Organizaciones sociales alertaron que, de aprobarse la Ley de Seguridad Interior, se podría utilizar la fuerza militar contra las manifestaciones que rechacen el fraude en las elecciones de 2018.
De esta manera, activistas de la Defensoría de Derechos Humanos General Gallardo y Mexicanos Unidos indicaron el riesgo que significa esta ley, la cual será discutida mañana en comisiones del Senado y que establece que el presidente de la República tiene derecho a pedir la intervención del Ejército si determina que las protestas sociales representan una amenaza a la seguridad interior o a la seguridad pública.
“Hay un gran riesgo de que no triunfe el candidato del sistema, y ellos ya están pensando cómo reprimir las manifestaciones del fraude que ya se prevé” – afirmó Enrique González, de Mexicanos Unidos.
Por su parte, Porfirio Martínez, también de Mexicanos Unidos, mencionó que la Ley de Seguridad Interior dejará indefensos a los ciudadanos mexicanos.
“Esta ley es la ley de Porfirio Díaz, la ley de mátenlos en caliente” – expresó.
Francisco Gallardo, de la Defensoría de Derechos Humanos General Gallardo, agregó que, por medio de esta ley, se trata de hacer legales las actuaciones del Ejército que han sido arbitrarias.
“En más de tres años, el Gobierno no ha podido ni querido esclarecer los crímenes cometidos contra los seis asesinados y los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, los casos de Tlatlaya, de Tanhuato, de Apatzingán, de Ostula ni de Nochixtlán, en los que intervinieron directamente diversas corporaciones policiales y miembros del Ejército con uniforme de la Policía Federal” – indicó.
Aseguraron que la función de las Fuerzas Armadas no es perseguir delincuentes, sino defender la integridad territorial y la soberanía nacional en caso de amenaza o ataque de alguna fuerza o potencia extranjera.
Criticaron el hecho de que el Gobierno mexicano, junto con la Cámara de Diputados, haya ignorado los llamados del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU en México, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Oficina de Washington para América Latina, Amnistía Internacional y de otras organizaciones nacionales e internacionales.
Por esta razón, los activistas hicieron un llamado para que la Cámara de Senadores no apruebe la ley.
“Hoy el País está dividido entre quienes vamos a defender a la Patria y quienes están dispuestos a seguir sometiendo al pueblo” – dijo Porfirio Martínez.
“Aquí el asunto es quiénes van a defender al País y al pueblo de México y quiénes van a seguir afectándolo, así todos los senadores tienen que resolver, en conciencia, si atacan al País o lo defienden”.
