El Gobierno del Estado de Chiapas a través de la Secretaría de Economía y del Trabajo (SEyT) encabezada por Aarón Yamil Melgar Bravo, celebró la decisión de los diputados de la Sexagésima Séptima Legislatura del Congreso del Estado al aprobar el dictamen de la Ley de Mejora Regulatoria.
En este sentido, Chiapas pudo cumplir en tiempo y forma, lo establecido por la Ley General en su párrafo segundo, artículo Quinto Transitorio, al dar vigencia de un año a partir de su entrada en vigor para adecuar las leyes al contenido del marco normativo federal cuyo Decreto fue publicado el 18 de mayo de 2018.
De esta forma, Chiapas se convirtió en la sexta entidad federativa junto a Colima, Estado de México, Querétaro, San Luis Potosí y Sinaloa en cumplir una obligación de carácter nacional, al contar con el respaldo del Poder Legislativo local de manera unánime, en lo particular y en lo general, cuyas disposiciones entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
Por medio de esta nueva ley, las autoridades estarán obligadas, en el ámbito de su competencia a promover la eficacia y eficiencia, fomentar la transparencia y el desarrollo socioeconómico y la competitividad del estado.
Las nuevas disposiciones de la Ley, nombran como Presidente del Consejo de Mejora Regulatoria del Estado al titular del Poder Ejecutivo Estatal, en vez del titular de la Secretaría de Economía y del Trabajo.
Asimismo, son sujetos obligados las dependencias y entidades del Ejecutivo del estado y, ahora, también los municipios; además de los Poderes Legislativo y Judicial, en el marco del respeto a su autonomía.
Con este fin, se establecerá un Sistema Estatal de Mejora Regulatoria y los instrumentos para vigilar que las normas de carácter general que realice cualquier autoridad en la entidad, garanticen beneficios superiores a sus costos, impulsando el uso de la tecnología de la información mediante la creación de un Sistema de Gobierno Digital, y un catálogo estatal que contendrá trámites y servicios a cargo del Estado y sus municipios.
Finalmente, entre las adecuaciones, está generar mayores beneficios que costos y el máximo beneficio social; seguridad jurídica; coherencia y armonización; accesibilidad tecnológica; transparencia, responsabilidad y rendición de cuentas así como fomento a la competitividad y el empleo.
