Por: Valentina Pérez Botero
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Abre la llave y no sale nada. No hay agua para cocinar ni bañarse ni para usar el baño. La carencia de infraestructura de acueductos y alcantarillado afecta en dignidad la vida de muchas familias en México y el problema clave, más allá de las prácticas de desperdicio, es, como lo afirma Nathalie Senguin, “un problema de acaparamiento”.
La directora de Freshwater Action Network (FAN-México) enfatiza que se debe repriorizar las concesiones del agua ya que el monopolio de las industrias –tanto agrarias como de producción de bienes– no sólo son los principales consumidores (81 por ciento del agua se destina a estos fines), también son los mayores contaminantes.
Los problemas de agua en México tomaron otro matiz desde que se incluyó dentro de la Constitución mexicana, en el artículo cuarto, el derecho humano al agua. La especificación legal tiene dos implicaciones importantes: la inclusión del saneamiento como un derecho adjunto, y la visión de sustentabilidad en la administración del recurso al decir que debe preservarse para futuras generaciones.
La entrada en vigor de la modificación, como fruto de una lucha internacional por reconocer el agua como un bien social y no como un bien comercial, establecía en un transitorio la necesidad de crear una nueva ley general de aguas que asentara este nuevo principio.
El plazo para concretarlo se venció. La caducidad del tiempo y la imperiosidad de reformar la ley actual, convocó a un grupo interdisciplinario de académicos y científicos que construyeron la propuesta ciudadana de ley “Agua para todos, siempre”, que busca replantear la administración del agua en el país. Como señala Elena Burns, coordinadora del proyecto, “el mayor reto de esta ley es que exige una ciudadanía activa” porque su modelo está basado en la cogestión.
La ciudadanía como rectora y administradora del recurso podría demandar transparencia en infraestructura, concesiones y, en su conjunto, garantizar el derecho humano al agua al proveer el litraje mínimo básico, respetar usos y costumbres de los pueblos originarios, cobrar tarifas conforme al avalúo catastral del predio y exigirle a la industria un alto a la contaminación.
La trascendencia de salvaguardar el derecho humano al agua radica en que ella en sí es insustituible, aporta dignidad y está relacionada con otros derechos humanos como a la alimentación y a la vida.
