El Tribunal Constitucional de Corea del Sur, consideró que la normativa vigente que prohíbe el aborto es violatoria de los Derechos Humanos de las mujeres y limita su derecho a decidir, por lo que de los 9 jueces que conforman el Tribunal, 7 votaron a favor de que la Asamblea Nacional reforme las leyes nacionales en la materia.
Con este fallo, la Asamblea Nacional de Corea del Sur tiene hasta el 31 de diciembre de 2020 para reformar las leyes nacionales que a decir de los jueces del Tribunal, restringen los derechos de las mujeres y advirtió que, si no es sometida a una profunda revisión, procederá a revocarla.
Esto ocurre luego de que en 2012 el Tribunal se pronunciara en contra del aborto durante una sesión llevada a cabo ese año en la que se decidió mantener la prohibición con una votación de cuatro contra cuatro.
Esto cambió en la discusión del día de ayer en la que se alegó que los “embriones dependen completamente del cuerpo materno para su supervivencia y desarrollo”, por lo que no se les puede considerar seres vivos independientes con su propio derecho a la vida”.
Además, se mencionó que “la prohibición del aborto limita el derecho de las mujeres a asumir su propio destino y viola su derecho a la salud al restringir el acceso a procedimientos seguros en el momento oportuno”.
Con estos argumentos, los legisladores de la Asamblea Nacional tienen hasta el próximo año (2020) para revisar la legislación y dar prioridad a los derechos de las mujeres.
El veto tuvo como antecedente un requerimiento para revisar la norma que prohíbe el aborto, el cual fue presentado ante el Tribunal en 2017 por un médico obstetra quien fue procesado por practicar 70 abortos ilegales a solicitud de mujeres embarazadas.
También, por una petición firmada en octubre de 2017 por más de 200 mil personas quienes a través del sitio web Cheong Wa Dae pidieron la legalización del aborto.
Este veto llega 66 años después de que Corea del Sur promulgara la ley que criminaliza el aborto en 1953. Para 1973 el país comenzó a permitir excepciones en casos de violación, de incesto o cuando la madre o el feto se encontrasen en riesgo; siempre y cuando el aborto ocurriera dentro de las primeras 24 semanas y se tuviera el permiso del cónyuge.
Si una mujer se sometía a un aborto ilegal, podía llegar a pasar un año de prisión y una multa de 2 millones de won (cerca de 34 mil pesos mexicanos). Además, el médico que practicara el aborto alcanzaría dos años de prisión y la pérdida de la licencia para ejercer su profesión.
Ahora estas penalizaciones desaparecerán, ya que de acuerdo con los funcionarios del Tribunal, para la norma actual sólo se tienen dos opciones: el reemplazo o la derogación.
EL ABORTO EN COREA DEL SUR
Hasta 2014, más de 30 países habían modificado sus leyes para ampliar el acceso a servicios de aborto legal y seguro, de acuerdo con el Centro de Derechos Reproductivos (CRR por sus siglas en inglés). Corea del Sur no formaba parte de ellos, y debido a esto, tan sólo en 2017, se reportaron 50 mil abortos ilegales, según cifras del Instituto Surcoreano para la Salud y los Asuntos Sociales.
Para 2010 la tasa de aborto se ubicaba en un 15.8 por ciento; sin embargo, para 2017 la estadística se redujo a 4.8 por ciento. Dicha información fue obtenida a través de un sondeo realizado a 10 mil mujeres de entre 15 a 44 años de edad.
Con los datos arrojados por este sondeo, el Instituto reportó que el descenso de abortos ilegales se dio gracias a las políticas públicas implementadas por el gobierno; ahora las mujeres usan anticonceptivos normales y de emergencia. Sin embargo, también afirmó que muchas mujeres siguen expuestas a embarazos no deseados.
Estas cifras podrían resultar inciertas, ya que, de acuerdo con Chosun Ilbo, medio de comunicación chino, las mujeres de Corea del Sur viajan a China para practicarse un aborto ya que ahí su práctica es legal debido a la política de un sólo hijo.
De acuerdo con la información obtenida por este medio a través de una fuente anónima que organiza los viajes, las mujeres acuden a China en verano, cuando los viajes al extranjero atraen menos atención. Esta situación podría explicar el descenso de abortos ilegales en Corea del Sur.
Entre tanto, mientras la Asamblea Nacional presenta las nuevas modificaciones, las mujeres continúan en vulnerabilidad. Por eso, Amnistía Internacional, a través de un comunicado, insistió en la necesidad de “reformar sin demora el Código Penal y garantizar el acceso a servicios de aborto seguro y legal. Las leyes, sumamente restrictivas y punitivas, deben modificarse para que la salud de las mujeres, las niñas y otras personas que puedan quedar embarazadas deje de correr peligro”.
