Por: Valentina Pérez Botero
Twitter: @vpbotero3_0
En abril del 2010 el Golfo de México cambió su tradicional escala de azules por una mancha negra. La zona fue testigo –y víctima– del mayor derrame de crudo de la industria petrolera con la explosión de la plataforma Deepwater Horizon. La magnitud del impacto ambiental se intuyó, no había un antecedente equiparable que sirviera para predecir qué pasaría, pero tres años después las consecuencias se han ido desdoblando.
La tragedia fue doble: el petróleo en el océano y el supuesto dispersante Corexit que se utilizó para revertir el derrame. La combinación de ambos ha provocado que las partículas dispersas de petróleo se absorban más fácilmente por la fauna marina y por ende, ingresen a la cadena alimenticia sin filtro.
Los científicos han encontrado cifras crecientes de muertes prematuras de delfines y tortugas marinas; camarones y cangrejos sin ojos, e incluso sin otras partes del cuerpo; corales recubiertos de petróleo que han estancado su crecimiento, y humanos con afecciones crónicas por su exposición a los químicos durante el derrame.
Mientras las tres petroleras implicadas –British Petroleum (BP), Transocean y Halliburton– enfrentan un juicio en Estados Unidos que empezó en febrero por “Cultura de irresponsabilidad corporativa”, el gobierno mexicano tiene contemplada la explotación del Cinturón Plegado Perdido, también ubicado en el Golfo de México pero mil metros más profundo que la perforación causante del derrame de Deepwater Horizon.
