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Construcción de obra “peñanietista” no sufrirá recorte por presupuesto ni será detenida a pesar de causar ecocidio: activistas

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(15 de septiembre, 2016. RevoluciónTRESPUNTOCERO).- Los habitantes del pueblo de San Lorenzo Acopilco, en la delegación Cuajimalpa no están de acuerdo con la construcción del Tren Interurbano México-Toluca. Como parte de su lucha han marchado, los han golpeado, intentaron negociar, interpusieron amparos…nada ha servido, la postura del Gobierno federal y local es una misma: el mega proyecto va porque va.

Tan decidido está el Gobierno federal a concluir este proyecto de infraestructura que a pesar de los anuncios de recorte al presupuesto del 2017 -por un monto total 239 mil millones de pesos- esta obra no se verá afectada pues la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dispuso 17 mil 840 millones para las obras del tren durante 2017, lo que significa un aumento de 150 por ciento respecto a lo designado en 2016, cuando la cifra se ubicó en 7 mil 112 millones de pesos.

Actualmente la obra presenta un avance general del 37 por ciento en el llamado Tramo III que va de la terminal del Metro y autobuses Observatorio a la salida del túnel que unirá a Ciudad de México con el Estado de México, en el límite de ambas entidades.

Junto con el avance de la edificación también avanza la destrucción ambiental responsabilidad de las empresas La Peninsular, de la familia Hank Rhon, y la española OHL en ambas tienen importantes inversiones miembros del Grupo Atlacomulco conformado por varios padrinos políticos de Enrique Peña Nieto.

Los comuneros del pueblo de San Lorenzo Acopilco, en la delegación Cuajimalpa, han denunciado el ecocidio que generará la obra empezando por la deforestación del Cerro de las Cruces donde se abrirá un paso al Tren Interurbano a golpe de dinamita todo esto sin la autorización de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

Por si fuera poco el daño ambiental que causará la tala de miles de árboles adultos las estimaciones del Frente Único de Organizaciones de la Comunidad, señalan que 30 mil personas se quedarían sin agua porque se afectarían también acuíferos, riachuelos y veneros.

Ni los ven ni los oyen

Ante la avalancha de injusticias y abusos por parte de las autoridades federales y locales se han unido diversas organizaciones para tratar de frenar el mega proyecto, por lo menos hasta que se retome con base a los estándares internacionales de remediación de daños ambientales y en total transparencia con las comunidades que se verán afectadas.

En este sentido Ivonne Tapia Ornelas, integrante de la coordinación del Frente Vecinal Poniente (FREVEPO) señaló Revolución TRESPUNTOCERO que a pesar de que las mesas de trabajo técnicas entre las organizaciones opositoras y los representantes de gobierno fueron suspendidas, el proyecto sigue avanzando.

“Tenemos las mesas de trabajo detenidas porque no se nos han dado la información real y actual que les requerimos. No hay ningún documento que avale los estudios al respecto. Por ello no se han reanudado las mesas de trabajo.

“Ellos están avanzando ilegalmente porque no cuentan con ningún tipo de estudios. Patricia Mercado, Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, respondió a una recomendación que hizo Derechos Humanos diciendo que tiene 73 mesas de trabajo y tres recorridos, algo que es falso.

“Nosotros luchamos como afectados del Tramo III, nos indicaron que la información debería proporcionarla la Subsecretaría de Enlace de Gobierno, dirigida por Mercado pero nada…los estudios de impacto de suelo e impacto ambiental y a cuerpos de agua no existen, no hay, la misma Secretaría de Medio Ambiente local – y la CONAGUA lo confirmó- dicen que no existe ningún estudio al respecto”.

Los habitantes de la delegación Álvaro Obregón que se verán afectados el paso del tren saben que no es ni será fácil continuar con su lucha, históricamente los gobierno federal y local no dan marcha atrás en sus interés a pesar de violar la ley.

Ante el panorama actual la representante vecinal señaló que buscaran unificar su reclamo con el de otros vecinos para detener las obras por lo menos en la delegación Álvaro Obregón donde ya han comenzado a sufrir desabasto de agua por la fractura de pozos profundos.

“Daremos el mayor esfuerzo para rechazar tajantemente esta obra. Sabemos que si se realiza es sólo por una cosa: la impunidad en México. A nivel local y federal buscan favorecer al empresario y a los grandes consorcios aunque no tengan la documentación necesaria.

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“Insistiremos en señalar, que sepan qué están pasando por encima de vasos reguladores, lo cual es parte de su ecocidio. Ellos están buscando la gentrificación, tarde o temprano comenzarán a extender Santa Fe a nuestras colonias aledañas y hacer una nueva ciudad de ricos”, señaló la activista.

Ornelas también advirtió que su decisión es firme, “defenderemos nuestros territorios, que incluye tierras, aguas, bosques, aire; nuestras mismas comunidades y sus costumbres, así como todas las riquezas naturales y culturales que se encuentran en ellas.

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“Si quieren sacarnos tendrán que hacer uso de la fuerza pública, lo que sería una doble violación a los derechos humanos. Por lo pronto tenemos aún que explorar rutas legales para detener la construcción de este Tren que no es en beneficio social sino para ganancia de los grupo empresariales cercanos al poder”, concluyó Ivonne Tapia.

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