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Amparo solicitado por Mexicanos Primero podría suspender acuerdos entre la SG y maestros: abogado

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El amparo otorgado por el juez tercero de distrito en materia administrativa a la organización empresarial de Mexicanos Primero, quienes apoyan la imposición de la reforma educativa, no es una sentencia definitiva, aseguran juristas ya que  la  Secretaría de Gobernación (SG) puede impugnar el dictamen, lo que significaría que los acuerdos alcanzados con los maestros en lucha de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE)  no se suspenderían.

Sin embargo, el abogado Ricardo Reyes Retana recalcó que Mexicanos Primero tiene un interés jurídico al solicitar el amparo, el cual se pudo otorgar con la nueva Ley de Amparo, ya que puede cuestionar la legitimidad y solicitar un revisión de los acuerdos que la SG pactó con los maestros de la CNTE, bajo el argumento que esas decisiones afectan a la colectividad.

La sentencia definitiva en este caso podría crear precedentes para que en otros juicios de amparo en contra de acuerdos de instituciones con organizaciones como lo es en materia de salud, vivienda, energía, entre otras, puedan ser declarados inválidos, detalló el jurista Juan Velázquez y agregó que el caso podría llegar hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación si el máximo tribunal considera el caso de trascendencia nacional.

Por su parte el abogado Jorge Velázquez y el ex subprocurador de la Procuraduría General de la República (PGR) y docente en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, Everardo Moreno Cruz, aseguraron que Mexicanos Primero no tiene un interés jurídico en el tema; aunque sí estará a discusión si la SG decide presentar recurso de revisión y en caso que proceda los acuerdos quedarían suspendidos.

Cabe recordar que Mexicanos Primero presentaron en julio del año pasado  ante la Procuraduría General de la República una denuncia de hechos en contra del secretario general de la Sección 18 de la CNTE, Juan José Ortega Madrigal, por continuar cobrando como docente mientras se manifiesta, la cual careció de validez ante la dependencia gubernamental y fue calificada como un acto para mermar la lucha magisterial y fortalecer la organización empresarial.

Con información de La Jornada 

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