Fue en 2014, que la organización Desarma México presentó ante la entonces PGR una denuncia contra funcionarios del sexenio de Felipe Calderón por su responsabilidad y/o complicidad en el tráfico de armas realizados entre 2006 y 2011 comenzados en el gobierno de Vicente Fox y extendidos en el sexenio de Calderón Hinojosa.
El operativo denominado “Receptor Abierto” (Wilde Reciver) fue realizado entre 2006 y 2007 y permitió la entrada ilegal de armas a México. Lo anterior bajo el gobierno de George W. Bush y el Departamento de Justicia que estaba a cargo del procurador general Alberto Gonzales.
Receptor Abierto fue realizado desde la oficina de la Administración contra el Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) en Tucson, y de acuerdo con documentos obtenidos por Los Ángeles Times, era conocido por altos funcionarios del Departamento de Justicia.
En Receptor Abierto, los agentes de la ATF colocaron rastreadores electrónicos en las armas, pero igual que en Rápido y Furioso,los compradores guardaron las armas hasta que se acabaron las baterías, que duraban 48 horas.
Este programa permitió que alrededor de 500 armas de alto poder se vendieran sin control y presumiblemente llegaran a criminales.
La existencia del operativo fue dada a conocer en 2009 a través de una serie de correos electrónicos entregados por la administración de Barack Obama a investigadores del Congreso y funcionarios del Departamento de Justicia.
Fue en 2007 tras un año de dejar pasar armas a México, no se ven resultados sobresalientes y algunos agentes expresan su desacuerdo ante los métodos utilizados.
En palabras de un fiscal, “No me gusta el caso. Creo que es un error permitir que cientos de armas entren en México cuando sabemos que van para personas involucradas en el tráfico de drogas”.
No obstante, en noviembre del mismo año, el Fiscal General Michael Mukasey recibe un documento en el que la ATF recuenta un intento fallido de dejar “caminar” armas a México con el objetivo de atrapar a quienes reciben armas. Es entonces cuando la ATF pide permiso para expandir el programa y realizan el primer intento de coordinación entre la ATF y los federales mexicanos con el Procurador General de México, Eduardo Medina Mora.
“El representante de la PGR en Arizona cooperaba en ambas operaciones con la identificación de personas (en México) a quienes llegarían las armas y proporcionando el número de placas de los automóviles en los cuales se pasarían a México” declaró el agente de la AFT, John Dodson.
Es a través del operativo de Rápido y Furioso que se enviaron a México unas 2 mil 800 armas largas que acabaron en manos de el crimen organizado. Concretamente de más de 2 mil rifles de asalto y 50 rifles estilo francotirador, además de miles de municiones
De acuerdo con las fuerzas federales entre 2001 y septiembre de 2016 se aseguraron un promedio diario de 40 armas. Los resultados más importantes se obtuvieron durante el sexenio de Felipe Calderón, pues de las 234 mil armas incautadas en el lapso mencionado, siete de cada diez se recuperaron en dicho periodo.
El plan era que las autoridades mexicanas vigilaran y siguieran a los traficantes una vez que cruzaran la frontera hasta el punto de entrega de las armas. Sin embargo cuando los sospechosos cruzaron la frontera, autoridades mexicanas perdieron la pista, señala la demanda presentada por Desarma México.
Desarma México señala que las autoridades mexicanas enviaban información balística de casos relacionados con esas armas a autoridades estadunidenses o intervinieron de forma directa en asuntos policiales en territorio mexicano para su rastreo.
ccca.
