Autor: Fabián Cuellar
@FCuellar3_0
Más de 200,000 hombres y mujeres pueblan las 450 cárceles que hay en México. La mayoría de los presos enfrenta condenas por robos simples: 25% por robos de menos de $1,000 pesos; 50% por menos de $6,000 pesos.
Más del 80% de los recursos que reciben los penales se destina a pagar sueldos de funcionarios y gastos fijos diversos. El presupuesto destinado a programas de rehabilitación social es prácticamente inexistente. Según Jorge Manrique, rector del Colegio de Juristas, el sistema penitenciario presenta un sobrecupo de 32%. De todos los presos, alrededor de 45% no ha recibido sentencia.
Esa cantidad de reclusos le cuesta al estado $4,400 mdp anuales, lo equivalente a $130 pesos diarios por individuo. Como comparativo, en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2013 se contempla destinar $1, 611.8 mdp al Fondo Nacional del Fomento al Turismo (FONATUR), $2,016.3 mdp para Transporte Ferroviario; $5,069.2 mdp que recibirá CONACULTA y $263.6 millones para la inclusión y atención de personas con discapacidad.
Casos como el de los presos durante las protestas del #1Dmx motivan a reflexionar sobre el sistema judicial, las deficiencias que permiten que a personas inocentes se les arrebate la libertad, que se les enjuicie y recluya por crímenes que no cometieron.
A pesar de los aspavientos con los que Felipe Calderón prometió la construcción de 8 cárceles federales en distintas regiones del país, es evidente la carencia de reformas en materia penal, además de la aplicación pobre de la justicia, desde los policías y ministerios públicos hasta los magistrados de la Suprema Corte de Justicia.
