(22 de octubre, 2015.Revolución TRESPUNTOCERO).- El ataque a los normalistas de Ayotzinapa el pasado 26 y 27 de septiembre de 2014 no es un caso aislado, sino por el contrario, es un hecho que se inserta en un contexto de crisis y graves violaciones a los derechos humanos.
Lo anterior es parte de lo expuesto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por parte de los representantes de los padres y madres de familia de los estudiantes de Ayotzinapa. Al participar en la audiencia celebrada este martes 20 de octubre, los abogados de las victimas reiteraron la importancia del trabajo realizado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y repudiaron que algunos funcionarios han tratado de demeritar los hallazgos que a seis meses este grupo ha divulgado.
Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), señaló que México vive una crisis de graves violaciones a los derechos humanos. Ante la presidenta de la CIDH, Rose-Marie Antoine y los diversos comisionados de este organismo, Patrón denunció que el caso Ayotzinapa no puede ser visto como un caso excepcional, así como han intentado hacerlo pasar.
“México enfrenta una crisis de graves violaciones a los DDHH. Aunque se ha intentado presentar el caso Ayotzinapa como un hecho excepcional, lo cierto es que en nuestro país hay más de 26 mil personas desaparecidas”, dijo.
El director del Centro Prodh destacó el trabajo del GIEI en los primeros seis meses de su mandato. Dijo que su llegada trajo beneficios para todos los implicados en el caso del ataque a los normalistas. “Al Estado para el fortalecimiento de sus instituciones; a las víctimas para la documentación de profundas deficiencias en la investigación de los hechos, al grado de advertir la necesidad de su restructuración total; y a la sociedad mexicana para asegurar que todas y todos sepamos lo que realmente sucedió y demos con el paradero de los estudiantes. El GIEI ha traído innegables frutos y es hoy una luz en la negra noche de la crisis mexicana”, detalló.
Durante su intervención, Mario Patrón cedió algunos minutos para proyectar un video en el que padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos pedían a la CIDH alargar el mandato del GIEI. Entre otras cosas, demandaban el actuar de la PGR y que han perdido la confianza en las instituciones mexicanas.
Sin avances en las recomendaciones del GIEI
Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, demandó que a pesar de la relevancia que cobró el informe del GIEI, a la fecha la voluntad del Estado para concretar las recomendaciones no se ha materializado. Dijo que contrario a lo anterior, algunos funcionarios, con sus actos, han demostrado que no existe una disposición real para tomar los hallazgos del GIEI.
“A pesar de la relevancia que ha tenido para las víctimas y la sociedad mexicana la emisión del informe del GIEI, la voluntad estatal de avanzar en el cumplimiento del informe no se ha podido materializar en acciones concretas, por el contrario desde la publicación del informe, a más de mes y medio, las autoridades han realizado actos que no están anunciando una real disposición para reestructurar la investigación”, dijo.
Barrera citó algunos ejemplos, que desde la perspectiva de los representantes de las víctimas, demuestran esta falta de voluntad. En primera instancia, recordó que algunas instituciones han rechazado el informe del GIEI. Además que desde el 17 de septiembre se ha negado el acceso al expediente.
“El informe no fue acogido de modo unánime por el Estado. Voces del gobierno federal se han pronunciado en sentido incompatible con el respeto al mismo, señaladamente la Agencia de Investigación Criminal de la PGR y el Ejército. Este último incluso a acusado como ilegal la actuación del GIEI.
También desde el 17 de septiembre, de manera irregular, se ha restringido el acceso al expediente para los representantes de las víctimas, al día de hoy no sabemos cuáles son las últimas actuaciones y si estas reproducen o no los vicios que encontró el GIEI o incluso si las mismas podrían ser tachadas de ilícitas”, expuso.
De igual manera, reprochó que aún el expediente se mantiene en la instancia que promovió “la insostenible teoría oficial del caso”. Además que no se ha investigado a los funcionarios que deliberadamente han obstruido el esclarecimiento de los hechos.
