(11 de febrero, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO) .- En México, las actividades de las industrias extractivas -como la minera y la de hidrocarburos- se han posicionado, gracias a los recientes cambios legislativos, como actividades estratégicas para el desarrollo del país, con lo cual, se da prioridad a las acciones que emanen del rubro sin considerar las afectaciones que se puedan generar a terceros a partir de las labores de las compañías extractivas.
Ante esto, uno de los fenómenos que se visualiza para los próximos meses es la invasión de predios, comunidades indígenas o áreas naturales protegidas en las que se hallen hidrocarburos, ya que con el carácter estratégico con el que se ve a la industrias extractivas, las empresas nacionales y transnacionales de capital privado utilizaran todos los mecanismos posibles para afianzarse en cualquier sitio del país donde mejor les convenga, sin importar qué o quién ocupe ese territorio.
Al respecto, Manuel Llano, Maestro en Antropología Social por la Universidad Iberoamericana, realizó un mapa en donde identifica las zonas contempladas por las autoridades para concesionar las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos a privados. En este mapeo, identifica que en lo establecido por la Secretaría de Energía (Sener) por lo menos se encuentran inmersas 2,500 comunidades que podrían ser ocupadas por empresas para realizar sus actividades de explotación de recursos.
En entrevista exclusiva para Revolución TRESPUNTOCERO, Llano explica que emprendió la tarea de integrar en un mapa la información de las concesiones en aras de identificar las posibles afectaciones. Apuntó que por parte de la Sener, no existe información clara al respecto, ni acerca de los bloques a licitar en Ronda 1 así como lo otorgado a Pemex en Ronda 0. “La Sener publica mapas ridículos porque carecen de datos abiertos, no cumplen con ningún estándar; eso no es cartografía ni información técnica, a pesar que sostenga que ahí esta la información”, dijo.
Comentó, que después de realizar el mapeo, es posible identificar que en las zonas contempladas por la Sener para concesionar, se localizan comunidades con un nivel de marginación alto. “La presencia de esta clase de empresas en las zonas marginales de ninguna manera van a contribuir a mejorar las condiciones de esa población y por el contrario, esta gente que es la que tiene menos oportunidades de defender sus tierras serán los más afectados”, puntualizó.
Aseguró que con la realización del mapa pretende llevar a cabo un análisis en donde se identifique las posibles zonas afectadas por el otorgamiento de concesiones. Asimismo, comentó que el siguiente paso, ya ubicadas las zonas, es estar muy atentos y dar seguimiento al proceso con el cual se otorgue a las empresas la posibilidad de emprender sus actividades en ciertas regiones. “Ahora se trata de tener los ojos muy abiertos para ver a dónde van estas licitaciones, a la ubicación geográfica; lo que sigue es que ya cuando se den las concesiones es estar muy atentos a qué es lo que va sucediendo con las comunidades”, manifestó.
En referente a la Ronda 1, explicó que se han trazado bloques inmensos de superficie para concesionar, muy contrario a lo hecho en otros países en etapas similares. En este sentido ejemplificó el caso de los Estados Unidos en donde se contemplaron bloques más pequeños. “Irónicamente tanto Sener como la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) utilizan frases como: que están consultando a los empresarios a ver si así les gusta cómo está diseñada la ronda 1, pero aquí hay un detalle: ¿quién está preguntando a los dueños de la tierra, quién si quiera les está avisando?”.
Agregó, que con la reforma y la aparición de la figura de “ocupación temporal de tierras” -derivado de considerar a la actividad energética como estratégica- se pone por encima de cualquier otra cosa, el uso del suelo para las labores extractivas.
“Entonces, nadie les consulta a los dueños de la tierra, sean indígenas o no; área protegida o no, no hay consulta de ningún tipo, simplemente se ocupa arbitrariamente esto en función de la presencia de hidrocarburos aunque el beneficio sea para privados, nacionales o extranjeros. Lo que tenemos a la fecha es la negativa oficial de que los dueños de la tierra se enteren si serán afectados o no”, sentenció.
