(09 de noviembre, 2014).- A través de un comunicado, diversas organizaciones defensoras de Derechos Humanos del país, denunciaron el hostigamiento y calificaron de ‘inaceptables’ los recientes señalamientos por parte de autoridades del estado de Guerrero en contra de personas defensoras de derechos humanos y periodistas que laboran en la entidad en el marco de la situación derivada por la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Se refieren en particular, a las declaraciones del gobernador interino Salvador Rogelio Ortega Martínez, al descalificar el trabajo del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; del Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón; así como de la Red Guerrerense de Organizaciones Civiles de Derechos Humanos. De ésta última incluso, se ha filtrado un informe de inteligencia en el que se acusa al secretario técnico de estar vinculado con un grupo guerrillero.
Estas ONGs destacaron la labor de dichos centros y se solidarizaron con las personas que ahí se desempeñan : ”tanto el Centro Regional José María Morelos y Pavón como Tlachinollan forman parte de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los derechos para todas y todos” y son organizaciones reconocidas por su dedicación en el fortalecimiento de los liderazgos sociales que tanta falta hace en la zona, así como por la defensa jurídica de casos de violaciones graves de derechos humanos”, subrayaron.
También recordaron, no es la primera vez que integrantes de estos organismos de derechos humanos han sido foco de amenazas y hostigamientos directos, los cuales los han colocado en una situación real de riesgo inminente, “como lo fue el caso de la salida forzada del país del Coordinador del Área Jurídica de Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra en el marco de la defensa de los estudiantes de la misma Normal Rural de Ayotzinapa, derivada de las graves violaciones de derechos humanos cometidas en contra de los estudiantes el 12 de diciembre de 2011”.
Acusan que dichas declaraciones, las cuales se han vertido en días recientes en contra de integrantes de organizaciones sociales que laboran en el estado de Guerrero, han servido para desviar desvirtuar al movimiento estudiantil y la atención de la crisis de derechos humanos originada de la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa y la ejecución de 6 personas en el municipio de Iguala el pasado 26 de septiembre.
Finalmente, llaman al Estado a cumplir los compromisos firmados por el Presidente de la República con las familias de los normalistas el 29 de octubre en Los Pinos , incluyendo la firma del convenio de asistencia técnica por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