“No se ha relanzado la búsqueda ni se ha incorporado la tecnología recomendada por el GIEI. No ha habido una sola acción que indique que el Estado volverá a buscar a los muchachos, cuestión central para las familias. No hay claridad en las interlocuciones, se nos dice que la PGR tendrá toda la capacidad de toma de decisiones pero después se nos informa que es necesario solicitar la autorización de EPN”, demandó.
Aunado a lo anterior, señaló que se sigue poniendo a las víctimas en segundo plano. Como prueba de esto mencionó el día en que la PGR dio a conocer los hallazgos del laboratorio de Innsbruck, que afirmaban que uno de los restos enviados para su análisis eran de Jhosivani Guerrero de la Cruz.
“Ante un reciente informe de genética del laboratorio de Innsbruck, la PGR no informó adecuadamente su contenido, ni resguardo la información para que su publicación en prensa no fuera revictimizante.
En suma, el compromiso del Estado mexicano con la reestructuración de la investigación y con la búsqueda de los normalistas desaparecidos, no se ha materializado con la contundencia necesaria frente a la magnitud de lo que el GIEI ha relevado. La voluntad política no se expresa sólo en palabras, se debe traducir en acciones, en actos concretos que pongan al centro a las víctimas y que regresen al actuar gubernamental a la senda de la verdad y la justicia”, expuso.
Fundamental un nuevo plan de investigación
Santiago Aguirre, subdirector del Centro Prodh, afirmó a los comisionados de la CIDH que para los padres y madres de los estudiantes victimas, la permanencia del GIEI es fundamental. Detalló que ante la extensión del mandato del GIEI será importante, entre otras cosas, reconstruir la investigación para lograr el objetivo de esclarecer lo sucedido.
“Para la reconstrucción de la investigación resulta fundamental generar un nuevo plan de investigación que debería considerar al menos indagar el contexto de macro criminalidad y corrupción política, asumiendo la existencia de una práctica generalizada de desaparición forzada en la región de Iguala y zonas aledañas, pues al día de hoy se han localizado 104 cuerpos en esta sola región”, dijo.
En lo referente subrayó que se debe dejar de pensar el crimen contra los estudiantes como un hechos exclusivo del ámbito municipal, pues aseguró, deben investigarse “los circuitos de contubernio y corrupción que a nivel estatal e incluso federal que permiten en México la existencia de territorios donde las autoridades políticas y policiales actúan coludidos con el crimen organizado, regiones donde la línea entre Estado y delincuencia es inexistente”.
Aguirre reiteró la importancia de que en esta nueva etapa se considere investigar al Ejército, así como a otras corporaciones que están señaladas por participar en el ataque a los normalistas.
“Se debe investigar la participación de otras fuerzas de seguridad de los órdenes estatal y federal, incluyendo desde el luego al Ejercito mexicano. De acuerdo con el informe del GIEI los sucesos del 26 y 27 tuvieron un nivel importante de coordinación, pudieron haber sido previsibles y por acción u omisión participaron corporaciones de distintos órdenes de gobierno.
Se debe indagar si el objetivo del operativo policial fue impedir que los autobuses tomados por los estudiantes salieran de la ciudad de Iguala a causa de una posible vinculación de los autobuses con el trasiego transnacional de droga”, dijo.
Llamó a las autoridades a no perder tiempo en diligencia sobre “cuestiones que ya quedaron esclarecidas en el informe GIEI, y que sólo expresan la persiste intención de estigmatizar a las víctimas”. Además insistió en el hecho de investigar a funcionarios que han entorpecido las pesquisas.
“(Lo anterior) son acciones que requieren un impulso ciudadano de Enrique Peña Nieto. Sólo así se podrá revertir la confección de una verdad histórica que como ha demostrado el GIEI es insostenible (…) Solicitamos a la CIDH que su liberación tome en consideración la petición de los padres sobre una permanencia más extendida del GIEI.
“Insistir que la desaparición de los 43 no fue atípica ni es un hecho excepcional. La crisis de DD.HH. ha generado miles de desapariciones. En todo el país hay familias que buscan a sus seres queridos, y en la gran mayoría de los casos no sólo no han tenido acceso a un grupo de expertos, sino que no han tenido acceso a una institucionalidad estatal mínimamente funcional”, finalizó.
