Tres crisis simultáneas resiente la administración de Enrique Peña Nieto: el fracaso de sus reformas estructurales, que no lograron detonar el crecimiento de México, anclado a una desaceleración que se amplía cada vez más; una grave inseguridad a nivel nacional que no ha sido frenada por la militarización de grandes zonas del país, en donde la represión a la población es inocultable; y una democracia que desfallece ante un proceso electoral plagado de inconsistencias, campañas negras y sucias, carente de propuestas y autoridades electorales cuestionadas de origen, y por sus propias actuaciones.
El crecimiento económico prometido no llegará este sexenio. Factores externos como la caída de los precios internacionales del petróleo y la reducción del crecimiento económico de Estados Unidos lo impiden, pero también factores internos como el pésimo manejo que ha hecho de la economía el gabinete a cargo de Luis Videgaray, quien ya reconoció que no habrá de mejorarse el mediocre crecimiento de las últimas dos décadas en el corto plazo. El “blindaje” de la economía mexicana, que tanto presume Peña Nieto, no impide la pérdida de dinamismo de las actividades productivas, por lo que la desaceleración domina el comportamiento de la inversión, la producción y el empleo en los meses por venir.
La volatilidad de los mercados financieros, el ajuste en el mercado petrolero, el nerviosismo de los capitales privados nacionales y extranjeros, la desaceleración de la economía estadounidense y la incertidumbre y cautela de inversionistas y consumidores, aumentaron los factores de riesgo para el desempeño de la economía en el corto plazo. Las propias cifras oficiales lo confirman: en el primer trimestre de 2015 la actividad económica y la producción fabril perdieron parte de la energía mostrada en trimestres previos. El avance de la economía respecto al trimestre anterior fue de sólo 0.4 por ciento.
Por otro lado, la militarización del país no ha logrado disminuir la inseguridad y la ola de violencia. Los ejemplos están a la vista de todos: las masacres o “enfrentamientos” en Villa Purificación, Jalisco; y Tanhuato y Apatzingán, Michoacán, con sus decenas de muertos, o la localización de fosas clandestinas en territorio guerrerense a raíz de la investigación por la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, no hacen sino cuestionar el papel que desempeñan las fuerzas armadas en labores que no les corresponden y que ni siquiera cuentan con un marco legal adecuado para su intervención.
La militarización es visible en municipios de Jalisco y Michoacán. Tropas militares sobrevuelan la zona y patrullan calles, carreteras y brechas, y plantan retenes. Los habitantes de los municipios de la frontera entre Jalisco y Michoacán viven en la zozobra, temen enfrentamientos entre cárteles de la droga y fuerzas armadas federales. Los familiares de los caídos buscan los cuerpos de sus seres queridos sin que obtengan información oficial sobre su paradero.
Más de once mil efectivos militares han sido desplegados en Jalisco para intentar detener a Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Los muertos en los operativos militares se acumulan por decenas. El número de víctimas fatales superaba la centena hasta el viernes pasado. La sicosis se extiende por los municipios de Villa Purificación, Casimiro Castillo, La Huerta, Cuautitlán de García Barragán.
Tanquetas, camiones pesados repletos de soldados, camionetas con metralletas empotradas en las cajas, sobrevuelo de helicópteros, muestran una zona en “estado de guerra”. Pero la inseguridad crece, los cárteles se vuelven más poderosos, y la población se encuentran entre dos fuegos. La violencia se extiende y la estrategia militar oficial actúa como gasolina y la prende.
Las matanzas se acumulan, como la del pasado viernes, en el municipio de Tanhuato, Michoacán, que dejó como saldo 42 civiles y un federal muerto. Es la matanza más grande que se recuerde en la historia de Michoacán, desde la Guerra Cristera. Los mandos castrenses están preocupados sólo por dejar claro que no hubo una sola ejecución, como se ha divulgado en investigaciones periodísticas independientes, en las que han declarado testigos que han pedido el anonimato ante los riesgos de la represalia militar.
Al igual que en el caso de la matanza de Tlatlaya, el comisionado nacional de la Policía Federal (PF), Enrique Galindo Ceballos, ha salido a los medios de comunicación a declarar que no hubo una sola ejecución en el enfrentamiento con presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación el pasado viernes, en el municipio de Tanhuato, Michoacán. Aclaró que el grupo criminal que se escondía en el rancho El Sol era de entre 60 0 70 personas, pero algunos lograron huir. Destaca que hubo detenidos y decomiso de armas.
Pero familiares de los presuntos delincuentes muertos han calificado de “masacre” lo ocurrido en el rancho y cuestionan la versión oficial, a partir de la desproporción entre el número de muertos entre uno y otro bando, y el hecho de que algunos cuerpos quedaron “irreconocibles”. El hecho recuerda el del pasado mes de junio, cuando 22 presuntos delincuentes murieron después de un tiroteo con el Ejército en la localidad de Tlatlaya, en el Estado de México. La primera versión oficial aseguraba que se había tratado de un enfrentamiento, pero investigaciones periodísticas dejaron al descubierto que varios habían sido asesinados por los soldados cuando ya se habían rendido. Siete militares están bajo proceso por al menos ocho muertes.
El presunto enfrentamiento ocurrió en la “franja de los narcos”, que comprende varios municipios como Zamora, Ecuandureo, Yurécuaro y Tanhuato, en donde son frecuentes los combates entre grupos del crimen organizado. Desde la organización de “Los Zetas” hasta el “Cártel Jalisco Nueva Generación” (CJNG), el municipio de Tanhuato ha servido como refugio de integrantes del crimen organizado que operan en Michoacán. Hoy es un territorio en disputa.
Fresca en la memoria también esta la matanza del pasado 6 de enero en Apatzingán, Michoacán, donde murieron al menos 16 civiles. En ella participaron policías federales y efectivos militares, de acuerdo a partes oficiales. En una clásica operación de pinza, policías y militares dispararon a un plantón de 70 rurales y autodefensas que armados sólo con palos, pernoctaban en el sitio. Fueron detenidas 44 personas y se aseguraron 13 armas largas, seis armas cortas y una granada de fragmentación, además de 18 vehículos.
Investigaciones periodísticas revelan que, de acuerdo con múltiples testigos, los policías federales dispararon contra civiles desarmados en dos eventos: el primero a las 02:30 horas en la plaza central de Apatzingán, y el segundo a las 07_45 horas en la avenida Constitución de esa ciudad. En ambos hechos, fueron ejecutados un número indeterminado de civiles desarmados.
A pesar del despliegue militar, de la ocupación por la fuerza de vastas zonas en varias entidades de la República, de los abusos y hasta de los crímenes de lesa humanidad, la violencia no cede, los índices delictivos no bajan y los cárteles de la droga siguen operando, reconfigurándose al caer sus líderes.
