(10 de marzo, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- Este martes durante la mesa de debate “El papel del Estado como actor represor, pasado y presente”, docentes y activistas discutieron sobre represión y desapariciones forzadas en el país, coincidiendo en Ayotzinapa como pieza clave de las reflexiones.
Durante sus participaciones, los ponentes insistieron en la crisis de derechos humanos existente en México, Gustavo Ogarrio Badillo, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, enfatizó la necesidad de repensar la “verdad histórica” y la “crisis de Estado” incluso desde una perspectiva más amplia.
“¿Cómo puede verse Ayotzinapa en perspectiva latinoamericana?”, se cuestionó; “como un episodio profundamente regresivo”, tomando en cuenta que las desapariciones forzadas ejecutadas por los distintos Estados latinoamericanos fueron la constante en la década de los sesentas en América Latina, agregó.
La desaparición forzada, precisó el ponente, puede leerse como una de las características de un Estado en crisis; la iniciativa estatal de “superar” el episodio de los estudiantes desaparecidos o colocarlo en un lugar en donde no sea molesto nos habla de una imposición de una narrativa del olvido mientras la forma como ha sido tratado el tema ha impuesto a los sujetos políticos visibles una toma de posición respecto a estar del “lado estatal” o en su contra, generando una polarización de la sociedad, apuntó Ogarrio Badillo.
Por su parte, el maestro Alejandro Pedraza Ramos, añadió que una de las herramientas para comprender la violencia de Estado, es la compresión de la parte jurídica, debido a la implícita justificación de la violencia del Estado, “la violencia es un mecanismo del Estado para hacerse más fuerte y ampliar su hegemonía en todos los espacios”, declaró.
Para Pedraza Ramos, es necesario tomar en cuenta que el Estado va adaptando sus estrategias represivas, por ejemplo durante las manifestaciones del 1° de diciembre de 2014, “se rompió la lógica de detener a los líderes por una lógica de detención arbitraria para crear caos social y de este modo desarticular el movimiento”.
Asímismo planteó la necesidad de analizar a profundidad las violaciones de derechos humanos para señalar con nombre y apellido a los culpables de las vejaciones. Pedraza hizo un llamado a estar conscientes de que en el contexto actual hay un mecanismo de equiparación de los movimientos civiles y de los movimientos sociales con organizaciones criminales que clausura el diálogo y por consiguiente impide llegar a resolutivos.
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En el caso de los presos políticos y detenciones arbitrarias, Francisco Cerezo, miembro del Comité Cerezo México, advirtió que no sólo se trata de términos cuantitativos a lo que las detenciones arbitrarias refiere, sino explicar el origen de la causa y el por qué hoy existe más gente en las calles.
Cerezó advirtió que las cifras sobre este tipo de detenciones se ha duplicado desde el sexenio de Felipe Calderón, el recurso legal más usado es la “cuasiflagrancia”, es decir, cuando hay testigos de que el sujeto ha cometido un delito pero no se le detiene en el momento preciso en el que presuntamente cometió el acto.
El Comité Cerezo registró 427 detenciones arbitrarias por motivos políticos durante el año 2014, afectando con ello núcleos familiares, escolares o de amistad que conlleva las detenciones.
En cuanto a los presos de conciencia, agregó Cerezo, por su forma de pensar son detenidos y asociados a motivos políticos aún cuando éstos se mantienen al margen de dichas actividades. Para el defensor de derechos humanos, el aumento de las detenciones arbitrarias por motivos políticos, así como estrategias estatales de detención, se ha llevado a cabo para permitir la aplicación de las reformas estructurales impulsadas durante el régimen peñanietista.
