Nestora Salgado forma parte de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias–Policía Comunitaria (CRAC-PC), desde donde denunció los nexos de funcionarios con la delincuencia organizada.
A tres meses de cumplir dos años en prisión, Nestora ha sido orillada a la huelga de hambre como una acción extrema para exigir su propia liberación, al haber sido “detenida ilegal y trasladada arbitrariamente a una prisión federal por orden del Ejecutivo de Guerrero”, sin que hasta el momento se haya logrado la revisión judicial del caso.
“Apenas tuvimos conocimiento de la huelga de hambre, se mandó un escrito a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, para denunciar el incumplimiento de las medidas cautelares, puntualizó la abogada Alejandra Gonza.
Quien también recordó que el 16 de marzo de este año, la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Seattle logró concretar “una acción urgente dirigida al gobierno mexicano suscrita por el grupo de detenciones arbitrarias de Naciones Unidas (ONU)” y siete relatores y expertos de la ONU en materia de “violencia contra la mujer, pueblos indígenas, salud, independencia judicial y derechos humanos”.
La abogada hizo hincapié en que “Nestora no comienza esta huelga de hambre en una situación de salud ideal. Justamente ya había demostrado un deterioro progresivo en su salud”, tal como consta en la resolución de la CIDH.
Por lo que al Estado mexicano no le corresponde determinar si Nestora “está sana o enferma a través de evaluaciones médicas. Eso está acreditado internacionalmente. Y lo que tiene que hacer es procurar las medidas y sacarla de esa situación en que sólo el Estado la ha colocado y la ha arrinconado en una medida tan radical como el entrar en una huelga de hambre”.
Cuestionada sobre la actuación del Estado y las autoridades mexicanas en el caso de la activista social Nestora Salgado; Alejandra Gonza identificó ciertos patrones de actuación en contra de líderes sociales, como la fabricación de delitos de fuero federal, el traslado a prisiones alejadas del lugar de origen, la obstaculización de la defensa legal y la violación a los derechos humanos.
Finalmente, Alejandra Gonza enfatizó en la necesidad del acompañamiento en las acciones de solidaridad para la liberación, mismas que se llevan a cabo en Estados Unidos y México. Así como en la exigencia de liberación a los titulares de los Ejecutivos Federal y del estado de Guerrero, antes de que el caso llegue “a las últimas consecuencias”, como lo ha dicho Nestora desde su reclusión.
