(13 de marzo, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- En 2014 César Duarte gobernador de Chihuahua dio inicio a la construcción del aeropuerto en la comunidad de Creel, Bocoyna, hecho que provocó la inconformidad de la etnia tarahumara, perteneciente a la población de Bosques de San Elías-Repechike, debido a que no se les consultó el proyecto de dicha obra y al mismo tiempo porque el aeropuerto bloqueó el camino y las veredas, lo cual afectará a la hora de intentar llegar a los hogares de Creel, San Ignacio y Bocoyna.
Las entradas y salidas fueron clausuradas con malla ciclónica, la cual impide el paso perjudicando principalmente a los niños y adolescentes que caminan hacia la escuela, así como el traslado de mercancía o personas que necesitan atención médica. La única opción es rodear el aeropuerto y caminar hasta 4 horas más, aunado a esto, la obra requirió el uso de manantiales, para después taparlos con piedras y tierra impidiendo su uso y dañándolos, haciendo énfasis en la tala indiscriminada de árboles que ha dejado en la indefensión a los pobladores.
La socióloga Alba Cisneros afirma “la construcción del aeropuerto no fue benéfico para los indígenas, Duarte habló de trabajo en la obra, hecho que no pasó, ya que no hubo contratación alguna, pues la mano de obra la puso la empresa constructora a cargo. La zona cuando funcione el aeropuerto será inhabitable, en especial para personas que están acostumbrados a la paz de las zonas rurales, en definitiva una violación grave a los derechos humanos”.
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La lucha de los campesinos la respaldó la asociación civil Consultoría Técnica Comunitaria (CONTEC), de manera ininterrumpida gestionó reuniones, emitió comunicados y los apoyó en sus manifestaciones. Este tipo de hechos provocaron según los representantes del órgano “la furia de César Duarte, buscando afectarnos de cualquier forma a manera de represalia, para que desistiéramos de la ayuda. Así fue como dio inicio un proceso de auditoría esperando que abandonáramos a las comunidades indígenas que se oponen a la construcción del aeropuerto de Creel y al gasoducto Ojinaga-Topolobampo.
Parte de las acciones de CONTEC a favor de los grupos indígenas fue la interposición de un juicio de amparo, obteniendo una sentencia a favor de la comunidad indígena con respecto a la construcción del gasoducto El Encino-Topolobampo y la sentencia a favor de la comunidad de Bosques San Elías Repechique en relación al aeropuerto regional Barrancas del Cobre.
Inmediatamente después, CONTEC recibió un oficio donde se le informaba que la organización sería sometida a una auditoría fiscal por parte del gobierno de César Duarte Jáquez, bajo la justificación de que “los gobiernos deben garantizar que la labor de las personas defensoras de derechos humanos se realice sin ningún obstáculo, y cuentas claras”.
Tras dar a conocer el hecho, CONTEC ha recibido el apoyo de 112 organizaciones no gubernamentales de diversas partes del país, que han catalogado la fiscalización como una “inminente represalia” de César Duarte.
En febrero pasado la Secretaría General de Gobierno ordenó a través de su titular Mario Trevizo Salazar, la cancelación de la fiscalización por considerarla “improcedente”, sin embargo, al no existir un documento que respalde dicha orden para detener la acción el procedimiento sigue en pie, no importado las decisiones orales de un funcionario.
CONTEC tomó la acción como una estrategia de César Duarte para acallar las solicitudes de suspensión de la auditoria por parte de las asociaciones, calificada como una simulación de cancelación, porque no lo hizo.
Dicha auditoría la ha manejado la Dirección de fiscalización rechazando gastos que son estrictamente indispensables para el funcionamiento de la asociación y que por defectos de requisitos fiscales de dichos comprobantes, cambiaron de manera arbitraria el estatus de una “empresa moral con fines no lucrativos” a una “empresa moral con fines lucrativos”, dando como resultado la atribución de un impuesto aproximado de 300 mil pesos por el rechazo de dichos gastos.
“La auditoría aplicada a CONTEC refuerza la afirmación de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en el sentido de que Chihuahua ocupa el primer lugar en denuncias sobre ataques cometidos contra defensoras y defensores de derechos humanos”, afirma Martínez Sosa.
La activista Maricela Martínez Sosa afirma “una fiscalización impuesta bajo argumentos absurdos a organizaciones defensoras de derechos humanos, debe además de causar una grave preocupación, instar a tomar medidas precautorias y de protección ante las acciones desmedidas de César Duarte en contra de las ONG’s, a quienes ha denigrado, por defender precisamente de él, a quienes intenta robar”.
“César Duarte persigue, tortura, asesina, desaparece, y si eso no le funciona, emite oficios para realizar fiscalizaciones, él constantemente está actualizando sus métodos de represión para que la cruda realidad no opaque sus planes de acaparar lo poco que le queda a Chihuahua”, comenta Martínez Sosa.
Cisneros afirma “es urgente la pronunciación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a través de su Consejo de Derechos Humanos, declarando su preocupación por los persistentes informes sobre actos de intimidación y represalia contra de representantes y mecanismos en la esfera de los derechos humanos, que tratan de cooperar a favor de las familias indígenas que sufren discriminación y robo por parte de César Duarte”.
“El Consejo debe condenar todo acto de intimidación o represalia del gobierno de César Duarte y los de agentes de seguridad, se necesita el respaldo de un órgano internacional, porque solicitarlo a Peña Nieto es como pedírselo a un ente invisible e inservible. Hoy Chihuahua vive un inminente panorama crítico, donde el poder está en manos de un bélico y corrupto gobernante, que se reflejan en la gravedad de las represalias denunciadas y por la vulneración de los derechos humanos de las víctimas, incluidos el derecho a la vida, la libertad y la seguridad de la persona, donde cualquiera es sometido a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”, declara Cisneros.
Martínez Sosa sentencia “lo que sucede en Chihuahua es una viva (o muerta) representación del fracaso del Estado mexicano en la improvisada o fingida lucha que tanto Peña Nieto, como Duarte usan como promocional de otro producto de ínfima calidad, pero que buscan disfrazar como de primer nivel”.
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