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“Poco acceso a la información sobre concesiones mineras”
En el caso de las concesiones mineras entregadas por parte del gobierno, Manuel Llano, comentó que existe muy poco acceso a la información y trasparencia para conocer dónde se ubica la actividad de estas empresas. “En el caso de concesiones mineras, el simple hecho de conocer, de tener acceso a la ubicación de las concesiones mineras, tiene un costo, supuestamente es información pública, y lo es en tanto que no es de seguridad nacional ni está reservada, pero tiene un costo y para nada barato”, aclaró.
En este sentido, explicó que el tratar de conseguir la cartografía de las concesiones mineras es un trámite que se debe realizar ante la Secretaría de Economía (SE), el cual si quisiera llevarse a cabo para conocer la ubicación a nivel nacional, tendría un costo de 7 millones de pesos.
Por otro lado, el especialista señaló que al otorgar las concesiones en materia minera existen diversos abusos, entre los cuales se presenta, otorgar la concesión sin ni siquiera informar al dueño del predio concesionado. “Las concesiones mineras se otorgan sin informarle al dueño del predio; de las 27 mil concesiones que hay, los dueños de la superficie, sea pequeña, mediana o grande, un ejido o una comunidad, pues no están informados, nadie les pregunta, nadie les consulta al momento de otorgar la concesión”, dijo.
Hoy en día, 16 % del territorio nacional se encuentra concesionado a empresas para realizar actividad minera, lo que equivale a 30 millones de hectáreas. De acuerdo con Manuel Llano, esta extensión territorial representa las dimensiones de los estados de Chihuahua y Veracruz juntos. “Para visualizar un poco mejor este contexto: las áreas protegidas en México ascienden al 13% del territorio, mientras que las concesiones mineras representan el 16%; sin duda es alarmante estas cifras”, argumentó.
Cabe mencionar, que Manuel Llano elaboró un mapa en donde presenta gráficamente las concesiones mineras entregadas, así como lo referente a la ronda cero y uno, así como la posición de áreas naturales protegidas; este se puede consultar en www.cartocritica.org.mx
La gendarmería protegerá los proyectos
Ante los cambios en las estrategias de seguridad para dar certidumbre a los inversionistas y proteger los proyectos, Manuel Llano recordó las declaraciones de Luis Videgaray en el marco de su participación en la reunión del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional el año pasado.
Es preciso mencionar que durante este acto se le cuestionó a Videgaray cómo el gobierno mexicano promoverá la seguridad de las inversiones en el país, a lo cual manifestó, que la nueva gendarmería sería utilizada para dar certeza a las compañías y proteger sus capitales. Estos comentarios provocaron sorpresa e incluso diversas organizaciones sociales como Fundar emitieron una carta para exigir al gobierno que no se utilice un cuerpo de seguridad pública para defender intereses privados.
Por otro lado, Manuel Llano mencionó el tema del crimen organizado y la violencia generada como un factor utilizado de manera deliberada para provocar el desplazamiento forzado de comunidades que habitan en zonas con riqueza en recursos. “La violencia de grupos paramilitares o del llamado crimen organizado en zonas con potencial minero o de hidrocarburos, mas lejos de ser casualidades se puede tratar en buena medida de estrategias de desalojo forzado de zonas rurales, es decir, azota la violencia a una región mediante grupos paramilitares y el crimen organizado y hay un desplazamiento forzado de la gente; y qué pasa al darse esto, pues hay un abaratamiento de las tierras y hay menos gente opositora y casualmente 1 o 2 años después aparecen las empresas para hacer la exploración o explotación”, expuso.
Para finalizar el especialista aseguró que se deben emprender acciones concretas para evitar la ocupación de tierras y dijo que se debe tomar conciencia para poder realizar la extracción de los recursos. “El que sean indispensables los recursos energético o mineros no significa que puedan estar por encima del derecho a la vida, de un ambiente sano, por encima del derecho al territorio”, finalizó.
