Natalia Antezana Bosques / @Natalia3_0
(16 de julio, 2013).- La Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció en el año 2010 el derecho humano al agua y al saneamiento, ya que “un agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos”. México siguió los mismos pasos y en 2012 también estableció en la Constitución que el agua es un derecho humano.
No obstante el proceso privatizador del líquido vital se está realizando en ocho ciudades en México: Distrito Federal, Puebla, Aguascalientes, Cancún, Isla Mujeres, Navojoa, Saltillo y Ramos Arizpe.
Gloria Tobón, de la Asociación de Usuarios de Aguas de Saltillo, explica en el estudio ‘La participación privada en los organismos operadores y el derecho humano al agua’ que existen tres modalidades de privatización: contratos de servicios, concesiones y empresas mixtas, según un artículo publicado en el diario La Jornada.
Actualmente se está discutiendo en el congreso de Tuxtla Gutiérrez la iniciativa del presidente municipal sobre la transferencia del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado a una empresa privada, que tendría que competir por administrar los servicios mediante una licitación.
Otro ejemplo reciente es el de Ramos Arizpe, Coahuila, donde la distribución del líquido vital depende de una empresa privada, desde enero de este año. No obstante ya existen denuncias por cobros arbitrarios, ocasionando un gran conflicto especialmente entre los habitantes más pobres de la ciudad.
Claudia Campero, investigadora de la organización Food and Water Watch, señaló que la privatización del líquido vital se puede ver en por lo menos cinco áreas, que pueden ir desde los servicios municipales de agua potable, la edificación de plantas de tratamiento de residuales, hasta la expansiva construcción de presas.
Campero explicó que este tipo de procesos, como el otorgar la extracción, distribución y cobro del agua a la empresa privada, es un retroceso para México, teniendo en cuenta las experiencias de Argentina y Bolivia. En el último caso, una empresa privada en Cochabamba –centro de Bolivia– quiso cobrar por la recolección de agua de lluvia.
