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Amnistía Internacional recuerda a gobierno panista de Guanajuato que no debe criminalizar protestas; pide proteger derechos humanos

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El día de ayer, martes, la organización Amnistía Internacional (AI) pidió al Gobierno del estado mexicano de Guanajuato no criminalizar a quienes protestan para defender los derechos humanos.

Mediante un comunicado, la AI aseguró que el Estado está obligado a garantizar el derecho a la manifestación pacífica y expresó su preocupación por el caso de Gisela Verenice Olimpia Montoya, Carla Verónica Martínez Jiménez y Verónica Durán Lara, mujeres a quienes se les sigue un proceso penal tras haber participado en una manifestación pacífica el pasado 10 de julio.

“El Estado tiene la obligación de garantizar el derecho a la manifestación pacífica, velando por la seguridad e integridad física de todas las personas que ejercen ese derecho”, se lee.

Recordaron que las manifestantes son familiares de personas desaparecidas y buscaban una audiencia con el gobernador para tratar la grave problemática de desaparición de personas que prevalece en esa entidad pero fueron detenidas junto con un funcionario de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Además, en la detención de esas personas las autoridades hicieron “uso excesivo de la fuerza” pues se agredió físicamente a los manifestantes e, incluso, se lesionó a una de ellas.

Por ello, se solicitó al estado realizar una investigación amplia, clara y expedita de los hechos ocurridos, para que se sancione a quienes resulten responsables de las violaciones a los derechos humanos de las personas que ejercían su legítimo derecho a la manifestación.

“La criminalización de la legítima movilización y protesta social, sea a través de represión directa a los manifestantes, o a través de la persecución criminal, es incompatible con un Estado de Derecho en donde las personas tienen la potestad de manifestar su opinión y reclamar a las autoridades”.

Recordó que de acuerdo con este organismo internacional, los Estados deben abstenerse de recurrir al sistema de Justicia para tratar de impedir o penalizar las actividades legítimas de reclamo, reivindicación y defensa de los derechos humanos.

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